La UE amenaza con reducir ayudas para proteger a la mujer por la pifia de las pulseras que reveló OKDIARIO
Bruselas reducirá parte de los 5.100 millones de la octava entrega de ayudas en función de los objetivos incumplidos
La UE "está al corriente de la información publicada en los medios" sobre las pulseras telemáticas
La Unión Europea (UE) ha amenazado con una reducción de las ayudas comunitarias, particularmente las que irían destinadas a la protección de la mujer, por culpa de los problemas con el nuevo contrato de las pulseras antimaltrato que reveló OKDIARIO. Aquella licitación fue suscrita por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez.
En una respuesta parlamentaria firmada por el letón Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario comunica que «está al corriente de la información publicada en los medios de comunicación sobre la ejecución del proyecto relativo a las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España». Es decir, el escándalo desvelado por OKDIARIO.
La Comisión recuerda que esa contratación «se incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español en el marco del hito 472». En ese punto, el Gobierno se comprometía a realizar «inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres».
El Ejecutivo se impuso el hito de proveer de «al menos 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento, una nueva aplicación para las víctimas y una plataforma nueva de macrodatos e inteligencia artificial en apoyo de las víctimas de la violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas de la trata y la explotación sexual».
Este hito será evaluado por la Comisión en el contexto de la octava solicitud de pago. Actualmente, todavía está preparándose la sexta entrega, por lo que el Gobierno tendrá aún tiempo para poder reconducir la situación.
En todo caso, cuando el Ejecutivo solicite el desembolso correspondiente, para recibir el dinero, «la Comisión evaluará la ejecución y el cumplimiento de este hito, sobre la base de las pruebas facilitadas por las autoridades españolas, únicamente en el momento de la octava solicitud de pago». Si no se consuman los hitos marcados por el propio Gobierno español, Bruselas reducirá una parte de los 5.100 millones de euros correspondientes a esta octava entrega, en función del número de objetivos incumplidos.
La Comisión ha recordado que estas ayudas, que corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sólo se abonan «tras la evaluación afirmativa del cumplimiento de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos».
Asimismo, desde la Unión Europea recuerdan que «los Estados miembros son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del Mecanismo». «Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicables», subrayan desde el Ejecutivo comunitario.
«Desprotección a las mujeres»
La Comisión presidida por la alemana Ursula von der Leyen ha respondido de esa forma tras una pregunta parlamentaria del jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en la que denunció la «desprotección a las mujeres» por la «inaptitud del Gobierno socialista de Pedro Sánchez en la contratación de pulseras antimaltrato».
Desde la formación de Santiago Abascal recuerdan que el Gobierno adjudicó un contrato para «la gestión de las pulseras telemáticas destinadas a proteger a las mujeres víctimas de violencia por parte de sus cónyuges». El contrato tenía un gasto de 35 millones de euros y estuvo financiado con fondos NextGeneration.
Vox recordó que hubo «fallos técnicos gravísimos que han puesto en riesgo directo la vida y la seguridad de esas mujeres». Además, recordó que se perdieron «datos esenciales en el sistema COMETA» que provocó que hubiera «juicios quedaran sin pruebas suficientes, que agresores hayan resultado absueltos y que el principio básico de protección a las víctimas quedara comprometido». Todo ello apareció en la Memoria de la Fiscalía de 2025.
Por todo ello, Buxadé interrogó al Ejecutivo comunitario si va a «investigar o reclamar» al Ejecutivo español el «mal uso de fondos europeos». Además, se interesó por saber las «medidas que piensa adoptar frente a esta negligencia del Gobierno» socialista de Sánchez.