La Fiscalía mantendrá en sus conclusiones finales el delito de rebelión contra los golpistas y excluirá la sedición

La Fiscalía del Supremo mantendrá en sus conclusiones finales la petición inicial contra los dirigentes catalanes juzgados por el golpe de Estado del 1-O y solicitará penas de cárcel por el delito de rebelión y no el de sedición. Fuentes del Supremo han confirmado a OKDIARIO que en el escrito que presentarán los fiscales del ‘procés’, a finales de esta semana o principios de la próxima, no se modificarán las peticiones de cárcel que fueron solicitadas el pasado 2 de noviembre. Aseguran que «se ha dado por demostrada la existencia de rebelión» tras las declaraciones de los testigos en el juicio del 1-O.

Los testimonios de los policías, guardias civiles y mossos que resultaron heridos en el golpe independentista han acreditado la existencia de violencia y, por ello, se aplicará el artículo 472 del Código Penal: «El núcleo de la acción del delito contra la Constitución como el delito rebelión, consiste en alzarse y hacerlo violenta y públicamente con el dolo específico de atentar contra la Constitución como superestructura del Estado».

Las mismas fuentes confirman que no se modificarán las penas impuestas inicialmente, dado que los fiscales «se han decantado por las penas mínimas» que podrían imponérseles de acuerdo a los delitos que cometieron. El artículo 473 del Código Penal castiga con entre 25 y 30 años de prisión a quienes «induzcan a cometer el delito de rebelión y los jefes principales de ésta, así como el esgrimir armas o si ha habido combate».

25 años para Junqueras

En los escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre, la Fiscalía del Supremo solicitó pedir para Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña y principal responsable junto al prófugo Carles Puigdemont de la celebración del referéndum ilegal, una pena de 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos. Los fiscales mantendrán esta pena inicial contra el golpista catalán, que se encuentra actualmente en prisión provisional.

Para los dirigentes independentistas Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament; Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana; y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, solicitaron 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta. Al resto de los dirigentes en prisión provisional (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull) la Fiscalía les acusa de un delito de rebelión agravado por malversación, para lo que mantiene la pena inicial de 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

Organización criminal

La acusación popular que ejerce Vox solicitó una condena de 74 años de cárcel para Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal (penado en los artículos 570 bis del Código Penal) y otro de malversación de caudales públicos.

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público consideran que no es necesario imputar a los golpistas el delito de organización criminal puesto que «la rebelión absorbe de forma inherente, por su carácter ‘plurisubjetivo’, el delito de organización delictiva». «La organización criminal es la mecánica de la rebelión», puntualizan.