El juez español que abolió la Doctrina Parot en el TEDH rechaza ahora a las víctimas de la Talidomida

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El magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Luis López Guerra.

Luis López Guerra es el magistrado español en el Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH). Fue elegido en el año 2007 a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y suya fue la mano que hizo posible que una sentencia del TEDH declarara la llamada ‘doctrina Parot’ contraria a los convenios europeos y a la propia Constitución española. Así, decenas de terroristas y violadores salieron de prisión antes de lo previsto. Ahora, López Guerra ha firmado de su puño y letra otra resolución que le pasa el el turno de sufrimiento a otras víctimas tan inocentes o más, las de la Talidomida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desestimado la demanda contra España que presentó la Asociación Española de Afectados de la Talidomida (AVITE) por vulnerar los derechos humanos fundamentales de los afectados por este fármaco, según informa la asociación.

La comunicación del tribunal europeo explica que el pasado 27 de junio un comité de tres jueces (D. Dedov, L. López Guerra y J. Schukking) decidió declarar «inadmisible» la demanda presentada el pasado 16 de diciembre por AVITE, al considerar que no se cumplen los requisitos exigidos por el convenio y que «no observa ninguna apariencia de violación de los derechos y libertades garantizados por el convenio o sus protocolos».

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Sentencia TEDH inadmitiendo la demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida. (clic para ampliar)

La decisión, además, es definitiva por lo que no cabe recurso ante ninguna instancia judicial. El tono de la misiva, en este aspecto es brutalmente insensible con los representados legales del abogado a la que se dirige, Ignacio Martínez García. Así, explica que «la Secretaría no podrá proporcionarle precisiones complementarias sobre las deliberaciones del comité», lo que añade oscurantismo a una decisión ya inapelable.

Por otro lado, el texto añade que no se responderán «cartas que usted pudiera enviar» ni el letrado «recibirá ningún otro documento del Tribunal referente a su expediente» que, además y «de acuerdo con las directivas del Tribunal, será destruido».

La sentencia en sí y el tono de la carta han merecido la censura de conocedores del caso, como la eurodiputada independeiente de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), Beatriz Becerra. En su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria ha expresado su indignación: «Del encargado de ZP para abolir la Doctrina Parot, llega ahora la inadmisión de la demanda de Justicia de AVITE. Abominable».

Una «humillación»

Esta decisión es considerada como una «humillación» por los afectados «tras siete años desde que los afectados españoles depositaron su fe en la Justicia» y «una sinrazón y un despropósito internacional», por lo que se declaran «pública y mundialmente vencidos».

Ante esta situación, AVITE apela al Gobierno español que, según apuntan, «tienen ahora la última palabra y la pelota en su tejado. Si quieren pueden ayudarnos», afirman, «puesto que sólo queda única y exclusivamente la reparación política en España».

La Talidomida fue un fármaco comercializado por la compaía Grünenthal GmbH entre los años 1957 y 1963 como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. También se usaba como sedante, con gran éxito de ventas, ya que se suponía que no presentaba efectos secundarios ni era letal en altas dosis. Sin embargo, su ingesta como calmante de las náuseas del embarazo provocó el nacimiento de miles de niños afectados de focomelia, una anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.

En la demanda, de 2.800 folios, AVITE pretendía demostrar que el caso de la talidomida «no está prescrito» porque no fue hasta 2010 cuando en España, «indiscutiblemente el país peor tratado en esta tragedia mundial», los afectados dispusieron de los elementos necesarios para demandar, ya que tanto Grünenthal como la dictadura franquista llevaron a cabo «actos y omisiones determinantes para ello».

La misma eurodiputada Becerra ha asegurado a este periódico que este martes se reúne con responsables de la compañía farmacéutica alemana en Bruselas. Su intención, lograr un cambio de actitud de la empresa y sondear vías de reparación para las víctimas.

Además, AVITE apuntaba en su defensa que ninguna de las sentencias ha sido capaz de fijar una fecha de inicio del plazo para demandar y se incide en los daños y en el desconocimiento aún actual del síndrome, lo cual ha sido respaldado por recientes estudios científicos de las universidades de Heidelberg, Colonia y Münster, así como de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Médica Colegial de España.

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