Peligro para García Ortiz: su nº 2 en Madrid deberá decir la verdad cuando el Supremo le cite como testigo

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración contra Alberto González Amador. La decisión judicial, que le sitúa a un paso del banquillo, presenta un escenario inédito: su subordinada directa en Madrid, Pilar Rodríguez, comparecerá previsiblemente como testigo tras haber sido exculpada por el alto tribunal.

La Sala de Apelación del Supremo, integrada por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz.

La decisión no ha sido unánime, ya que Palomo ha emitido un voto particular considerando que la «relativa coincidencia cronológica» resulta «harto insuficiente» para procesar al fiscal general. No obstante, sí han coincidido en unanimidad en exculpar a Pilar Rodríguez, la fiscal provincial.

Víctor Soriano, abogado de la acusación, señala precisamente que «fuimos la única acusación personada que no acusaba a Pilar Rodríguez, sólo pedimos juicio a García Ortiz. Nos dan la razón en ambas cosas. Hay que ejercer la acusación siempre de forma cauta y responsable, más si cabe en la acusación popular». Ahora se abre el escenario de que pase de poder mentir a no poder hacerlo en la vista oral.

Sobre Pilar Rodríguez, los magistrados han considerado que «estaba obligada a informar al fiscal general del Estado» y que «la dación de cuentas» que realizó a García Ortiz «estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo».

La resolución destaca que Rodríguez «no intervino en la redacción de la nota informativa emitida por el fiscal general del Estado». Esta circunstancia viene corroborada por las declaraciones del jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid.

El auto hace referencia al mensaje que Rodríguez envió a García Ortiz donde aseguraba que daban «ganas de incorporar un poquito de cianuro» a la información. Los magistrados interpretan esta «expresión» como «un desahogo» ante una noticia de OKDIARIO que recordaba su paso como directora general en el Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Presión judicial

En este contexto, las asociaciones judiciales han manifestado su preocupación por la situación. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha resaltado la «situación de anomalía absoluta» que supone la situación procesal de García Ortiz. Ha destacado la «paradoja» de que sea «el superior jerárquico» del fiscal que participará en el proceso.

Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, ha manifestado que la situación hace «oportuna» la pregunta de si el fiscal general «puede seguir o no ejerciendo el cargo» después de «sentarse en el banquillo de los acusados». Portillo considera que esta imagen hace «daño» tanto al Ministerio Fiscal como a los dos fiscales que están actuando en este procedimiento.

Por su parte, Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia, ve «difícil» que se pueda apreciar un delito de revelación de secretos por los «indicios» de que la noticia «era conocida por varios medios de comunicación» antes de llegar a García Ortiz.

El procesamiento se centra en la presunta filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer delitos fiscales para pactar. Los magistrados consideran que García Ortiz impulsó y coordinó «personalmente» la filtración a la prensa de este documento y la posterior nota informativa.

El Supremo ha considerado que no está acreditado que García Ortiz actuara por indicaciones de la Presidencia del Gobierno. La Sala se ha desmarcado del instructor en este punto, señalando que «esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible».

En su voto particular, el magistrado Palomo argumenta que «no aparece suficientemente justificado» que García Ortiz fuera «el autor de la revelación de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 ni a la prensa ni a la Presidencia de Gobierno».

No quiere dimitir

García Ortiz afronta una petición de hasta seis años de cárcel por parte de las acusaciones. El fiscal general no sopesa dimitir tras el aval del Tribunal Supremo a su procesamiento, según fuentes fiscales consultadas. Se mantiene firme en la decisión que adoptó el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo le encausó inicialmente. Será clave el acto de la apertura del año judicial, que juntará a primeros de septiembre al Rey Felipe VI, a la presidenta del Poder Judicial –Isabel Perelló– y al procesado García Ortiz en una incómoda fotografía si nadie lo remedia.

La situación presenta un precedente judicial sin antecedentes: nunca antes un fiscal general del Estado había sido procesado mientras ejercía el cargo. La decisión del Supremo abre ahora la vía hacia el juicio oral, donde Pilar Rodríguez, como testigo ya exculpada, deberá declarar sobre los hechos que han llevado a su superior al banquillo. Una tesitura procesal que convierte este caso en un auténtico quebradero de cabeza institucional para el Ministerio Fiscal.