Política migratoria

Podemos presiona al PSOE para que regularice a los 600.000 inmigrantes ilegales

Pablo Iglesias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

La política migratoria es un tema sensible para los socios de la coalición PSOE-Podemos. El partido de Pablo Iglesias no desiste tras el rechazo de los socialistas a su iniciativa para una regularización masiva de inmigrantes irregulares, una cuestión que provoca diferencias con sus socios socialistas de Gobierno. La formación hace de altavoz a la campaña #regularizacionya. El portavoz, Pablo Echenique, ha compartido un vídeo en el que se comparan las medidas frente al coronavirus y la situación de los irregulares y se pregunta: «¿Lávate las manos?».

Hace unas semanas, Podemos se unió a ERC, Bildu, Más País, Compromís y BNG -partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez- además de la CUP y Junts per Catalunya para promover una regularización masiva de inmigrantes.

La iniciativa, presentada en el Congreso de los Diputados en forma de Proposición No de Ley, reclama al Gobierno «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación».

Las formaciones instan a conceder autorizaciones masivas: «Se concederán las autorizaciones que se hubieren solicitado en aplicación de la normativa de extranjería en vigor en el momento de la solicitud hasta la declaración del Estado de Alarma. En el caso de las solicitudes de residencia que no contemplaran un permiso de trabajo, éste se concederá de todos modos«, «Incluso a partir de los 16 años con autorización del representante legal o del familiar del o la menor».

En todos estos casos, dice la iniciativa, se asignará número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática y de oficio junto con la concesión del permiso de residencia y trabajo.

Los partidos piden que se conceda inicialmente un permiso temporal por un periodo de 5 años, que autorizará a la residencia y al trabajo, por cuenta ajena y propia, sin ningún tipo de limitación, ni territorial ni sectorial.

Los únicos requisitos para la concesión de este permiso serán que el solicitante acredite su identidad y que reside en España, al menos, desde el 14 de marzo de 2020 mediante cualquier documento acreditativo de su estancia en el territorio anterior a esa fecha.

En otro punto se reclama «flexibilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, incluido el derecho a la salud». O «conceder los permisos de residencia y trabajo a las personas menores de edad de 16 a 18 años residentes en España pero que no son tuteladas por la administración».

Señalan además que «es necesario promover el empadronamiento de las personas que no disponen de domicilio fijo o de pruebas documentales ordinarias de la dirección en la que residen a través de los servicios sociales, garantizando su acceso a todas las personas».

En este sentido, «se modificará la normativa para aceptar como válido para la determinación de la identidad y nacionalidad, cualquier documento con validez en el país de origen o residencia que contenga los datos suficientes para establecerlas».

Podemos pide también el cierre «definitivo» y «sin alternativas» de los CIE «y el archivo de los expedientes de devolución y expulsión en trámite». También reclama «poner fin a las devoluciones en caliente y/o exprés» o
«la práctica de parada, identificación y/o detención basada en la identificación por perfil étnico racial, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El PSOE lo rechaza 

Sin embargo, los socialistas rechazan la regularización urgente que pide Podemos.

La primera en pronunciarse fue la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien aseguró que «no se ha producido un debate sobre esa regularización». Varios ministros se han expresado también en contra.

En una reciente respuesta parlamentaria, en el Senado, el Gobierno rechaza también de plano esa posibilidad.

Argumenta que «la posibilidad de impulsar un procedimiento de regularización de todas las personas que se encuentran en situación irregular administrativa en el país (lo que se conocería como un proceso de regularización masiva) no es posible en el ámbito de la Unión Europea».

No obstante, señala también que «el que no se pueda efectuar un proceso de regularización masiva no impide que puedan concederse autorizaciones de residencia, caso a caso, por razones humanitarias».

En este sentido, destaca que «la normativa de extranjería ya incluye estos supuestos, fundamentalmente, a través de la figura del arraigo», proponiendo «otro tipo de autorizaciones por circunstancias excepcionales o modificar los requisitos exigidos para el arraigo».

«Las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del estado de alarma, cuya resolución es favorable y no requiere de la subsanación de ningún documento, serán resueltas, y se suspenden los procedimientos de solicitudes, tanto en expedientes iniciales como en renovaciones, presentadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que vayan a ser denegados o archivados», señalaba también el Ejecutivo en su respuesta.

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