El juez Manuel Penalva mantiene en prisión al principal empresario discotequero de Mallorca, Tolo Cursach, acusado de sobornar a decenas de agentes de la Policía Local, mandos policiales y políticos con regalos, dinero y favores sexuales de prostitutas.
De este modo, Cursach lograba que la Policía Local de Palma y Calvià protegiera sus negocios nocturnos, mientras hundía a las empresas de la competencia mediante constantes multas e inspecciones. Paralelamente, según se desprende de las páginas del sumario de la Operación Sancus, periodistas del Grupo Serra, propiedad del editor Pedro Serra, desacreditaban a las establecimientos que hacían la competencia al empresario discotequero.
Recluido en prisión desde el pasado mes de marzo, Tolo Cursach es propietario de las discotecas Pachá y Tito’s del Paseo Marítimo de Palma, la discoteca BCM de Calvià, el complejo Megapark del Arenal y el gimnasio MegaSport, entre otros negocios.
Uno de los testigos de la causa ha declarado ante el juez que, durante los diez años que trabajó para Tolo Cursach en la discoteca Tito’s, el establecimiento nunca recibió ni una sola inspección de la Policía Local de Palma ni de la llamada Patrulla Verde de este municipio.
«Espectáculos porno para menores»
Los problemas para este testigo comenzaron cuando decidió montar su propio local en el Arenal de Palma, que hacía la competencia al complejo Megapark de Cursach. Según ha relatado ante el juez Penalva, la Policía Local comenzó a hacer acto de presencia «a diario» en su restaurante –que abría las puertas hasta la madrugada con una licencia de café concierto– para intimidar a sus clientes.
Según su testimonio, los agentes se ponían «de plantón frente al local vestidos de uniforme, lo que incomodaba a los clientes y se marchaban», o bien entraban en el restaurante y se ponían a contar comensales, como si quisieran comprobar el aforo. Los turistas que habían acudido a cenar optaban por no volver, para evitarse problemas con la Policía.
En otra ocasión, llegaron al restaurante 40 policías armados, a bordo de tres furgones, y anunciaron que estaban realizando una redada en busca de un alijo de ocho kilos de cocaína. Los clientes permanecieron retenidos durante dos horas y media y fueron cacheados por los agentes, que obligaron a todos los empleados a desnudarse.
Al concluir la inspección, los agentes levantaron un acta en la que sólo pudieron hacer constar que en el local había una menor, de 17 años, acompañada de sus padres. El dueño del restaurante pudo comprobar que los policías habían llegado acompañados por varios periodistas del diario Última Hora (propiedad del editor Pedro Serra), que al día siguiente publicó la noticia afirmando que «en el Arenal había un local que daba espectáculos porno para menores».
«Eran cuchillos para partir limones»
Tras estos hechos, el Ayuntamiento de Palma clausuró el restaurante durante tres meses, haciéndole perder el negocio de toda la temporada turística. Tras registrar unas pérdidas de 200.000 euros, el empresario optó por vender el local. El capo de la noche mallorquina Tolo Cursach, hoy en prisión, había logrado su objetivo tras esta campaña de coacciones, en la que participaron tanto mandos policiales como periodistas.
Pero su competidor cometió el error de abrir un nuevo negocio, una local en la Plaza del Vapor, que de nuevo comenzó a robar clientes a las discotecas Tito’s y Pachá de Tolo Cursach. Según su declaración ante el juez Penalva, una noche acudieron al establecimiento 30 policías locales (a bordo de tres furgones, dos coches patrulla y varias motos), que sacaron a la calle a todos los clientes, cacheándolos e identificándolos uno a uno.
A continuación, los agentes comenzaron a desmontar los falsos techos del local y registraron incluso el interior de las cámaras frigoríficas. Sólo encontraron una colilla de Malboro, a un palmo de la entrada de acceso: multaron al empresario con 6.000 euros por permisividad con el consumo de tabaco.
También en este caso, varios periodistas del diario Última Hora habían acudido a la redada, empotrados entre los agentes de Policía Local. Al día siguiente, el diario de Pedro Serra publicó que se había realizado una redada en un local de Palma, en la que la Policía había intervenido varias armas blancas. Lo cierto es que los agentes sólo habían encontrado tras la barra varios «cuchillos para partir limones», tal como consta en el sumario.
Coacciones para vender Pachá
Mientras perseguía de este modo a los empresarios de la competencia, el Ayuntamiento de Palma favorecía a los establecimientos de Tolo Cursach, colocando ante sus puertas las paradas de taxi y aparcamientos de autobuses. Su discoteca Tito’s tenía un aforo de 780 personas, pero habitualmente superaba las 2.000 sin que nunca mediara ninguna sanción.
El Ayuntamiento de Palma negó durante 15 años la licencia de actividad a los antiguos propietarios de la discoteca Pachá. Uno de ellos ha relatado ante el juez que, ante las constantes coacciones que sufría por parte de la Policía Local, finalmente accedió a vender la discoteca a Tolo Cursach por 100 millones de pesetas de la época. Una cifra ridícula, dado que se trata del local de ocio más rentable de la isla.
Tan sólo cuatro semanas después de esta transacción, el Ayuntamiento concedió a Cursach la licencia que había negado, durante 15 años, a los anteriores propietarios. Entre los imputados en la causa se encuentran el ex delegado del Gobierno en Baleares José María Rodríguez y el diputado regional del PP Álvaro Gijón. Una testigo protegido sostiene que Cursach les pagaba orgías con prostitutas y chaperos de lujo, para garantizar la protección a sus negocios.
