El ‘capo’ Tolo Cursach compró a políticos y policías con sobornos y servicios sexuales de prostitutas

El empresario Bartolomé (Tolo) Cursach Mas ha reinado en la noche mallorquina durante cerca de 20 años, hasta que el juez ordenó su ingreso en prisión en marzo de 2017, acusado de organización criminal, homicidio, narcotráfico, extorsión, coacciones, prevaricación, cohecho y un largo rosario de delitos.

Como los buenos capos de la mafia, desde prisión siguió manejando sus negocios a través de personas interpuestas. Las discotecas (Tito’s y Pachá en el Paseo Marítimo de Palma y BCM en Calvià) son sólo el buque insignia de un imperio que incluye hoteles y restaurantes y el gimnasio Mega Sport de Palma. Durante varios años fue además el presidente y máximo accionista del Real Mallorca, a cuyo palco acudían los más relevantes políticos de Baleares.

Según la investigación judicial, Tolo Cursach no eludió ningún método para levantar este imperio: mediante sobornos (que en algunos casos incluían favores sexuales de prostitutas) tenía comprados a políticos de varios partidos, periodistas, mandos y agentes de la Policía Local de Palma y Calvià, así como funcionarios de ambos Ayuntamientos y de la Conselleria de Turismo del Govern balear. Sus prácticas contaban además con la complicidad de profesionales del mayor grupo de comunicación de las Islas, el Grupo Serra, propietario de cinco periódicos, varias revistas y una productora de televisión.

Ni siquiera su paso por la cárcel (quedó en libertad bajo fianza de un millón de euros en abril de 2018) ha logrado recortar su poder. Según las investigaciones, sus matones propinaron palizas a varios testigos protegidos de la causa para acallarles. Organizó varias manifestaciones contra el juez y el fiscal que le habían enviado a prisión, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, y finalmente logró apartarles de la causa mediante una oscura maniobra.

El ‘pelotazo’ de Pachá

Tolo Cursach tenía a su servicio a varios mandos y decenas de agentes de la Policía Local de Palma y Calvià. Mediante sobornos, lograba que hicieran la vista gorda ante las irregularidades de sus establecimientos, mientras se dedicaban a hacerle la vida imposible a los empresarios de la competencia.

Siguiendo estas órdenes, la Policía sometía a continuos registros e inspecciones a otros restaurantes y locales de ocio nocturno. Los agentes se presentaban, hasta tres veces a la semana, en un local de la competencia: desalojaban a todos los clientes en medio de la cena, o bien les sometían a un agresivo registro.

A veces la excusa de la operación era la búsqueda de droga. Si no aparecía, algún agente se ocupaba de colocarla detrás del mostrador. Mientras se producía la redada, aparecía siempre algún periodista del Grupo Serra para hacer fotos y dar publicidad a la operación policial. Los clientes nunca volvían a pisar el local.

Con estos métodos, Tolo Cursach logró que el anterior propietario de la discoteca Pachá le vendiera su establecimiento por 600.000 euros.  Una cifra ridícula, dado que se trata probablemente del local de ocio más rentable de la isla. El Ayuntamiento de Palma negó durante 15 años la licencia de actividad a los antiguos propietarios de Pachá. Tan sólo cuatro semanas después de que Cursach comprara la discoteca, el Ayuntamiento le concedió la licencia que había denegado, durante 15 años, al anterior propietario.

Sus discotecas, sin licencia

Mientras tanto, nadie se ocupaba de inspeccionar los locales del Grupo Cursach Ocio, que incumplían sistemáticamente los  límites del aforo y vulneraban las normativas urbanísticas. Cursach realizó obras de reforma en la discoteca Tito’s sin licencia. El Ayuntamiento de Palma le denegó la ampliación de aforo, pero esta orden fue papel mojado.

En el Arenal de Palma construyó el complejo Mega Park, una discoteca al aire libre que imitaba la arquitectura de una abadía gótica, y la explotó durante varios años sin licencia de actividad. En cuanto a la discoteca BCM de Calvià, frecuentada por el turismo británico de Magaluf, su licencia de actividad era nula de pleno derecho, pues  la licencia de obras había sido denegada por el área de Urbanismo.

Otra sombra planeó siempre sobre la figura de Tolo Cursach: la droga circulaba libremente por sus locales de ocio, al parecer sin despertar sospechas de la Policía. Uno de los hombres de su máxima confianza decidió dar el paso de hablar ante el juez y convertirse en testigo protegido. Poco después, fue hallado muerto de una sobredosis de heroína en una finca del empresario. El juez Penalva investigó si Cursach había ordenado suministrarle la droga para eliminar a un testigo demasiado peligroso.

El urbanismo se convirtió en otro negocio muy rentable para el mafioso Cursach, quien compró por 13,5 millones de euros la finca Son Cabrer, situada a las afueras de Palma, al saber que el presidente Jaume Matas tenía previsto construir en la zona el nuevo hospital de referencias de Baleares, Son Espases. Este pelotazo urbanístico quedó finalmente frustrado.

Bajo la dirección de Eduardo Inda, el diario El Mundo/El Día de Baleares denunció las múltiples irregularidades y las prácticas mafiosas de los establecimientos del Grupo Cursach. La respuesta del empresario fue contratar por más de medio millón de euros al comisario José Villarejo (hoy en prisión) para investigar al periodista e intentar acallar sus informaciones.