Autonomía financiera frente armonización

La similitud entre los deseos del Gobierno y las recomendaciones del comité de expertos en materia de impuestos es como la de dos gotas de agua. No se entra en la posible contribución a la solidaridad de las regiones forales -que eso no implicaría acabar con su régimen foral recogido en la Constitución, sino sólo que cumpliesen con otro precepto constitucional, que es el de la solidaridad interregional-, y se propone una armonización de diversos impuestos, entre ellos, el Impuesto de Patrimonio, imponiendo unos mínimos en todas las regiones de régimen común, superando el carácter transitorio con el que fue suspendida en 2011 la exención del impuesto que impulsó Solbes en 2008. Ahora, quieren convertir la eliminación de dicha exención en algo permanente.

Junto a ello, parece que considerarán perjudicial para el resto de regiones la política tributaria de la Comunidad de Madrid, en línea con las acusaciones del Gobierno contra Madrid, a la que acusa de “dumping fiscal”.

La coincidencia es sorprendente, como lo son las dos dimisiones del comité de expertos, unida a la de la anterior Secretaria de Estado de Hacienda. Todo es extraño. En todo caso, si el Gobierno quiere imponer su criterio podría hacerlo dejando trabajar libremente al comité de expertos; basta con no aplicar lo que no le guste del informe. No es la primera vez que pasaría: los consejos se dan para ser evaluados y que el aconsejado tome la decisión final. No hay nada raro en no ejecutarlos. Lo que sería muy raro es que los consejeros siguiesen el consejo del aconsejado, cosa que parece que ha sucedido.

Aunque debido a la guerra de Ucrania este informe va a ser aparcado, la petición del mismo debe enmarcarse en el hecho de que el Gobierno del presidente Sánchez está empeñado en conseguir acabar con el espacio de tributos bajos que tiene la Comunidad de Madrid. No es que Madrid tenga unas competencias que no posean Extremadura, o Castilla-La Mancha o cualquier otra comunidad autónoma, o que no poseyese Andalucía cuando allí gobernaban los socialistas, con Montero como consejera de Hacienda varios años. Lo que pasa es que el Gobierno de la nación, con Montero al frente, ha emprendido una especie de cruzada contra las regiones que bajan los impuestos a los ciudadanos.

En lugar de copiar a Madrid y bajar impuestos para incentivar la actividad y, con ella, el empleo, quieren que Madrid los suba. En lugar de que se pueda competir fiscalmente y procurar la corresponsabilidad fiscal, quieren que Madrid los ponga al mismo nivel que el resto, para que a nadie le saquen los colores. Y en lugar de aplaudir dicha corresponsabilidad y solidaridad de Madrid con el resto de autonomías, se acusa a la región madrileña de competencia desleal en términos tributarios.

Con ello, parece que a la ministra Montero y a todo el Gobierno de Sánchez les gustaría que Madrid tuviese que aplicar un sistema casi confiscatorio, que es ni más ni menos que el sistema tributario que Montero tenía impuesto en Andalucía:

• Un IRPF casi cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid.
• Un Impuesto de Sucesiones confiscatorio hasta que tuvieron que suavizarlo para sacar adelante los presupuestos regionales, pero que seguía en tasas elevadísimas al sobrepasar el millón de euros, hasta la rebaja fiscal actual del PP.
• Un Impuesto de Donaciones igualmente confiscatorio, con tipos muy elevados.
• Un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuatro puntos superior al de Madrid.
• Un Impuesto de AJD que era el doble que el de Madrid.
• Un Impuesto de Patrimonio que llegaba a aplicar con los socialistas el 3% en Andalucía, frente a la completa exención en la Comunidad de Madrid.

Ése es el modelo que quiere imponer el Gobierno. Un modelo en el quieren gravar con fuerza las Sucesiones de personas que hayan trabajado duro y acumulado una vivienda en Madrid desde hace más de cincuenta años y unos ahorros conseguidos con esfuerzo a través de toda una vida laboral, con el agravante de que lo que ha permitido generar el hecho imponible habrá estado gravado antes hasta en dos ocasiones: por renta y por patrimonio.

