La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión preventiva para Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa. Además, envía a la cárcel eludible bajo fianza de 50.000 euros a Santi Vila. Todos están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Según el auto de 19 páginas emitido por Lamela sobre Junqueras y los otros 7 exconsejeros enviados a prisión sin fianza, [lee aquí el auto completo], todos serán conducidos esta misma tarde a prisión. Ninguno de ellos ingresará en Soto del Real y serán dispersados en diversos centros penitenciarios de la región.

La juez ha argumentado que la «alta reiteración delictiva» indica que los acusados «pueden ocultar o destruir fuentes de prueba». Además, el texto de la magistrada destaca que «tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero».

«En este punto», añade, «basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido», en clara referencia al ex presidente Carles Puigdemont y a ls otros cuatro consejeros que permanecen con él en Bruselas.

Según Lamela, «han señalado todas las defensas que sus representados no están de acuerdo con la violencia y que no han propugnado actos violentos. Olvidan con ello que, como ya se ha expuesto, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre».

La magistrada afirma que «la acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de 2 años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia. Igualmente los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad».

«Los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia. Algunos de ellos incluso, como ya se ha expuesto, pertenecen a ANC y Òmnium, las cuales han jugado un papel decisivo en el proceso soberanista» afirma el auto.

«Es destacable», afirma la magistrada, «para la evaluación del riesgo de fuga, la relevancia de la gravedad de los delitos que se imputan a los querellados y de las penas que llevan aparejadas, teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida. De esta manera, los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, 15 años de prisión por el delito de sedición y 8 años de prisión por el delito de malversación, que puede ascender a 10 años en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad».

«Todos ellos formaban parte del Govern, en cuyo seno los acuerdos se tomaban de forma conjunta y en reuniones periódicas, y todos eran conocedores de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que consentían y apoyaban, y que incluían las movilizaciones tumultuarias organizadas», destaca el auto.

En un segundo auto, [lee aquí el auto], la juez ordena la prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila. «En caso de consignarse la fianza, el investigado quedará sometido a las medidas aseguratorias que se fijen en el auto». Entre ellas, la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal en un Juzgado.

Según la magistrada de la Audiencia, en Vila «no se aprecia riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que el mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el días 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament, lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista».

Vila no podrá abonar la fianza de 50.000 euros hasta mañana viernes por lo que pasará previsiblemente una noche en prisión.

La Fiscalía había solicitado prisión provisional para Junqueras y los 7 consejeros cesados, a excepción de la prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila en una vista conjunta celebrada al término de las declaraciones de los querellados. Vila fue el único consejero catalán que dimitió la noche antes de que el Parlamento catalán proclamara la Declaración Unilateral de Independencia, DUI.

El Ministerio Público, tal y como avanzó OKDIARIO, fundamentaba su petición de medidas cautelares en la gravedad de los delitos que se imputan, cuyas penas pueden alcanzar 30 años de prisión. También apuntaba el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Jornada intensa de declaraciones

Oriol Junqueras y los 8 exconsejeros catalanes se presentaban en la Audiencia antes de las 9 de la mañana para declarar ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6. La magistrada los citaba de urgencia tras aceptar a trámite la querella presentada el pasado lunes por la Fiscalía General del Estado, tras la Declaración de Independencia el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán.

Las declaraciones comenzaban sobre las 9:50 y se extendían durante 2 horas. El primero en comparecer ha sido el exconsejero Jordi Turull (Presidencia), luego le seguían Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación) y Joaquim Forn (Interior).

Posteriormente, Santi Vila (Empresa) comparecía durante 45 minutos contestando todas las preguntas que se le formulaban desde el Ministerio Público. Vila, que dimitió como consejero de Empresa de Cataluña, la noche antes de la DUI, llegaba a la Audiencia acompañado del letrado Pau Molins, que defendió a la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Finalmente, declaraba el vicepresidente cesado de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de exconsejeros: Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundò. Todos los dirigentes independentistas, a excepción de Vila, sólo contestaban a sus abogados y apenas permanecían 5 minutos en la Sala ante la juez y los fiscales del caso.