Adif lleva desde mayo sin entregar documentos sobre el robo de cobre en el AVE que dejó tiradas a miles de personas

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) lleva desde mayo de 2025 sin remitir la documentación solicitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) sobre un robo con fuerza que habría afectado a las infraestructuras del AVE.

La falta de respuesta de la entidad pública empresarial mantiene bloqueada la fase final de instrucción de un procedimiento judicial en el que dos personas han estado en prisión provisional desde julio pasado –y uno aún sigue–, acusadas de la sustracción de material conductor que provocó graves interrupciones en el servicio ferroviario de alta velocidad. Miles de personas se quedaron tiradas por ese robo que el Gobierno de Pedro Sánchez apuntó sin pruebas que era un sabotaje político contra el PSOE. Eran delincuentes comunes de «poca monta» con múltiples antecedentes y sin intereses políticos.

Fuentes jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) informan a OKDIARIO que la instrucción del procedimiento judicial está en fase muy avanzada, estando el juzgado a la espera de recibir documentación solicitada a Adif. Esta demora administrativa contrasta con la celeridad con la que se ha actuado desde la Guardia Civil contra los presuntos responsables del delito.

Las diligencias previas se abrieron en mayo de 2025, tras la recepción de un atestado de la Guardia Civil que ha dado cuenta de la investigación sobre la posible comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas. El robo afectó al AVE Madrid-Sevilla, causando un perjuicio económico considerable y alteraciones en el tráfico de decenas de trenes.

El 4 de julio de 2025, dos personas fueron puestas a disposición judicial por su relación con los hechos investigados. Tras tomarles declaración, el juzgado instructor decretó para ambas «prisión provisional comunicada y bajo fianza». Esta medida cautelar excepcional refleja la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que representaban los detenidos.

La sustracción de cobre de las infraestructuras ferroviarias constituye un delito recurrente en España que genera graves problemas operativos. El cobre se ha convertido en un material codiciado por su alto valor en el mercado de chatarra, lo que ha incentivado estas prácticas delictivas.

Uno de los investigados presentó el 29 de diciembre de 2025 una fianza de 8.000 euros y ha quedado en libertad provisional. En enero de 2026 se han establecido para esta persona varias medidas cautelares: obligación de comparecencia ante el juzgado de manera semanal; prohibición de salida del territorio nacional; retirada del pasaporte; y prohibición de expedición del pasaporte.

El otro investigado continúa en la misma situación procesal establecida en julio de 2025, es decir, permanece en prisión provisional comunicada desde hace más de siete meses. Mientras que en el accidente de Adamuz todavía no hay ningún

La documentación que el juzgado ha solicitado a Adif resulta crucial para completar la instrucción. Aunque no se ha especificado el contenido exacto de lo requerido, previsiblemente incluiría informes técnicos sobre los daños causados, valoración económica de los perjuicios, registros de acceso a las instalaciones y cualquier otra evidencia relacionada con las infraestructuras afectadas.

La demora de Adif en remitir esta información resulta especialmente llamativa si se considera que han transcurrido más de nueve meses desde la apertura de las Diligencias Previas. Este caso se acumula al de Adamuz, que centra todas las miradas por la mala gestión del Gobierno de España y, en particular, de Adif.

La sustracción de cobre conductor afecta directamente a la catenaria, el sistema que suministra electricidad a los trenes a través de cables suspendidos sobre las vías. Cuando se produce un robo de estas características, es necesario interrumpir la circulación, reparar los daños y verificar la seguridad antes de restablecer el servicio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz ha pasado a denominarse Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, tras la reciente reorganización de la planta judicial española. Esta reforma ha supuesto cambios en la estructura y nomenclatura de los órganos judiciales.

Según fuentes del TSJ de Castilla-La Mancha el órgano judicial ha tenido que gestionar en los últimos meses varios juicios con jurado que han durado semanas, además de toda la intendencia de los nuevos Tribunales de Instancia. Esta circunstancia ha complicado la tramitación ordinaria de los procedimientos.

El caso de Orgaz refleja un problema más amplio: la dificultad de coordinación entre administraciones públicas cuando intervienen en procesos judiciales. La dilación en la remisión de documentación no sólo afecta a la eficacia de la justicia, sino también a los derechos de todas las partes implicadas.