Igualdad no ha sancionado a la empresa de las pulseras fallidas y aún no sabe cuántas absoluciones hubo

El Ministerio de Igualdad ha desvelado que no se ha aplicado penalizaciones o sanciones a las empresas responsables del servicio de las fallidas pulseras antimaltrato y que aún no saben cuántas absoluciones se han dictado en los tribunales por estos fallos técnicos y pérdidas de información.

Indican, además, que «no se han llevado a cabo las auditorías» previas al cambio de adjudicataria. Y finalmente hace escasas fechas se ha adjudicado a dedo un contrato menor de 17.775 euros para auditar externamente el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato.

Según consta en documentos oficiales consultados por OKDIARIO, el departamento liderado por Ana Redondo (PSOE) no ha podido determinar el número exacto de absoluciones de maltratadores derivadas de la falta de datos durante el proceso de cambio de adjudicataria y echa la culpa a la Fiscalía General del Estado.

La contratación se ha formalizado con la empresa Izertis Sidertia SLU por un precio de 14.690 euros más IVA, al borde del máximo legal a partir del cual obliga a hacer un concurso abierto a todas las empresas de España. El ministerio únicamente solicitó ofertas a tres empresas, de las cuales sólo una presentó presupuesto.

La memoria justificativa del contrato, firmada el 13 de noviembre por el subdirector adjunto de Igualdad, establece que la auditoría tendrá una duración de escasos meses. Su objeto es «comprobar la seguridad y fiabilidad de los dispositivos tecnológicos» del sistema Cometa, según reza el documento.

El contrato incluye la revisión de los teléfonos inteligentes, el análisis de las aplicaciones instaladas y la comunicación con el centro de control. También examinará la comunicación entre el transmisor de radiofrecuencia y el dispositivo móvil.

El Gobierno ha circunscrito la licitación a un procedimiento de contrato menor, lo que elude los controles habituales de la contratación pública. Únicamente se requirieron tres presupuestos: Fujitsu, Altia Consultores e Izertis Sidertia. Las dos primeras declinaron presentar oferta.

Absoluciones sin cuantificar

En su respuesta oficial que firma la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha admitido que «los órganos judiciales no comunican de oficio los datos referidos en el punto 1 al Ministerio».

Se refería al número exacto de mujeres afectadas, la cantidad de archivos de casos y, especialmente, el «número de absoluciones de maltratadores derivadas de la falta de datos».

El documento reconoce que «se ha solicitado información de manera oficial a Fiscalía, pero aún no se ha obtenido respuesta». Esta laguna informativa persiste más de un año después de que se produjera el grueso de las incidencias.

Las dificultades temporales para acceder a información almacenada «afectó durante varios meses a los informes que se emiten a los órganos judiciales para sustanciar procedimientos por quebrantamiento». Los sobreseimientos provisionalmente dictados, sostienen, «se reabrieron para continuar el curso del procedimiento judicial» cuando se recuperó el acceso a los datos antes de finalizar 2024. Sin embargo, no dicen lo mismo las asociaciones de víctimas y los registros de sentencias judiciales.

Igualdad va un paso más allá y se atreve a decir que «ninguna víctima estuvo desprotegida» porque los dispositivos «funcionaban con normalidad para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento». Esgrimen que ninguna mujer ha sido asesinada llevando pulsera obviando el daño psicológico de falsas alarmas generando mucha angustia en las mujeres.

Por otra parte, el equipo de Redondo se niega a proporcionar cronologías detalladas de las incidencias. Aduce que extraer información sobre fallos técnicos específicos «requeriría una acción previa de reelaboración», invocando un precepto de la Ley de Transparencia. Reconocen que no tiene enumeradas las incidencias ya que pueden ser miles.

Explica que durante octubre de 2025, «la Sala Cometa gestionó más de 74.000 avisos tanto por incumplimiento del agresor como por incidencias técnicas puntuales». Además, el sistema «gestiona 30.000.000 de geoposicionamientos al día». «No es posible cribar, de todas las notificaciones del sistema, cuáles responden a fallos técnicos porque no consta una base de datos que proporcione dicha información», admiten.

El Ministerio niega entregar documentación crucial. Según la respuesta oficial, no se ha creado ningún grupo de expertos para gestionar la crisis. El seguimiento lo realiza un equipo reducido: la subdirectora, la subdirectora adjunta, dos consejeros técnicos y un administrativo con perfil informático.

Admiten que constan actas, pero que son borradores, que no están firmadas, de las reuniones de seguimiento con la UTE adjudicataria. Las notas internas existentes se califican como «documentos de trabajo». OKDIARIO ha reclamado al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno para exigir todos los informes.

Igualdad sostiene que, a pesar de las múltiples entidades que aseguran que avisaron de los problemas, no existe documentación sobre «avisos o advertencias recibidas sobre riesgos del cambio» de adjudicataria ni sobre «protocolos de coordinación establecidos para evitar pérdida de datos judiciales».

Se reconoce, sin embargo, la existencia de «una carta de la Fiscalía de octubre de 2024 en la que se mencionan procedimientos judiciales y datos que pueden suponer un perjuicio para las víctimas». Este documento tampoco ha sido facilitado.

16 quejas

Desde octubre de 2024, cuando «se realiza la contabilidad exhaustiva», se han recibido 16 quejas de usuarias. Todas fueron contestadas «en un plazo máximo de 15 días». En todo caso, OKDIARIO ha encontrado sentencias por toda España de absoluciones, sobreseimiento y archivos favorables a los supuestos maltratadores a causa de los fallos del sistema de las pulseras.

Mientras se espera que Fiscalía responda –sin fecha límite– sobre las consecuencias judiciales fatales, el próximo contrato debe licitarse antes de mayo de 2026. Las respuestas de la auditoría podrían marcar el camino para evitar nuevos desajustes con la nueva licitación y la investigación que llevará a cabo la Fiscalía Europea.