El Gobierno reconoce en el borrador de reforma de las pensiones su plan para «prolongar la vida laboral»

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado jueves que los baby boomers tendrán que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más. Un día después, el Gobierno le obliga a rectificar y a decir que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, está todavía por definir y que ese recorte no es seguro. Pero lo cierto es que el borrador del texto de la reforma de las pensiones al que tuvo acceso OKDIARIO recogía sin miramientos un propósito del Gobierno: “El de favorecer la prolongación de la vida laboral”. Justo lo que ahora se niega, pero que el ministro admitió esta misma semana.

El texto preparado por el Gobierno incluía el siguiente texto: «Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. 1. En aras de favorecer la prolongación de la vida laboral, los convenios colectivos no podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años».

Porque, efectivamente, ése es el objetivo que ahora no quiere admitir el Gobierno. Esa prolongación de la vida laboral no puede estar pensada para los que ya han pasado a la jubilación. Por lo tanto, tiene que afectar, sí o sí, a aquéllos que aún están en vida laboral activa. Y ahí se encuentran, efectivamente, los trabajadores incluidos en la generación del baby boom. Los denominados baby boomers.

Esa prolongación sólo responde a una evidencia: o la aceptas o el cobro de la pensión se reduce. Porque, en caso contrario, evidentemente, nadie asumiría trabajar más años perdiendo la pensión correspondiente a esos ejercicios.

El borrador, además, insistía en ese objetivo y añadía que «observada esta limitación de edad, se requerirán además las siguientes condiciones” para que los trabajadores no se jubilen antes de los 68 años: a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá reunir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. b) La medida deberá vincularse, como objetivo coherente de política de empleo expresado en el convenio colectivo, al relevo generacional a través de la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, un nuevo trabajador».

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha corregido ahora su versión y ha afirmado que «no tuvo el mejor día» cuando alertó de la evidencia del recorte de las pensiones futuras. Pero lo cierto es que en el Gobierno todos saben que la pensión de los nacidos entre 1950 y 1975, la generación del baby boom, se verá reducida de seguir con las actuales reformas lanzadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es que todos los mecanismos de control del gasto necesarios para amortiguar ese recorte han sido pospuestos por Sánchez para que no le afecten a sus posibles mandatos: algo que generará un gasto excesivo en los años actuales, y una menor existencia de fondos en el futuro.

Reforma de las pensiones

Y es que el Gobierno ha cerrado este pasado lunes el pacto de reforma de las pensiones sin asumir su parte de las reformas. Uno de los escollos más duros de sortear en las negociaciones entre sindicatos, Gobierno, patronal y los partidos que apoyan a Pedro Sánchez en La Moncloa ha sido el factor de sostenibilidad de las prestaciones por jubilación. Se trata del coeficiente que rebaja las pensiones dependiendo de la esperanza de vida para evitar que la caja se agote y los futuros jubilados se queden sin pensión.

La reforma del Gobierno implica la eliminación de este factor de corrección del pago de las pensiones hasta 2027. Sólo a partir de ese año entraría en vigor otro sistema de control. Todo ello pese al pacto con Bruselas para sustituir un mecanismo con otro, pero permite a Pedro Sánchez esquivar el necesario ajuste en pensiones durante su mandato.

Factor de sostenibilidad

El anteproyecto de reforma de las pensiones recoge el siguiente párrafo: «Disposición adicional segunda. Mecanismo de equidad intergeneracional.
En sustitución del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027».

La solución no parece destinada a arreglar el brutal agujero de las pensiones. Pero sí permitirá a Sánchez, en caso de ser confirmada la propuesta, esquivar el gran ajuste fiscal en un colectivo -el de los jubilados- especialmente decisivo en cualquier proceso electoral. Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros. Es decir, con un déficit oficial de 19.839 millones.

Pero esa cifra ni siquiera es descriptiva de la realidad del sistema de pensiones. En 2020, el Gobierno duplicó las transferencias a la Seguridad Social para cubrir el agujero financiero: pasó de los 15.687 millones en transferencias estatales de 2019 a 30.364 en 2020. Lo que implica que el agujero real de las pensiones cabalga a cifras cercanas a los 50.000 millones de euros anuales.