Memoria democrática

Sánchez prepara la devolución del dinero incautado por Franco: 3.000 millones según los expoliados

Ley de Memoria

La nueva ley de «memoria democrática» incluirá el derecho a la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. De acuerdo a las enmiendas acordadas por el Gobierno con sus socios, esta consideración abre la puerta a devoluciones millonarias por los bienes incautados durante el franquismo. Aunque no existe un cálculo fidedigno, las asociaciones de afectados se remiten a un informe del Banco de España que, al cambio, supondría hasta 3.000 millones de euros.

El texto original de la norma negaba el derecho a la «reparación económica», que ahora sí se recoge, a imposición de los aliados de Pedro Sánchez. En una de las enmiendas pactadas con PDeCAT y Más País, se reconoce el «derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la dictadura, en los términos en que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo».

Auditoría

En este contexto, el Gobierno «realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas». Esa auditoría, que deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la aprobación de la ley, «incluirá un inventario de bienes y derechos incautados». Una vez finalizada, «se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados».

La norma, en cualquier caso, instaura el concepto de «reparación integral», contemplando también la «reparación económica», que se analizará en una «comisión técnica» creada al efecto, según se recoge en otra de las enmiendas.

La reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura era una de las exigencias más firmes de los aliados de Pedro Sánchez. En sus enmiendas originales, Más País ya recogía el «reintegro inmediato, en su debido importe revalorizado a precio real» del dinero expoliado. «Se debe garantizar el derecho integral a la reparación, por tanto, también el derecho a la reparación económica o material», se concluye desde esta formación.

El PDeCAT, por su parte, defiende también que la Administración General del Estado «será responsable civil subsidiaria en el caso de incautaciones y apropiaciones», e insta a devolver los bienes materiales y económicos.

Aún con camino por recorrer, que se abra la puerta a esa «reparación económica» sí es una novedad. El «expolio» económico es quizás uno de los asuntos más desconocidos de la Guerra Civil, pero decenas de familias reclaman desde hace años la recuperación del dinero incautado. Los afectados cifran el dinero republicano confiscado durante la Guerra Civil por el Ejército de Franco en los 35 millones de pesetas, lo que supondría unos 3.000 millones actuales, según se ha venido publicando. Si bien la cifra es, y será seguramente, una incógnita.

Podemos siempre ha abogado por la «reparación moral» pero también «económica» de las víctimas, y así lo plasmó en su propia ley, registrada en 2020 en el Congreso.

Ese mismo año, la Cámara baja también votó una proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña en la que se reclamaba una compensación desde la Administración central a aquellos que perdieron su dinero y otros signos fiduciarios como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. La iniciativa contó con el apoyo del PSOE, promotor del texto junto al PDeCAT y En Comú Podem. El representante socialista, Ferrán Pedret, defendió entonces que «muchas familias nunca recibieron nada a cambio de los ahorros que habían entregado» y «en el contexto de una durísima posguerra, eso supuso enormes sacrificios». «Por tanto, justicia, no la obtuvieron y no la han obtenido todavía», lamentó.

Bildu

El Gobierno quiere que la nueva ley sea aprobada el próximo 11 de julio. Saldrá adelante gracias al apoyo de Bildu que, una vez más, salvará a Pedro Sánchez en un trance parlamentario.

Los de Otegi se han jactado de las medidas arrancadas, como una «comisión» que investigará las «violaciones de derechos humanos» hasta 1983, es decir, ya en democracia, bajo el Gobierno de Felipe González.

Además, el PSOE ha aceptado la consideración de «víctimas» de las lenguas y culturas catalana, vasca y gallega.

PP

El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad a la ley, en la que dejaba clara su oposición a una norma «innecesaria e inoportuna». «Con España sumida en una terrible pandemia mundial e inmersos en una crisis económica, social e institucional sin precedentes, el Gobierno de la Nación, incapaz de solucionar los problemas actuales, reales y perentorios de los españoles, recurre a la estrategia de la distracción, agitando el espíritu del guerracivilismo, reabriendo heridas y removiendo sufrimientos pasados, llamando al enfrentamiento entre compatriotas por una guerra que concluyó hace 82 años», lamentan los populares. 

En el texto, acusan además a Sánchez de «dinamitar el ejemplar proceso de concordia y reconciliación entre todos los españoles que supuso la Transición, referente luminoso de nuestra Historia a nivel mundial».

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