Los emisarios de Zapatero a Josu Ternera: “Nos tenemos que ayudar, estamos en el mismo barco»

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero realizó el 29 de junio de 2006 una declaración institucional, en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, en la que anunció oficialmente el inicio de la negociación con ETA, después de que la banda decretara un «alto el fuego permanente».

Cada palabra de aquel discurso de Zapatero había sido pactada previamente por los emisarios de su Gobierno (Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares) y los miembros de la delegación de ETA (encabezada por Josu Ternera) en las conversaciones secretas que se desarrollaban desde el verano de 2005 con la mediación del Centro Henri Dunat de Suiza.

Zapatero había llegado a La Moncloa en marzo de 2004, tras los atentados del 11-M, y apenas unos días después recibió una «carta secreta» en la que la dirección de ETA le comunicaba su disposición a negociar para poner fin a la violencia.

En julio de 2005 se desarrolló la primera ronda de contactos, en la que ambas partes acordaron que la negociación se desarrollaría en una doble vía: por un lado, una mesa entre los representantes del Gobierno y ETA, y en una segunda fase una «mesa de partidos» entre el PSOE y Batasuna. Los emisarios de Zapatero acordaron que determinadas cláusulas de la negociación (como la anexión de Navarra al País Vasco) se incluyeran en un «anexo» secreto, que nunca se haría público: se depositaría una única copia en una caja de seguridad de un banco en Suiza.

«Es un comunicado jodido para nosotros»

Los negociadores volvieron a reunirse, durante varios días, en noviembre de 2005. Esta vez centraron su labor en consensuar la declaración de «alto el fuego» que anunciaría ETA y el discurso que Zapatero pronunciaría meses después para hacer público el inicio de las negociaciones.

Los portavoces de la banda terrorista sólo estaban dispuestos a anunciar una «suspensión general de las acciones armadas». Uno de los emisarios del Gobierno consideró insuficiente el borrador de la declaración presentado por la banda: «Es un comunicado jodido para nosotros, no plantea ni siquiera el término indefinido en cuanto al alto el fuego. No tiene carácter novedoso, esperábamos otra cosa. AVT y PP tienen el camino fácil para entrar a saco», añadió dejando claro que al Gobierno de Zapatero le preocupaban especialmente las repercusiones políticas del proceso abierto.

«Es que tenéis una opinión pública drogada, y eso no se arregla de la noche a la mañana», replicó uno de los miembros de la delegación de ETA encabezada por Josu Ternera, según consta en las actas que ya están en poder de la Audiencia Nacional.

ETA aceptó seguir adelante con las conversaciones, pero exigió tres condiciones al Gobierno: «La disminución palpable de la presencia policial [en el País Vasco], aceptar de facto que Batasuna [que había sido ilegalizada por la Ley de Partidos] y otras organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política (…) y no realizar detenciones por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas».

«Todo esto tiene un precio político»

A cambio, la banda terrorista adquirió tres compromisos: «No realizar acciones contras las personas y bienes de propiedad pública o privada, no llevar a cabo una estrategia de impuesto revolucionario [es decir, de extorsión a los empresarios] y no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos y/o material para su fabricación».

Los contactos secretos continuaron hasta el mes de junio de 2006, cuando Zapatero realizó su solemne declaración en el vestíbulo del Congreso sobre el denominado «proceso de paz». Las reuniones se interrumpieron durante aquel verano y, cuando los emisarios de ambas partes volvieron a sentarse el 26 de septiembre de 2006, constataron que el proceso estaba al borde de la ruptura, debido a los numerosos incumplimientos de los pactos alcanzados.

A Josu Ternera le había irritado especialmente la declaración de Zapatero, pues tras pronunciar las palabras pactadas había añadido una coletilla que no estaba prevista en el guión: «La democracia no pagará ningún precio político por la paz».

«Habéis organizado un bombardeo increíble con el tema de la Constitución, con la derrota de ETA, con lo de que no habrá un precio político… todo eso que estáis haciendo tiene un precio político», advirtió airado Josu Ternera ante sus interlocutores, Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares, «estáis planteando la resolución del conflicto desde un punto de vista electoral, en clave de rentabilidad», añadió.

El PSOE presionó al Constitucional

Los emisarios del Gobierno intentaron calmar los ánimos: “Nos tenemos que ayudar, estamos en el mismo barco», llegó a decir uno de ellos, según consta en las actas de la negociación. Ambas partes se acusaron de haber incumplido lo pactado. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska había dinamitado la negociación al poner en marcha una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, que la banda logró burlar gracias al chivatazo del bar Faisán. El entorno proetarra reaccionó entonces llevando la violencia a las calles, con más de 90 actos de kale borroka.

Los emisarios de Zapatero exigieron que cesara por completo la violencia callejera, y a cambio se comprometieron a presionar a los jueces para evitar que se produjeran nuevas detenciones: «A nivel de Audiencia Nacional y de operaciones que puedan venir de lejos, es difícil pararlas totalmente. Lo intentaremos y en ocasiones lo conseguiremos, pero no siempre. En este tema no podemos dar la palabra al cien por cien. Podemos minimizarlo, pero no podemos controlarlo todo».

El mismo portavoz del Gobierno también anunció ante Jose Ternera que el PSOE estaba presionando a los magistrados del Tribunal Constitucional para que derogaran la doctrina Parot: «Esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. En este sentido ya estamos hablando con los componentes del mismo».

Los negociadores volvieron a reunirse al día siguiente, el 27 de septiembre de 2006. En esta reunión, un portavoz de ETA anunció que la banda en ningún caso renunciaría a la anexión de Navarra al País Vasco, que debía pactarse en la llamada «mesa de partidos». «En ese sentido ya conocéis cuáles son las claves», señaló: «cuatro territorios, más el poder de decisión. A partir de ahí habrá ganancias para todos, y más allá de resultados electorales».