Caso Cursach

Un empresario se querella contra el ‘socio’ de Cursach por extorsión y organización criminal

Cursach
Bartolomé Cursach y Miguel Pascual.

El empresario Bruno da Silva ha presentado una querella por delitos de extorsión y organización criminal contra el conocido como la ‘sombra’ de Bartolomé Cursach, Miguel Pascual; un hijo de éste que ahora se encuentra al frente de los negocios de su padre, Onofre Pascual, y contra el policía local Gabriel Torres, acusado de haber estado «a sueldo» de empresarios para perjudicar a sus competidores.

Pascual era competencia eterna de Bartolomé Cursach, siempre enfrentados, siempre condenado a llegar a acuerdos. Nunca se vieron ni se trataron como enemigos. Se aliaron repartiéndose todo el pastel entre ellos dos y con un sólo objetivo: que no entrarse nadie más. Para ello, utilizaron métodos mafiosos y sobornaron a agentes de policía local de Palma de Mallorca que se encargaron de realizar inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta asfixiarlos a cambio de dádivas que superaban incluso el sueldo del funcionario. Así lo explica la Fiscalía Anticorrupción en el escrito de acusación contra el tándem Cursach-Pascual en la pieza principal que está a punto de ser juzgada.

Un empresario se querella contra el ‘socio’ de Cursach por extorsión y organización criminal
Miguel Pascual a su llegada a la Audiencia de Palma.

Bruno es uno de los empresarios damnificados en esta ‘guerra’ de poderes. El denunciante, según relata en su querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, decidió montar un local de ocio. Pero, el capo de la noche (Miguel Pascual) consideró que el logotipo (diseño identificativo de la empresa) podía resultar similar a uno de los utilizados en sus múltiples negocios.

Por ello, Onofre Pascual –hijo de Miguel Pascual– concertó una reunión con el empresario Da Silva para negociar un cambio de imagen del isotipo y evitar confusiones entre ambos locales. La familia Pascual creía que la afluencia de clientes en el local de Da Silva se debía a una confusión por parte de los consumidores debido al parecido de las imágenes representativas de ambos locales. A golpe de talonario convencieron al empresario a que rediseñase el imagotipo de su empresa

Sin embargo, con el tiempo se percataron de que los clientes continuaban visitando el local de Bruno da Silva. La familia Pascual quiso ir un paso más allá y negoció el traspaso del negocio. Durante meses se reunieron para cerrar el acuerdo. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Bruno solicitaba un 1.000.000 euros para traspasarle en local. En realidad, este empresario no estaba interesado en dejar el negocio, a no ser que recibiese una oferta muy apetitosa. El local le generaba un gran beneficio que con el tiempo iba creciendo y cada vez contaba con más clientes fijos.

Visita de la policía local

Onofre Pascual decidió dejar las negociaciones en stand by y un tiempo después «Bruno comenzó a recibir visitas diarias y constantes de la Patrulla Verde (unidad específica de la Policia Local de Palma de lucha contra el medio ambiente y, sobre todo, contra la contaminación acústica). Esta brigada, dirigida por aquel entonces por el oficial Torres, realizó inspecciones y mediciones de sonido rutinarias todos los días en las horas de mayor afluencia de clientela del negocio de mi mandante y, sobre todo, durante los meses de temporada alta. El efecto provocado por las continuas inspecciones era claro: como cabía esperar, la clientela huía espantada del local, lo que conllevaba enormes pérdidas diarias, así como también una disminución progresiva en la fidelización de cartera de clientes», según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

El empresario se vio abocado a cerrar el negocio debido a las innumerables multas impuestas por este policía local o agentes a su cargo. Estos hechos ocurrieron en 2013, en aquel momento, según le comunicaron a Da Silva cuando fue a denunciar a dicha brigada, le informaron que ya estaban investigando a esta patrulla por varios delitos, por lo que decidió no interponer la correspondiente denuncia.

Ahora el oficial de la unidad de patrulla verde de la Policía Local de Palma, Gabriel Torres, está siendo investigado en las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma donde se instruye el ‘caso Cursach’. Por esta razón, el denunciante ha decidido emprender ahora acciones legales contra un hecho ocurrido en el pasado y reclama que se investigue a los denunciados por delito de extorsión y organización criminal.

Un empresario se querella contra el ‘socio’ de Cursach por extorsión y organización criminal
Cursach (derecha) es conducido por la Policía hasta los Juzgados de Palma (Foto: Cati Cladera/EFE).

Delito de prostitución

Miguel Pascual fue el primer empresario implicado en la trama de corrupción de la Policía Local de Palma. En febrero de 2015, dos años antes que Bartolomé Cursach, fue detenido por pagar a policías a cambio de protección para sus locales con servicios de todo tipo. En esta operación también se arrestó por primera vez a agentes de la Policía Local. Pascual salió de prisión un tiempo después tras abonar una fianza de 125.000 euros.

Al mismo tiempo fue investigado por prostitución después de que varias testigos protegidas declararon que se les obligaba a ejercer la prostitución. La Fiscalía pedía para él 28 años de prisión. Sin embargo, fue absuelto en el juicio porque las testigos decidieron repentinamente no declarar pese a que en la etapa de instrucción del proceso judicial sí lo habían hecho.

El oficial Gabriel Torres está procesado en la pieza principal del Caso Cursach. La Fiscalía, en su escrito de acusación, asegura que «el oficial de la unidad de patrulla verde de la Policía Local de Palma, se puso de común acuerdo con Bartolomé Capó, que era subinspector y responsable directo de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, para favorecer al grupo empresarial Cursach Ocio. Así estos dos les ordenaban a sus agentes al cargo de manera verbal los establecimientos que debían y los que no debían ser inspeccionados. Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas, al tiempo que ocasionaba perjuicios económicos a diversos empresarios».

El Ministerio Público le acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, cohecho, omisión del deber a perseguir delitos, coacciones y revelación de secretos.

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