La Generalitat no tiene voluntarios y los funcionarios temen presiones ante el referéndum ilegal

Los funcionarios catalanes temen presiones de la Generalitat si no se cubren sus expectativas de voluntarios para el referéndum ilegal. Así lo constatan fuentes del sindicato mayoritario, CSIF, y otras centrales sindicales, que señalan como inalcanzable el objetivo marcado por el gobierno catalán de 80.000 empleados dispuestos a colaborar con el 1-O.

A un mes de ese supuesto referéndum, funcionarios -y también las formaciones de la oposición catalana- aseguran desconocer la existencia de la ‘bolsa’ de voluntarios que el propio Puigdemont anunció ya el pasado 15 de junio.

Entonces, el presidente catalán afirmó que su intención era repetir el mismo modelo del 9-N y que nadie sería «forzado a nada». «Habrá un absoluto garantismo», aseguró, para evitar que las sanciones recaigan en los funcionarios.

Desde entonces, no se han producido movimientos, y de esa bolsa sólo se sabe lo que, a mediados de agosto, aseguró la diputada de la CUP Mireia Vehí, en una entrevista en Rac1: que en unos días se abriría una página en Internet para que se inscribiesen los voluntarios necesarios. Eso, dijo Vehí, según les había trasladado el Gobierno catalán, que también les aseguró que disponían ya de censo y de urnas para el referéndum.

Sin embargo, los propios voluntarios aseguran desconocer la existencia alguna de un registro -formal o informal- y muestran su preocupación porque, llegado el momento, el gobierno catalán recurra a ellos para asegurar la cita con las urnas.

Las incógnitas, a un mes del 1-O, generan una lógica incertidumbre, más aún, porque la conocida como ‘Ley del Referéndum’-aún pendiente de tramitación- establece un «régimen jurídico excepcional» para la celebración del referéndum, al tiempo que destaca que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto» y ampara «a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente» en la preparación y celebración del referéndum.

Los funcionarios señalan la «contradicción» de que el Gobierno catalán asegure, por un lado, que no les pondrá en aprietos ante el Tribunal Constitucional, y, por otro, anule cualquier vigencia de la legalidad española.

El gobierno autonómico calcula que necesitará 80.000 voluntarios para el referéndum, divididos en unos agentes electorales -que denominan «representantes de la administración»- y personas que aseguren las mesas electorales, entre otras cosas, para el recuento de votos. Otra figura clave son los «coordinadores locales», elegidos en su caso por los ayuntamientos, y que deberán estar presentes en los lugares de votación, aunque la Generalitat no los considera imprescindible.

En el material que manejan los independentistas se señala que «la ley electoral vigente los últimos 30 años nunca ha previsto la utilización de trabajadores públicos en la organización de las jornadas electorales. Hay ayuntamientos que, por defecto, designan funcionarios como coordinadores electorales, pero hay que no los han designado nunca porque la ley no se refiere. Los que son imprescindibles son los representantes de la Administración o agentes electorales».

Las explicaciones de la Generalitat generan muchas lagunas, porque, en otro punto, se indica también que «los ayuntamientos tendrán que colaborar, como siempre hacen en una jornada electoral», de forma que se les señala directamente en su ‘obligación’ de incumplir la ilegalidad. Y, con ello, los funcionarios implicados.

«El Gobierno les pide específicamente que pongan a disposición de los votantes los locales habituales de votación. La Ley y la Generalitat garantizan que todos los municipios se podrá votar como siempre», continúan.

Los «representantes de la Administración» serán, dicen también, «trabajadores acreditados por el órgano convocante de las elecciones, en este caso por la Generalitat, para coordinar las jornadas electorales. Será personal formado y plenamente capacidad, como en cualquier otro proceso electoral».  Serán los encargados de la logística de la jornada electoral: confirmar la apertura de los locales, supervisar la configuración de las mesas, recoger los datos relativos a la participación electoral y transmitir la información de los datos del escrutinio provisional de cada mesa en el Centro de Recogida de Datos.

La Generalitat, indican, será la encargada de formar a los más de 7.000 representantes de la Administración que se prevén que serán necesarios para la organización del referéndum. Pero a un mes de la convocatoria ilegal, y aún sin registro, esa logística es toda una incógnita.