Moncloa encarga un plan de ciberseguridad a una empresa a la que criticó por cobrar del «genocida» Israel

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños ha encargado un plan de ciberseguridad a una empresa española que construye para Israel el tren ligero en territorios ocupados. El grupo antisemita, BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), que alentó las protestas propalestinas durante la última etapa en Madrid de la Vuelta a España, llamó al boicot de esta firma. Además, la adjudicación se produjo cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su decálogo de medidas «contra el genocidio». Acusa de «genocida» al Gobierno hebreo.

La Dirección General de Servicios de la cartera de Justicia ha contratado a dedo a una empresa para el «desarrollo del catálogo de recursos para su futura integración en la plataforma de inteligencia de datos del sistema de seguridad nacional, en el marco del Plan Nacional de Ciberseguridad». Para ello se ha gastado más de 1,5 millones de euros, impuestos incluidos, en la elaboración de ese listado preliminar, como paso previo para poner en marcha ese programa.

El Gobierno socialista declaró la necesidad de contratar a una empresa externa ante las «dificultades significativas» que se pueden encontrar en la creación de ese listado, entre las que se encuentra «la necesidad de integrar información de múltiples fuentes o de asegurar su accesibilidad y actualización constante».

El trabajo técnico que desarrollará la empresa adjudicataria es «la homogeneización de los datos de calidad procedentes de distintas fuentes, su integración y análisis», así como la protección de «la seguridad y privacidad de la información» para «evitar la extracción por terceros hostiles, su uso indebido o su divulgación no autorizada».

Y justifica todo este gasto en que se quiere dar respuesta «de forma eficiente» ante las crisis provocadas por las «amenazas de ciberseguridad». Posteriormente, cuando se redacte el catálogo de sucesos, se incluirá en la Plataforma de Inteligencia de Datos del Sistema de Seguridad Nacional.

Todo ello para que el Comité de Situación pueda «informar al Presidente del Gobierno y a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, y tomar decisiones con la anticipación adecuada, para facilitar la detección de situaciones que puedan afectar a la Seguridad Nacional». Pero, además, permitiría «evaluar las diferentes acciones tomadas» para mejorar con base en las «lecciones» aprendidas.

El Ejecutivo ha entregado el contrato a dedo, negociado sin publicidad y con un solo licitador presentado a este concurso. De ese modo, el Gobierno se ha ahorrado la presentación de documentación clave que aporte transparencia al proceso, tales como los pliegos de prescripción técnica.

Críticas del Gobierno antes de contratarla

La adjudicataria es una compañía española que se vio envuelta en la polémica después de que se conociese que participaba, como empresa subcontratada, en el proyecto de construcción de líneas de tren ligero que conecta Jerusalén con los asentamientos del Estado hebreo en sus alrededores. Se trata de una obra para extender 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos en la conocida como Línea Roja y crear una nueva Línea Verde en los territorios ocupados.

Esta decisión llevó a esta empresa ante el Punto Nacional de Contacto Español, un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entonces encabezado por Reyes Maroto.

El informe final del Ejecutivo, que se publicó sin explicitar el nombre de la empresa en cuestión, recomendó «mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa española». A su vez, exigió también encargar «a un tercero independiente la elaboración de un informe que examine el impacto social que dicho proyecto pueda tener en los territorios ocupados».

Boicoteada por grupos antiisraelíes

Por su parte, el colectivo BDS, cuyo líder es Iban Vázquez, convocante de la manifestación violenta que reventó y paralizó la Vuelta a España en su última etapa en Madrid, también pidió boicotear a la empresa española que participó en el proyecto de transporte en Israel y que, ahora, se encargará de elaborar un importante trabajo preliminar en la creación del Plan Nacional de Ciberseguridad.

En su página web, incluyó una entrada en su página web que pide enviar un correo electrónico a la empresa, entre otras, como participante en el proyecto del tranvía en los territorios ocupados. «¡Fuera de Jerusalén ocupada!», expresaba el título del post.