El 24 de junio de 2021, el Consistorio sanlorentino concedió al Gobierno la licencia urbanística para estas obras que tenían como objetivo facilitar la exhumación de las víctimas. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica decidió recurrir esta medida al considerar que ello influiría en la «necesidad de respetar el sagrado reposo eterno» de los fallecidos y sus familias.

La exhumación de los restos del Valle de los Caídos es una de las principales medidas de Pedro Sánchez en su plan»guerracivilista». Sin embargo, desde que lo prometió apenas se han producido avances. Igualmente, el número de familias que han solicitado recuperar a sus allegados es ínfimo. Como reveló OKDIARIO, el Gobierno contaba el pasado noviembre con 82 expedientes para la exhumación de restos en el Valle, lo que representaría un exiguo 0,24% de los enterrados. Se estima que desde el año 1959 fueron trasladados los restos de más de 33.000 personas desde fosas comunes para ser inhumados en este recinto histórico.

El propio Ministerio de la Presidencia ha reconocido que estos trabajos serán complejos, debido a las grandes dificultades técnicas. También ha advertido de que entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan.

Dificultades

El Ejecutivo dispone de distintos informes que advierten de las enormes dificultades para identificar los restos mortales de los osarios. En un estudio de 2011 se concluía, por ejemplo, que “al no existir un registro de entrada que asegurase el contenido de los columbarios, la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo componen es muy limitado”.

El informe añade que “se ha producido mezcla de diferentes restos óseos en la misma capilla o cripta, además de una muy probable separación de restos óseos de un mismo individuo en diferentes lugares». En 2021, el Gobierno otorgó una subvención de 665.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para estas actividades.

Ley

En plena crisis económica, Sánchez vuelve a tirar de la memoria democrática como una de las banderas de su mandato. De hecho, este mismo miércoles el Congreso ha reactivado la tramitación de la ley correspondiente, que lleva paralizada desde noviembre en el trámite de enmiendas. El Ejecutivo decidió dejarla en suspenso al no contar con apoyos para sacarla adelante, pues sus socios prioritarios la consideran insuficiente.

Según fuentes parlamentarias, ERC mantiene su rechazo, pero los socialistas confían en alcanzar la mayoría necesaria con otros aliados como el PNV, Bildu y los partidos minoritarios. La ley es rechazada de plano por el PP y Vox.

El texto genera también discrepancias entre los socios de la coalición, especialmente por la reclamación de Podemos de que los crímenes del franquismo sean juzgados, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.