Partido Popular: nevada de irresponsabilidades

Llegó el frío. Y con él, la nieve. Sorpresivamente, según parece. De nada sirvieron los avisos del anuncio del temporal que habían dado en todas partes: televisión, radio, prensa escrita e Internet. Ni siquiera los teléfonos de última generación que nos informan del grado arriba y del grado abajo. Nada. La nieve y el hielo pillaron en la carretera a miles de personas la noche del pasado sábado. Y cuando decimos noche nos referimos a toda la noche. Incluso más. Porque ha habido vehículos atrapados 17 horas. Sin agua, sin comida. Haciendo verdaderas cabriolas para no quedarse sin gasolina y poder mantener la calefacción encendida. El escándalo monumental viene por lo sucedido en la Autopista de Peaje 6: no hubo capacidad de reacción, y las horas sin respuesta ni ayuda a las familias atascadas fueron desproporcionadas.

Hace años fue Rajoy quien pidió la dimisión de la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por un asunto similar. No escatimó en chanzas ni en burlas para desprestigiarla. Le acusaba de no haber sido capaz de prever un temporal de similares consecuencias. No dudó en pedir su cabeza entonces. Por el momento no se ha oído una sola queja ni crítica por parte del Gobierno a su propia gestión. Sin embargo sí que se ha señalado en algún caso a los conductores, que según se ha hecho público, han sido incluso apercibidos y “regañados” por el servicio de emergencias (122) cuando han llamado para pedir socorro. Puede escucharse alguna conversación donde se le recrimina al conductor su irresponsabilidad por salir a la carretera con el temporal que había —en la llamada el conductor manifiesta llevar más de cuatro horas esperando atascado y le contestan que es muy probable que se quede así muchas más—. Inaudito tratar de responsabilizar a miles de personas que daban por hecho que, a pesar del temporal, las carreteras estarían preparadas para ello.

Tanto las públicas como las privadas. Sin embargo no ha sido así, y es por este motivo por lo que están empezando a exigirse responsabilidades desde distintas entidades y organismos. Entre ellos, el Defensor del Pueblo. La responsabilidad del Gobierno es incuestionable. A pesar de que estos lamentables hechos hayan acontecido en una carretera privada. El bienestar y la seguridad de todos debe estar garantizada. Y de lo contrario, el Gobierno debería replantear la concesión a la empresa que gestiona estas autopistas: Iberpistas, filial de Abertis. Que, por cierto, está en proceso de venta en estos momentos. Es justamente ahora cuando se cumplen los 50 años de concesión a la filial paralela creada por esta empresa, llamada Castellana de Autopistas, que incluía la explotación, mantenimiento y construcción de la AP61 y de la AP51 —conexiones con Segovia y Ávila—.

Resulta que al final se financian con dinero público porque tienen pérdidas y no son capaces de dar el más mínimo servicio esperable. El Gobierno presupuesta 2.000 millones para rescatarlas durante este año. Está pendiente resolverse la compensación que el Gobierno debe darle a la concesionaria de las autopistas por un litigio resuelto por el TJUE y que consiste en satisfacer el lucro cesante de siete años que se han restado a los acordados en el contrato inicial. Todos estamos atentos a lo que sucede: primero, por las tres mil personas que quedaron atrapadas el pasado fin de semana; segundo, por nosotros mismos, que tenemos que pagar la fiesta de estas carreteras.