El Gobierno instará al TC a inhabilitar a los golpistas catalanes antes del referéndum ilegal

El Gobierno «hará todo lo que tenga que hacer» para frenar el referéndum ilegal que, insisten, «no se celebrará». En Moncloa no se descarta ningún escenario. Y entre ellos está la opción de que el Tribunal Constitucional inhabilite a los máximos dirigentes catalanes antes del 1 de octubre. No ocurrirá, por tanto, lo que pasó en el 9-N, por el que el entonces presidente autonómico fue inhabilitado, pero tres años después.

Esta opción preventiva es una de las que figuran en la mesa de Moncloa. En fuentes gubernamentales siguen siendo reacios a dar pasos antes de que, efectivamente, las decisiones de la Generalitat se materialicen. La Ley de Transitoriedad Jurídica -anunciada por los independentistas este lunes- no se recurrirá hasta que sea tramitada, para evitar dar una relevancia excesiva a los anuncios de los catalanes. El mismo mecanismo que aplicó con la reforma del reglamento del Parlament para aprobar de manera exprés las leyes de la desconexión, ya suspendidas por el Constitucional.

Tras las decisiones de Moncloa impera el principio de «proporcionalidad». Pero ello no implica que se desplieguen todas las medidas que eviten la celebración del referéndum, o las sanciones por incumplir la legalidad.

La crisis abierta en el bloque secesionista por el momento pertinente para aprobar tanto la Ley del Referéndum -registrada el pasado 31 de julio-  como esta última -marco legal de un eventual Estado independiente- es prueba de que el temor a la reacción inmediata del Ejecutivo es un hecho, y lo demuestra que el presidente de la Generalitat haya tratado de dilatar al máximo su tramitación.

Los antisistema defienden que la aprobación debe producirse cuanto antes para dar las máximas garantías de que el 1 de octubre se votará. O lo que es lo mismo, que ninguno de los partidos dará marcha atrás. Sin embargo, entre los convergentes se azuza la idea de que apurar los tiempos permitirá ganar un pulso al Gobierno, al esquivar, consideran, la segura impugnación ante los tribunales.

Manejo de los tiempos

La Ley de Transitoriedad podría aplazarse, pero no así la del Referéndum, la norma que los independentistas consideran ‘ley suprema’ para dar cobertura al 1-O y que, forzosamente, tendrá que estar aprobada antes de esa convocatoria. Esa aprobación -que se haría por la vía exprés y en lectura única o bien por decreto- está aún en suspenso, después de que este mismo martes, y por tercera vez, el asunto quedase fuera del orden del día del Parlament, lo que no hace sino aumentar el enfado de los sectores más reaccionarios del Govern, y de sus socios de la CUP.

De hecho, este mismo martes, el Gobierno catalán ha validado la idea de que las leyes se tramiten por decreto, apurando hasta el último minuto. Así lo ha avanzado el conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, quien ha manifestado que existen «muchas vías» para aprobar ambas normas, y entre ellas, la herramienta del decreto. O incluso la posibilidad de recurrir al artículo 81.3 del reglamento de la Cámara para alterar el orden del día de un pleno en el último momento.

«Que nadie sufra. La determinación de hacer el referéndum es total y el 1-O los ciudadanos votarán. Con tiempo suficiente todo el mundo sabrá dónde deberá ir a votar, todo el mundo tendrá información precisa y perfecta», ha insistido, sin dar pistas sobre el calendario.

El cálculo de los tiempos no evitaría la inmediata reacción del Constitucional, capaz de pronunciarse en apenas unas horas. Pero para los independentistas es una estratagema para ganar margen al Gobierno.

Turull también advirtió de que el Gobierno catalán desoirá al Constitucional y solo «obedecerá el mandato» del Parlamento catalán, «con todas las consecuencias».

Hasta el momento, también Puigdemont ha hecho públicamente caso omiso a las posibles consecuencias de convocar el referéndum. El pasado julio advirtió de hecho de que si el Constitucional le inhabilita «como puede hacer», no aceptará la decisión. «Sólo el Parlament me puede suspender». Pero no concretó cómo se llevará a efecto la convocatoria ni en quien recaería en ese caso la organización. La inhabilitación de los dirigentes catalanes provocaría un descalabro de la agenda secesionista y llevaría a un ‘vacío de poder’ en el gobierno autonómico.

Sobre esa posibilidad le advirtió hace unos días el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien le solicitó una reunión para advertirle de las imparables consecuencias de seguir adelante con una convocatoria ilegal.

Sería una «situación del todo insólita, sin precedentes en el conjunto de Europa, con consecuencias políticas, jurídicas, sociales y personales» para diputados y miembros del Govern, especialmente para quienes impulsen la tramitación de la ley de referéndum, advirtió Albiol.

No hará falta el 155

Entre tanto, en fuentes del PP ha ido perdiendo la opción más drástica, la aplicación del artículo 155, porque, convienen «no hará falta llegar a eso».

Antes, y como informó OKDIARIO, existe la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que colocaría al delegado del Gobierno al frente de los Mossos y que daría al Ejecutivo el control sobre Cataluña.

En fuentes del Gobierno se insiste en que el 1 de octubre no habrá referéndum. Pero se asume que lo que sí habrá será una movilización activa en la calle, calentada por los sectores más radicales de la CUP, ERC y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Un escenario de inevitable tensión, y del que fue preludio la manifestación contra el terrorismo del pasado sábado, utilizada por los independentistas para avivar sus proclamas contra el Estado.