Sánchez blindará a la Fiscalía cuando instruya: sus decisiones no podrán recurrirse como las de los jueces

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé que la Fiscalía tome las riendas de la fase de instrucción en causas penales como las que hoy afectan a su entorno familiar y político. Y dentro de esa reforma, el Ejecutivo socialista también incluirá un apartado para impedir que se presenten recursos contra decisiones del Ministerio Público que, actualmente, sí pueden interponerse contra los jueces.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este martes la aprobación en el seno del Gobierno de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha tildado de «histórica». En ella se modifica también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que otorgará el control sobre la instrucción, es decir, la primera fase en la que se investiga a un sospechoso de haber cometido un delito.

El político socialista trató de aclarar que el trabajo de los fiscales estará bajo la «tutela de un juez de garantías». Éste podrá «confirmar o revocar los decretos del fiscal». Por otro lado, un segundo magistrado «decidirá si se archiva, si va a juicio oral o si hay que practicar más pruebas» cuando termine la instrucción. Por último, un tercer juez «juzgará con todos los medios de prueba», como ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Limitaciones al recurso

Sin embargo, la realidad es que «no todas las resoluciones del fiscal serán recurribles», como el propio titular de Justicia admitió. Esto es «lo que pasa ahora», según detalló el propio Bolaños. «Nos lleva a investigaciones penales de casi 20 años», ha apuntado, en alusión al caso Gürtel. Y se queja de que, a pesar de la dilación del proceso, «20 de los 25 acusados reconozcan que efectivamente cometieron los delitos de los que se les acusa y pretendan una conformidad».

«Con este nuevo modelo, todas las decisiones del Fiscal no son recurribles», anunció Bolaños. «Sólo las que afectan a derechos fundamentales, medidas cautelares, restricción de derechos, interceptación de correspondencia, de mensajes o llamadas telefónicas», informó.

Es decir, que, en la práctica, el Ministerio Público podrá llevar adelante las investigaciones con menos obstáculos. En otras palabras, las partes verán reducidos los contrapoderes para vigilar la tarea de la Fiscalía. Todo ello, como argumenta el ministro de Justicia, con el objetivo de que «el proceso sea más ágil».

Actualmente, tal y como establece la ley, «contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja». Y, concretamente, el primero de ellos puede presentarse «contra todos los autos» del magistrado en la primera fase de la causa. Es decir, que las partes vienen gozando de más poder del que tendrán con la ley Bolaños para frenar decisiones que consideren contrarias a su derecho.

La instrucción, a los fiscales

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal retirará a los jueces el control de la instrucción de las causas. Y, si el Gobierno consigue aprobar la norma en el Parlamento, esta función recaería en la Fiscalía, un órgano que Sánchez aseguró que dependía del Gobierno.

Hasta ahora, en causas como la del hermano del presidente, David Sánchez, o en la de su esposa, Begoña Gómez, o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la investigación de cada caso la impulsaba un juez que instaba a la policía judicial, la UCO, a que indagase sobre las sospechas fundadas que había sobre cada uno de ellos.

En el futuro, de aprobarse esta reforma, sería el fiscal quien daría las órdenes a la Benemérita. Sin embargo, el propio Ministerio Público, hasta ahora, ha venido posicionándose en contra de que esos magistrados examinaran a los investigados del entorno del presidente. Esto, en la práctica, podría llevar a la extinción de las causas en la fase de instrucción. Es decir, que los casos morirían prácticamente al inicio de su investigación.

La nueva normativa llega en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Es decir, se presentó por primera vez hace unos meses en La Moncloa. Pasó por consulta pública, las asociaciones de jueces y fiscales mayoritarias criticaron la medida y, ahora, vuelve a aprobarse el texto por segunda vez con ligeros matices. Después, tendrá que pasar por el Congreso.

En el Parlamento, el Gobierno del PSOE y Sumar carece de mayoría suficiente para aprobar esta normativa. Y es que Junts, partido del ex presidente de la Generalitat prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, anunció este lunes que rompía con los socialistas. Por tanto, el Ejecutivo dejó sin mayoría parlamentaria para afrontar sus reformas legales y, en definitiva, también sin Presupuestos Generales del Estado.