Torra a un paso de la inhabilitación: el Tribunal de Justicia catalán le imputa por desobediencia

El recurso de Quim Torra contra su inhabilitación se ha topado con un nuevo obstáculo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado una nueva imputación al presidente catalán por la pancarta golpista del Palau de  la Generalitat. La base del citado recurso de Quim Torra contra la sentencia que lo condenó a inhabilitación se apoyaba en la capacidad o no de la Junta Electoral para ordenar en periodo electoral la retirada de lazos o pancartas separatistas de las sedes públicas.

Pero, ahora, la nueva imputación se centra en la desobediencia al propio Tribunal Superior de Justicia, que ordenó la retirada de una pancarta pasado ya el periodo electoral y, de nuevo, Quim Torra se negó hasta que se personó la propia secretaria judicial y el Tribunal envió a los Mossos a descolgar la pancarta.

La nueva imputación y las diligencias ordenadas apuntalan, de este modo, la inhabilitación y hacen más complicada la vía de Quim Torra para librarse de esa condena. La imputación actual ha sido lograda por Impulso Ciudadano, acusación particular en el juicio por desobediencia contra el presidente de la Generalitat.

Delito de desobediencia

La Sala de lo Penal y de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto el día 6 de julio por el que ha acordado abrir diligencias previas contra el presidente de la Generalitat por la posible comisión de un delito de desobediencia al no retirar de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía ‘Llibertat presos polítics i exiliats’ junto a un lazo amarillo. Ambos han sido exhibidos en período no electoral.

Impulso Ciudadano ha subrayado en sus exigencias judiciales la obstinación de Quim Torra en el desafío al Poder Judicial. Esta asociación considera «especialmente grave que el presidente de la Generalitat no acate las resoluciones judiciales de manera reiterada porque uno de los principios básicos de la democracia constitucional es el de la separación de poderes. Las autoridades deben ser ejemplares en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y quien se resiste a ello debe quedar inhabilitado para continuar como autoridad».

Efectivamente, lo que ha ocurrido en este caso ha sido lo contrario a dicha ejemplaridad, como se desprende de las siguientes actuaciones que han desembocado en la decisión del TSJC del pasado día 6: el 5 de junio de 2019, la asociación Impulso Ciudadano requirió al presidente de la Generalitat a que retirara la pancarta colocada en la fachada del Palau el 27 de mayo, una vez finalizada la campaña de las elecciones europeas y locales, con el lema ‘Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles’ y el símbolo del lazo amarillo.

Quim Torra desatendió por completo el requerimiento e interpuesto recurso contencioso-administrativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de Cataluña dictó auto el 19/9/2019 ordenando la retirada de la pancarta. Pero dio igual.

Incumplimiento del requerimiento

El 23 de septiembre de 2019 la letrada de la Administración de Justicia notificó al presidente de la Generalitat que disponía de 48 horas para retirar la citada pancarta. Y, una vez más, la opción de Torra fue la de incumplir el requerimiento y el plazo el día 25, motivo por el que la Sala ordenó, dos días después a los Mossos, que comparecieran en el Palau de la Generalitat para retirar la pancarta.

Así lo hicieron los agentes, y el día 27 de septiembre la pancarta fue retirada. Pero fue sustituida por otra a favor de la libertad de expresión que colocaron personas de relevancia política y social como Lluís Llach, Antonio Baños, Silvia Bel y Teresa Castells, con la connivencia de la Oficina del Presidente de la Generalitat.

El 4 de noviembre de 2019 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de la Generalitat contra el auto de 19/9/2019, y, a petición de Impulso Ciudadano, libró testimonio de particulares a la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJC, para certificar si el comportamiento del presidente de la Generalitat tenía relevancia penal.

El auto dictado ahora considera los hechos de la suficiente gravedad como para enjuiciar al presidente de la Generalitat. Ésta es la segunda ocasión en que es acusado de desobediencia por resistirse a cumplir las órdenes de los Tribunales con motivo de la retirada de la pancarta del Palau.

Hay que recordar que el pasado 5 de abril, Impulso Ciudadano solicitó al TSJC la apertura de otro procedimiento penal a raíz de que el 3 de enero de 2020 Torra entregó la referida pancarta de ‘Llibertat presos polítics i exiliats / Free political prisoners and exiles’ y el símbolo del lazo amarillo a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Poco después apareció colocada en el balcón del Palau de la Generalitat en donde permaneció hasta el día 22 de enero de 2020, en protesta por la pérdida de la condición de diputado de Quim Torra. Impulso Ciudadano necesita ahora recabar fondos para mantener este proceso y ha abierto ya un proceso de captación con el propósito de poder asumir los gastos judiciales contra el presidente catalán.