El Observatorio económico de la UFV señala los desequilibrios de la economía española

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha emitido su informe de otoño, en este mes de diciembre de 2024, en el que señala los desequilibrios estructurales de la economía española, que afectan a su medio y largo plazo, más allá de la coyuntura.

Así, en el informe el Observatorio señala que la economía nacional ha presentado una aparente resistencia en el corto plazo, tal y como se desprende de los indicadores de actividad económica de la economía española. Así, en dicho corto plazo, el PIB crece con mayor intensidad que el de la media de la UE, al tiempo que el incremento del PIB nominal, derivado tanto del impacto inflacionista como de las revisiones extraordinarias del mismo que llevó a cabo el INE, reduce, por efecto denominador, el cociente de déficit y deuda sobre el PIB.

Todo ello, mejora en dicho corto plazo las previsiones de crecimiento, por efecto arrastre de las revisiones, y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, por efecto del cociente antes mencionado.

Sin embargo, la situación estructural de la economía española dista mucho de mejorar, pues, en realidad, empeora, debido a la composición del crecimiento español, que presenta una estructura insana; a la inseguridad jurídica creciente; al incremento de la presión confiscatoria, incluida la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social; al aumento permanente del gasto, que tensa el déficit estructural; a un intervencionismo del mercado laboral a través de la pretensión de reducción de la jornada laboral y del incremento del salario mínimo; y a un endeudamiento que sigue creciendo en valores absolutos.

Todo esto, dibuja un escenario estructural de la economía española que se vuelve muy complicado para el medio y largo plazo, siendo destacables los siguientes hechos:

1. El crecimiento de la economía española es insano, basado en el gasto público, que crece a lomos de una recaudación extraordinaria motivada por la inflación, pero que tiene una senda de próxima finalización en cuanto al aumento de los ingresos y que generará una presión sobre el déficit estructural.
2. Ese crecimiento del gasto está expulsando la inversión productiva privada, que es el elemento tractor que necesita toda economía para sostenerse por sí misma y no depender de la política de gasto público.
3. El déficit público constituye un verdadero problema derivado de lo anterior, mitigado en su cociente por el crecimiento del PIB nominal derivado de la inflación y de la revisión extraordinaria del PIB del año 2021 principalmente, pero creciente de manera estructural en valores absolutos.
4. Consecuencia de lo anterior, nos encontramos con una deuda pública que no deja de crecer, que supera los 1,6 billones de euros y que su financiación depende del respaldo implícito del BCE.
5. El sector exterior, el otro gran soporte del crecimiento español, da muestras de agotamiento, especialmente derivado de la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales y principales mercados emisores de turistas.
6. Eso provoca que el crecimiento español, además de ser cortoplacista, se impulsa, en gran parte por crecimiento de población, pero con pérdida de prosperidad, como muestra la evolución de PIB per cápita en paridad del poder de compra, donde España ha dejado de converger y ha retrocedido respecto de la media de la UE, quedando de nuevo por debajo del 90% de dicha media, volviendo a ser potencial receptor de fondos de convergencia a los que optan los países más pobres de la UE. De hecho, la convergencia lograda desde 1996, que hizo que España superase el 100% de la media comunitaria en 2003, aunque tuviese el impulso del efecto de la ampliación sobre la media, que rebajaba dicha media, mantenía una tendencia creciente sostenida hasta 2007, cuando se acabó la inercia de las políticas de los años anteriores. Desde entonces, se ha resentido dicho porcentaje del PIB per cápita en paridad del poder de compra, pero no había bajado del 90% nunca, con recuperación desde 2015 a 2018, momento en el que comienza a bajar, llegando al 82,5% en 2020, que denota que España gestionó peor la crisis del coronavirus que la media europea, y que ahora sigue por debajo del 90%, en el 88,7%, pese a las revisiones del PIB extraordinarias habidas en España, que al menos han impulsado el porcentaje hacia arriba en nueve décimas, al comparar datos antes y después de la revisión relativos a 2022.
7. Junto a ello, se instala en la política fiscal española una tributación confiscatoria, con poco efecto recaudatorio y más sensacionalista, que introduce inseguridad jurídica y que ahuyenta inversiones, como hemos visto con el impuesto a las energéticas y a la banca, donde las propias empresas energéticas ya amenazaron con llevarse las inversiones a otros países.
8. La subida del salario mínimo y la pretensión de reducir la jornada laboral incrementarán el coste de las empresas, expulsando, de nuevo, la inversión. Por su parte, el incremento de la indemnización por despido supone levantar una barrera a la contratación ante el potencial riesgo de incremento de costes que se conformarán para las empresas, que volverá a introducir rigidez en el mercado laboral, mermando las posibilidades de que los desempleados encuentren un puesto de trabajo, ya que la demanda de trabajo de las empresas se reducirá ante dicho riesgo.
9. De la misma manera, el mercado inmobiliario, tanto para alquiler como para venta, se tensa, debido a las leyes restrictivas aprobadas, que desincentivan la oferta, y a la falta de liberalización del suelo, que la constriñe. Todo ello, hace subir los precios.
10. Por otra parte, el gasto creciente en pensiones sigue sin atajarse con una verdadera reforma del sistema que garantice su viabilidad. La indexación de las pensiones al IPC y la subida de los tipos de cotización sólo suponen un agravamiento de los problemas del sistema, que incentiva el gasto en lugar de reducirlo.
11. La energía es otro tema que sigue sin resolverse, por la negativa actual de apostar, dentro de la composición energética, por la energía nuclear.
12. Por último, la pretensión de introducir un concierto económico para Cataluña, el llamado cupo catalán, sólo generará problemas presupuestarios adicionales al conjunto del resto de regiones de régimen común y a la Administración General del Estado.

Por todo ello, la actual política económica es una política generadora de desequilibrios estructurales que complican la evolución de la economía española en los próximos años. Dichas actuaciones antes resumidas deberían revertirse, limitando el gasto, que permita avanzar hacia el equilibrio presupuestario e incluso el superávit que nos lleve a alcanzar la reducción de la deuda pública en valores absolutos; bajando impuestos y cotizaciones, que dinamicen la economía; reduciendo el intervencionismo público, que permita que el mercado genere prosperidad, mediante el aumento de la productividad y competitividad; reformando las pensiones, que garantice su viabilidad; apostando por una política energética sensata, que compagine el cuidado medioambiental con la prosperidad económica; y dotando de seguridad jurídica al conjunto de la economía. Sólo así la economía nacional podrá crecer con fortaleza, más allá del corto plazo actual.