Begoña Gómez recurre para intentar evitar que la UCO investigue sus emails de Moncloa

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para evitar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine los correos electrónicos de su cuenta oficial en Presidencia del Gobierno desde julio de 2018, fecha del nombramiento de su asesora Cristina Álvarez.

El recurso, presentado el lunes y dirigido por el ex ministro socialista Antonio Camacho, busca anular la orden del juez Juan Carlos Peinado que requiere a Moncloa entregar estos emails para su análisis en el marco de la investigación por presunta malversación en la contratación de la asesora.

La defensa argumenta que la providencia judicial «carece de cualquier motivación» y sólo hace referencia a cómo llegó el correo electrónico al conocimiento del juzgado, sin justificar adecuadamente la medida adoptada.

En este contexto, Begoña Gómez se negará a declarar en su nueva citación judicial este miércoles ante Peinado hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre su recurso. Actualmente figura como investigada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, acusando a Begoña Gómez de aprovecharse de su posición para recomendar empresarios en licitaciones públicas. Posteriormente se han añadido otras líneas de investigación por denuncias de HazteOir y Vox.

Paralelamente, el juez Peinado ha solicitado a las defensas de los tres investigados principales (Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) que comuniquen su disponibilidad entre el 8 de septiembre y el 16 de octubre para evitar nuevas suspensiones de las diligencias, después de varios cambios de fecha por conflictos de agenda.

Por su parte, Cristina Álvarez ha presentado su propio recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que se anule su imputación por malversación. Su defensa argumenta que no puede considerarse delito de malversación el haber enviado correos como asesora de Gómez, y critica al juez Peinado por «desobedecer» criterios previos de la Audiencia Provincial y cambiar de postura sin nuevas evidencias que lo justifiquen.

La defensa de Álvarez sostiene que prestó las funciones para las que fue contratada y que las esposas de todos los presidentes del Gobierno han contado históricamente con asistentes personales, recordando que anteriores asesoras tuvieron salarios superiores al suyo.

Más argumentos

El recurso de Antonio Camacho se centra precisamente en la investigación por presunta malversación relacionada con la asesora. Las funciones de la empleada pública incluían, según certificación oficial, «la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones» y «la gestión y administración de las comunicaciones».

Los tres correos controvertidos, dice el letrado, «hacen referencia a cuestiones relativas a actos a los que debía acudir» Begoña Gómez. Sólo uno contiene una posdata personal: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra».

La defensa sostiene que «la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta» constitutiva de malversación. Considera «extraordinariamente extensiva» esta interpretación del Código Penal.

Las condiciones laborales de Álvarez eran de «plena disposición, es decir, 24 horas 7 días a la semana» para coordinar la seguridad de Gómez. Su horario laboral «excede de las ocho horas que establece la Legislación Laboral», según el escrito.

El recurso critica la «extensión temporal a todas luces exorbitante» de la medida, que abarca más de ocho años de correspondencia. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la protección del «núcleo más profundo de intimidad» que supone el acceso a comunicaciones electrónicas.

La defensa menciona que «prácticamente todo lo que constituía el ámbito más íntimo» de Gómez «ha sido publicado en la prensa, en algunos casos, sin ninguna limitación». Incluye «datos personales, saldos en sus cuentas bancarias y certificado de matrimonio».

El documento critica la falta de cautelas para proteger la intimidad, especialmente considerando la «repercusión mediática indiscutible» del caso. Invoca la Ley de protección de datos personales tratados para fines penales.

La causa principal acumula «19 tomos de actuaciones» tras casi dos años de investigación. Han declarado «decenas de testigos e investigados», pero según la defensa «no hay el más mínimo indicio de la intervención» de Gómez en procesos de contratación pública.

La defensa considera la investigación «ciertamente exorbitante» y compara el caso con si «en relación con la comisión de un delito de falsedad documental por parte de un ciudadano se investigara todos los documentos emitidos por el mismo». Recuerda que el Supremo ha expresado dudas sobre «si la fuerza de trabajo puede ser un elemento susceptible de malversación» en su un auto de 2025.