Detengamos la descomposición del Estado

Europa atraviesa momentos de peligro, la denominada “Guerra de Putin” ha desencadenado unos efectos que inciden directamente en la Península Europea y por consiguiente, a la existencia de la mismísima UE y a los estados que la componen. La soberanía vuelve a enseñorearse de las Relaciones Internacionales. El llamado Gobierno Sánchez, reactivo como siempre, no logra identificar la situación en que está España y las medidas que se toman por puro oportunismo político. A falta de capacidades técnicas, se colman con ideología. Todo esto no es casual, España va a remolque de Europa dada su inestabilidad institucional, y el timón de Europa responde de aquella manera.

En España a los 44 años de aprobarse por amplia mayoría una Constitución democrática, el modelo de Estado sigue sin cerrarse, lo que se ha traducido en una dinámica de descomposición. En un arrebato de originalidad se puso en práctica un modelo excepcional en el constitucionalismo comparado: se inventó el «estado de las autonomías».

Su materialización ha consistido en ir desposeyendo, paulatinamente y sin pausa al Estado de sus competencias, creando a la vez fronteras interiores basadas en exclusivismos artificiosamente magnificados y en diferentes niveles de bienestar. Los Estatutos de Autonomía se han convertido, en manos de los soberanistas, en instrumento de remodelación de sociedades en su devenir hacia la independencia. En las demás comunidades, se pugna por construir una personalidad diferenciada.

Las élites políticas españolas trasmitieron al pueblo que se había terminado con éxito la «transición política» y que todos nos habíamos convertido en «demócratas de toda la vida». Se había conseguido un hecho espectacular, lo que otras naciones habían tardado siglos en alcanzar, España lo había conseguido en una década prodigiosa. Se instaló en la opinión pública la certeza que era madura y estaba bien informada, que había una clase política experta y con sentido de estado, que funcionaba la separación de poderes.

España es el único país de Europa con un terrorismo propio, de carácter secesionista, donde sus miembros y simpatizantes están en las instituciones del Estado y reciben ayuda de los presupuestos públicos. Es el único país de la UE donde se ha consumado el delito de sedición. En España, se relativiza o se niega el concepto de nación, impulsado por un «status» de idiosincrasia política, que permite la puesta en manos de exiguas minorías independentistas, resortes políticos que cualquier estado con un mínimo sentido de la supervivencia no osaría considerar, ni tan siquiera en tono de broma. Ejemplo: la educación. Y, sobre todo, existe un hecho de enorme importancia social: el pueblo español actúa como si viviese en una democracia consolidada.

En España peligra la división de poderes, estando el Judicial acosado por el Ejecutivo y el Legislativo es mera extensión partidista. Es una grave patología democrática. De esta forma, el remedio a los males de España no es cuestión de tener un Gobierno de un color u otro. Lo que se necesita es una acción de Gobierno restaudadora del constitucionalismo.

Pero, ¿cuál es la causa real del problema? Es el incumplimiento continuo durante años del mandato constitucional. Se trata de un periodo de más de cuatro decenios, donde la “flexibilidad” constitucional es acuosa. ¿Por qué unas autonomías quieren la competencia penitenciaria?, ¿Es para sus nacionales?, ¿Por qué hay mesas de negociación bilaterales Gobierno-Cataluña para tratar temas constitucionales y no hay mesas para los demás?

El daño que durante esta legislatura se ha infringido al ámbito constitucional es enorme y difícilmente recuperable. La fuerza política que releve a la amalgama de individuos que dicen que forman el Gobierno, deberá tener la relación de “estropicios hechos por estos pésimos gobiernos progresistas” y disponer de un plan de urgencias para estabilizar el país y otro para la reconstrucción constitucional.

Desde hace años y por diversos círculos y personas de probada solvencia se viene advirtiendo que la política española lleva al Estado en una acelerada deriva, hacia ninguna parte. Puede decirse que no se ha analizado todo sobre los síntomas de la situación que vive España, lo que impide que tengamos un diagnóstico integral de la dolencia que la aflige. El problema que se plantea es qué debería hacer la sociedad española el día después de la implosión, no necesariamente violenta, en el que puede acabar el proceso de deriva que lleva el Estado.

En cualquier patología -y mucho más si se trata de una grave-, el contar con un diagnóstico adecuado es el inicio para la posible solución de la dolencia. El tratamiento elegido debe vencer el mal, pues de otra forma, entraríamos en el ámbito de la hechicería. Hasta ahora el paciente llamado España ha recibido los cuidados de brujos en vez de los de un sabio doctor, y la sociedad contempla entre extasiada y malhumorada, como se le intentan aplicar a los males que la afligen conjuros, sortilegios y otras bobadas sin sentido.

Si queremos rescatar a España de esta grave situación, tenemos que sacar cuanto antes al déspota e impostor de la Moncloa, y al mismo tiempo, tener perfectamente definida una hoja de ruta para reparar los daños causados por un constante desgobierno. Esto solo se conseguirá con un pacto de Estado entre los partidos que respeten la Constitución. A qué esperan señores!