Un modelo en el que quieren subir el impuesto de la renta a toda la clase media, que es la base sobre la que se sustenta la recaudación del impuesto.

Un modelo que querría gravar la compra de una vivienda de segunda mano cuatro puntos más, con un coste adicional de hasta 12.000 euros para una vivienda de 300.000 euros.

El modelo al que le gustaría elevar el coste de AJD -que aunque Sánchez haya hecho sujeto pasivo a los bancos, termina siendo repercutido a los clientes, con lo que la subida del impuesto también lo pagarían los ciudadanos- al doble que el coste que supone ahora.

Y un modelo que hará que los madrileños paguen impuesto de Patrimonio, que es arcaico e injusto, pues nació como impuesto de control y ha acabado siendo confiscatorio, para satisfacer a los independentistas catalanes, que no son capaces de gestionar adecuadamente, que es el motivo por el que cada vez pierden más contribuyentes, no porque Madrid sea desleal.

Con ello, tratará de impedir que los madrileños puedan seguir ahorrándose una importante parte en impuestos, que les ha permitido hasta ahora destinar a mayor consumo e inversión, que ha hecho posible, así, contar con un mayor crecimiento económico y empleo y, a través de este mayor crecimiento de Madrid poder ser más solidario con el resto de regiones. Por tanto, la medida es también contraproducente para el resto de CCAA, porque si se empobrece Madrid con una subida de impuestos obligada, se empobrecerá el resto al tener menos fondos Madrid para repartir con las demás.

Eso no tiene sentido: el modelo de Madrid funciona -ahí están todos los datos económicos y de empleo, que lo demuestran-. En lugar de obligar a Madrid a que suba los impuestos, deberían animar a las demás CCAA a que compitiesen con Madrid en mejores servicios, gasto eficiente e impuestos bajos. Es la base de la corresponsabilidad fiscal, pero parece que el Gobierno sólo quiere que las regiones utilicen su capacidad normativa tributaria en un sentido: el de subir impuestos.

Ante esto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un Proyecto de Ley de Autonomía Financiera que pretende reforzar la libertad de Madrid para bajar impuestos ante el asedio del Gobierno del presidente Sánchez, obsesionado en obligar a la región madrileña a subirlos, bajo ese señuelo que llaman “armonización”.

La autonomía financiera es un elemento necesario para que las CCAA puedan prestar los servicios -como sanidad, educación o servicios sociales- cuyas competencias tienen transferidas. Es más, en sentencia del Tribunal Constitucional (STC 179/1987, de 12 de noviembre), la autonomía financiera supone la propia determinación y ordenación de los ingresos y los gastos necesarios para el ejercicio de las competencias propias de cada región, de manera que la autonomía financiera tiene una doble vertiente: ingresos y gastos.

Por ello, defender la autonomía financiera es defender el poder decidir qué gravamen de impuestos se quiere para financiar la política de gasto que se decida llevar a cabo. Eso quiere decir que la autonomía financiera defiende la posibilidad de que las regiones puedan elegir bajar impuestos dentro de esa autonomía financiera, elemento que no sólo dinamiza la economía, sino que delimita, a la baja, el marco de gasto que va a poder ejecutar, al adecuarlo a los ingresos con los que se cuente.

De hecho, de no existir la autonomía financiera, habría siempre y en todos los lugares impuestos altos -que es lo que quiere imponer el Gobierno de la nación con su constitucionalmente muy discutida “armonización”, que nada tiene que ver con el precepto constitucional de coordinación- y el gasto se dispararía, pues habría incentivos perversos, en todos los lugares, para incrementarlo.

Por tanto, la autonomía financiera, tal y como recoge la Constitución, permite cuadrar el círculo: da libertad a la competencia fiscal, que no obliga a nadie, pero que permite bajar impuestos, y garantiza que dicha competencia sea positiva para todos los españoles, pues sólo se podrá llevar a cabo cumpliendo con la solidaridad regional que garantiza la Constitución y que se instrumenta a través de la LOFCA y del Sistema de Financiación Autonómica. Eso es con lo que el Gobierno de la nación parece que quiere acabar.