Varapalo judicial al PSOE y Más Madrid: archivada la investigación contra Ana Millán, diputada de Ayuso

La Sección Civil y de Instrucción número 6 del Tribunal de Instancia de Navalcarnero ha dado este martes un varapalo judicial al PSOE y a Más Madrid al archivar la causa abierta contra la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y diputada de Ayuso, Ana Millán, en la que se investigaban presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos municipales.

Así se recoge en un auto en el que la juez decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La resolución no es firme y puede ser recurrida mediante reforma o apelación.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, la magistrada considera que procede el archivo respecto a Millán y al empresario Francisco Roselló al «no haberse acreditado» la comisión de los delitos que motivaron la investigación. En concreto, el auto señala que, tras las diligencias practicadas, «no existen indicios suficientes» de delitos como prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias o fraude contra la Administración.

«De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública», recoge la resolución.

Asimismo, la juez concluye que no hay pruebas de Millán utilizase su posición para favorecer la contratación de su pareja o de su hermana, ni de que estas personas recibieran trato de favor o se beneficiaran por su condición de cargo público.

La investigación contra la ex alcaldesa de Arroyomolinos se inició a raíz de denuncias sobre posibles irregularidades en adjudicaciones municipales a empresas vinculadas a Roselló entre 2005 y 2011, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe apuntaba a la adjudicación de nueve contratos (siete mayores y dos menores) por parte del Ayuntamiento.

No obstante, la Fiscalía ha concluído en que no se ha podido demostrar que Millán recibiera pagos del empresario por su actividad como concejal ni que existiera relación entre esos supuestos ingresos y el ejercicio de su cargo. En este sentido, la investigada habría justificado la mayor parte de los ingresos en efectivo detectados en sus cuentas, incluidos los 42.650 euros señalados en el informe policial entre 2008 y 2014.

Según ha asegurado la fiscal, las sospechas se basaban principalmente en la «coincidencia temporal» entre dichos ingresos y pagos realizados por empresas de Roselló a personas de su entorno. Sin embargo, estas cantidades corresponderían a trabajos efectivamente realizados o a operaciones como el alquiler con opción a compra de un inmueble, sin que se haya podido acreditar influencia alguna de Millán en favor de esas empresas ni trato de privilegio derivado de su cargo en el Ayuntamiento.