Podemos traga con la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que prometió cerrar cuando estaban en la oposición. Durante la crisis del coronavirus estas instalaciones cerraron sus puertas, pero ahora han vuelto a entrar en funcionamiento contraviniendo las promesas de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales.
Entre las bases del partido y entre los colectivos afines ha sentado ciertamente mal este nuevo sapo que tiene que tragarse Podemos. Aunque el partido morado trata de acallar las críticas desde algunos sectores se están movilizando para hacer campaña contra esta decisión política. No obstante, aunque cuando el PP estaba en el Gobierno central, las manifestaciones a las puertas de los CIE para reclamar su cierre eran constantes, ahora los partidos de izquierda sufren una menor contestación en las calles por este asunto.
«Es cinismo puro. El gobierno reabre todos los CIE para reactivar las deportaciones masivas», lamentan desde el colectivo Poder Migrante. En especial, afean al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, sus declaraciones este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre que «los CIE son necesarios ya que son el único medio para garantizar y materializar el retorno de migrantes».
«Los CIE son necesarios»
El secretario de Estado ha defendido que el llamado «modelo español» funciona y lo «avala» las cifras de los últimos años, recoge Europa Press. Así mismo, ha subrayado que es necesaria la colaboración con terceros países para trabajar en el retorno, en sus dos versiones, voluntaria y forzosa.
«Comprendo que no estén de acuerdo y piensen que deben estar cerrados, pero los entendemos necesarios para esta política de retorno», ha afirmado el alto cargo del Ministerio del Interior a partidos críticos con la reapertura. Traicionando el discurso que llevó a Podemos al poder, Rafael Pérez defende el sistema de los CIE para que sean «un sólo un pasillo de retorno seguro» para los inmigrantes. Agrega que las políticas migratorias del Gobierno parten «desde un enfoque preventivo» y, por tanto, en «una política basada en los principios de asociación, solidaridad y responsabilidad compartida entre los países de origen, de tránsito y de destino». Buenas palabras que no contentan a los colectivos de inmigrantes que sí creyeron en las promesas de Podemos.
«Estas cárceles ya se están usando para encerrar a personas migrantes a pesar de provenir de países en guerra. Ahora, en plena segunda ola de Covid-19, el Gobierno está en total disposición de volver a retomar esta política de retorno», lamentan los colectivos de inmigrantes.
Promesa incumplida
El grupo parlamentario Podemos registró en 2016 una proposición no de Ley en el Congreso para cerrar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros porque consideraban que son “una crueldad y una infamia” y que vulneran “con brutalidad” los derechos humanos de los extranjeros internados.
Aseguraban que la mera existencia de estos centros que privan de libertad a los extranjeros vulneraba los Derechos Humanos: “Por mucha mejora que se haga, seguirán siendo Centros de Internamiento que, como se ha demostrado, son injustificables desde una lógica de derechos humanos, moral y también desde una lógica jurídica, e incluso económica”, afirmó entonces Ione Belarra, hoy secretaria de Estado de Agenda 2030. Indicaban que en España hay siete CIE y “no es en absoluto obligatorio que el Estado español interne a las personas extranjeras para su expulsión o cuente con ningún centro con este régimen de privación de libertad”. Sostenían entonces que los datos cuestionaban que el internamiento era una vía eficaz para el objetivo deportación.
Contra Marlaska
Aunque desde el Consejo de Ministros, el responsable de Derechos Sociales no ha logrado imponer sus tesis, eurodiputados de Podemos han suscrito recientemente una carta pública para exigir al ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, el cierre de los CIE.
A iniciativa del europarlmentario Miguel Urbán (ex de Podemos, ahora de Anticapitalistas), en julio se trasladó a Marlaska la necesidad de no reabrir los CIE que entonces estaban vacíos por la pandemia del Covid-19. Recogían las denuncias realizadas sobre estos centros por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y de varias ONG sobre la falta o escaso seguimiento de protocolos de asistencia psicológica, sanitaria, prevención de suicidio o dotación de ropa en los CIE.
«No transigiremos»
La posición de los firmantes, decían, es «clara». «Ningún país democrático debería permitir la existencia y funcionamiento de estos centros para personas que no han cometido delitos penales. No transigiremos contra prácticas institucionales racistas ya normalizadas en todo el Estado», suscribían 14 europarlamentarios, entre ellos, dos de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop e Idoia Villanueva.
