Los fiscales que acusan a García Ortiz piden al Supremo que lo suspenda como fiscal general al ser juzgado

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) que una vez que dicte auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, lo suspenda provisionalmente en el cargo como fiscal general y, por tanto, también como fiscal.

Sostiene que esta medida cautelar es «imprescindible» para garantizar el correcto desarrollo del proceso, ya que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el juicio, «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».

En este sentido, la APIF recuerda en su escrito que según establece el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), el fiscal general del Estado «podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones».

La APIF advierte que «esto provocaría una distorsión inaceptable», ya que el fiscal designado, en vez de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad (artículo 124.1 de la Constitución, «actuaría al servicio del propio acusado»

Precisamente, para evitar esta insólita situación, que «dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal», esta acusación popular considera necesario que se le suspenda de forma provisional como fiscal general del Estado.

El artículo 4 del Reglamento del Ministerio Fiscal indica qué miembros de la Fiscalía deben sustituir al fiscal general del Estado en casos de ausencia, imposibilidad o vacante.

En primer lugar, corresponde al teniente fiscal. La APIF destaca que esta persona «no es imparcial, dado que es la fiscal que está interviniendo en el asunto».

En segundo lugar se alude al fiscal jefe inspector, de quien afirma que tampoco es imparcial, «dado que ha aportado documentos a la causa y está propuesta para declarar como testigo».

Ante «la inoperancia» de los mecanismos previstos reglamentariamente afirma que corresponde al juez instructor adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso.

Reclama seis años de cárcel

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general del Estado. Le imputa un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), en concurso con un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197. 2 y 3, y 198), así como un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos (artículo 417. 1 y 2).

El escrito de acusación está articulado por los abogados Juan Antonio Frago Amada y Verónica Suárez García.

La APIF señala en él que con anterioridad a los hechos de esta causa, «en reiteradas ocasiones», el autodenominado «Equipo Fortuny», del que formaban parte, entre otros, Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández,  fiscal jefe provincial de Madrid, «ya había filtrado deliberadamente información confidencial a medios de comunicación», de lo que se tuvo conocimiento por el análisis del teléfono de Pilar Rodríguez, tal y como figura en el informe de la UCO de 21 de noviembre de 2024 relativo al contenido de su terminal.