Un maltratador cubano fue absuelto por la «pérdida de información de su pulsera»: fallaba hasta 6 veces al día.

La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de un hombre cubano de 37 años por quebrantamiento de medida cautelar tras constatar la pérdida de los datos de la pulsera que gestiona el centro Cometa. La sentencia recoge que los técnicos perdieron completamente el expediente durante una migración de datos empresarial. La resolución, dictada el pasado 18 de junio, ratifica una decisión judicial grave donde el propio sistema de control telemático se convirtió en la causa de la absolución por su disfunción técnica catastrófica.

Los magistrados Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias, Leandro Martínez Puertas y María Cruz Álvaro López han respaldado unánimemente la valoración de primera instancia que absolvió al procesado tras verificar la imposibilidad material de determinar la intencionalidad de las múltiples incidencias registradas. El caso evidencia el gran fallo sistémico del Ministerio de Igualdad en los últimos años junto a la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero.

La víctima había recurrido la sentencia absolutoria solicitando que se condenara al acusado por quebrantamiento continuado, pero la Audiencia ha desestimado íntegramente su pretensión. La decisión judicial no le da razón por los problemas en los sistemas de monitorización con colapsos técnicos irreversibles.

Caos tecnológico masivo

El expediente revela una cronología alarmante de fallos del dispositivo electrónico entre septiembre y noviembre de 2022. Los registros del centro Cometa documentaron hasta seis separaciones del brazalete en un solo día, múltiples descargas de batería y entradas en zonas prohibidas que no pudieron ser verificadas debido al colapso informático posterior.

El representante del centro Cometa declaró expresamente en el juicio que «debido a una migración de datos de una empresa a otra, no dispone del expediente que originó las presentes actuaciones». Esta pérdida total de información imposibilitó determinar si las incidencias fueron intencionales o fruto de defectos técnicos del dispositivo.

La Audiencia ha subrayado que el dispositivo «sufrió diversas incidencias con un cambio de batería y fue sustituido el 23 de febrero de 2023». Esta sustitución confirma los defectos de funcionamiento que habían venido registrándose sistemáticamente durante meses anteriores.

Pérdida de datos

El técnico del Centro Cometa reconoció que «tampoco puede informar sobre el protocolo que se siguió en esas incidencias y si se pudo contactar o no con el hoy acusado» debido a la pérdida del expediente digital.

Esta ausencia de datos ha imposibilitado verificar si el procesado fue informado de las incidencias, si colaboró con las autoridades o si las separaciones del brazalete fueron involuntarias. La Audiencia considera que estas dudas fundamentales impiden sostener una condena por falta de acreditación del elemento subjetivo del delito.

Los magistrados han enfatizado que las «entradas en la zona de exclusión» registradas no pudieron ser contextualizadas debido al fiasco informático. Sin acceso al expediente original, resulta imposible determinar si estas incursiones respondían a causas justificadas, errores técnicos o quebrantamientos deliberados.

El tribunal ha reconocido que la víctima «recibió innumerables llamadas del centro Cometa» durante el período de vigencia de la medida, pero paradójicamente confirmó que «el acusado no se puso en contacto con ella ni llegó a verlo en ningún momento». Esta contradicción refuerza la tesis de que los fallos técnicos generaron falsas alarmas sistemáticas.

Los magistrados han declarado de oficio las costas procesales, reconociendo implícitamente que el recurso carecía de perspectivas de éxito dadas las limitaciones probatorias derivadas del colapso informático. Esta decisión consolida la jurisprudencia sobre los efectos exculpatorios de los fallos técnicos masivos.

Redondo no ve sentencias

La reprobada ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cuestinado la existencia real de las sentencias absolutorias mencionadas. «¿Dónde se encuentran esas resoluciones judiciales de las que tanto se habla? Tanto la Fiscalía como el Consejo General del Poder Judicial y su Observatorio han tenido que corregir sus afirmaciones. ¿Quién posee realmente esas sentencias? Son desconocidas e inexistentes», señaló. Ahora OKDIARIO saca la segunda de las decenas de sentencias similares.

En conversaciones con periodistas en los pasillos, Redondo declaró que «es muy probable que no existan» tales sentencias absolutorias derivadas de la ausencia de información de geolocalización del agresor.

Asimismo, la ministra ha destacado que «lo importante es que las mujeres tienen que saber que están protegidas, que el sistema funciona, que el sistema es complejo, que las pulseras están controladas por la Policía».

«Las mujeres que se vieron afectadas por la migración de datos y que supuso unos procedimientos por alejamiento, y que se pudo en algún caso quebrantar la orden de alejamiento y haber absoluciones como consecuencia de la falta de datos, no están», ha asegurado.

En este sentido, ha informado de que, desde su departamento, han preguntado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a Fiscalía por el número de sentencias absolutorias pero ha añadido que «no lo tienen». «Es dificilísimo que lo encuentren porque probablemente no lo hay. Ayer estuvimos, además, hablando con la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y nos confirmaba esto», ha explicado.

«Yo estoy dispuesta a estudiarlas, pero esas sentencias yo las desconozco y cuando las pido no me las ofrecen, no me las facilitan, por lo tanto, yo entiendo que no existen», ha remarcado.

También ha afirmado que cuando se ha producido una incidencia se ha valorado, se ha trabajado y se ha resuelto. Sin embargo, hoy OKDIARIO muestra otro caso de absolución por la chapuza de las pulseras.

Este nuevo desenlace de la Audiencia de Madria revela la fragilidad de un sistema tecnológico del que depende la protección de miles de víctimas de violencia de género. Cuando la técnica falla, la justicia naufraga en un mar de datos perdidos e incidencias fantasma que erosionan la credibilidad del propio sistema de protección.