Histórico y preocupante: cae el último bastión de las pensiones garantizadas en el norte de Europa

Desde el 1 de enero de 2026, las tradicionales pensiones garantizadas de los Países Bajos, que garantizaba a los ciudadanos un ingreso fijo durante la jubilación, ha empezado a desaparecer de manera progresiva. En su lugar, los trabajadores neerlandeses pasarán a depender de un modelo basado en aportaciones individuales y en el rendimiento de las inversiones en los mercados financieros. Se trata de un cambio histórico que afecta al mayor sistema de pensiones de la Unión Europea y que comienza a tener repercusiones más allá de las fronteras nacionales. La reforma tiene su origen en la Ley del Futuro de las Pensiones, aprobada en 2023, que estableció un período de transición.

Según explica De Nederlandsche Bank, el banco central neerlandés, la intención de la ley es adaptar el sistema a un entorno económico y laboral muy diferente al que dio forma al modelo tradicional. Durante décadas, el sistema se había sostenido sobre bases colectivas con tipos de interés relativamente altos, una población más joven y trayectorias profesionales estables. Sin embargo, factores como los tipos de interés persistentemente bajos, el envejecimiento de la población y la creciente fragmentación de las carreras laborales obligaron a abandonar el tradicional modelo con pensiones garantizadas.

Cambio en las pensiones garantizadas en los Países Bajos

En éste nuevo esquema, cada trabajador acumula derechos a través de un sistema de contribuciones individuales que se invierten en los mercados financieros. El resultado es una cuenta personal que puede aumentar cuando la economía acompaña, pero también disminuir en periodos de contracción. Para limitar los riesgos, los jóvenes, por tener más tiempo para recuperarse de pérdidas temporales, estarán expuestos a carteras más volátiles, mientras que los mayores se centrarán en inversiones más conservadoras. Además, los fondos de pensiones pueden introducir mecanismos de solidaridad colectiva que ayuden a suavizar las oscilaciones más extremas.

Aunque la ley está vigente desde 2023, los empleadores y fondos de pensiones disponen hasta 2028 para completar la transición. Durante este período, deben acordar el tipo de contrato de pensiones, adaptar los sistemas de cálculo y repartir el capital acumulado entre las generaciones actuales y futuras, un proceso conocido como «conversión». El verdadero punto de inflexión llega en 2026, cuando los primeros grandes fondos, que gestionan cientos de miles de millones de euros, comenzarán a operar bajo las nuevas reglas.

Uno de los efectos inmediatos se verá en la inversión en renta fija. Bajo el antiguo modelo de pensiones garantizadas, los fondos buscaban garantizar pagos futuros a través de inversiones a largo plazo, incluyendo bonos soberanos con vencimientos muy lejanos y derivados para protegerse de movimientos en los tipos de interés. Con el cambio, la necesidad de mantener estos instrumentos disminuirá, mientras que se incrementará la gestión personalizada de carteras según la edad de los participantes.

Otros países europeos

La reforma también afecta a la financiación de los Estados europeos. La transición neerlandesa reduce la presencia de uno de los compradores más estables de deuda a largo plazo. Algunos gobiernos ya están ajustando sus estrategias de emisión, mientras que otros podrían beneficiarse del cambio en las preferencias de inversión de los fondos de pensiones. Con este cambio, Países Bajos abandona un modelo histórico, abre el camino a nuevas formas de gestión de la jubilación y marca un precedente que otros sistemas europeos no podrán ignorar.

Revalorización de las pensiones en España

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, efectiva desde el 1 de enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

En total, se revalorizan cerca de 13 millones de pensiones y, en consecuencia, los pensionistas van a mantener o aumentar su poder adquisitivo. Entre ellos se encuentran los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que «aprobar la revalorización no solo es garantía de un Estado de Bienestar fuerte que protege el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, sino de la sociedad en su conjunto. Especialmente, de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica: de los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas».

El incremento de las pensiones contributivas es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021 y acordada con los interlocutores sociales. La revalorización supondrá aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.