Agencias de calificación

¿A quién paga el Gobierno por evaluar la solvencia de España?

Pablo Casado, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en un debate electoral televisado.

Las grandes agencias crediticias estadounidenses Moody´s, Fitch y S&P examinaron el perfil crediticio de España en los peores y mejores momentos económicos del país. Sin embargo, el Gobierno fue rompiendo con todas ellas de forma gradual hace tres años. La primera que no renovó su contrato fue Moody´s, en 2016. Después, en el 2017, le llegó el turno a Fitch; y un año más tarde a S&P.

¿El motivo? La situación económica. “Consideramos que no es necesario trabajar con todas ellas, dado el clima de confianza que existe en la economía española», alegaba entonces el Ministerio de Economía liderado por Luis de Guindos. En la actualidad, el Gobierno sólo mantiene el contrato con la agencia crediticia canadiense DBRS Morningstar, que ha otorgado a España un rating de en ‘A’, con perspectiva ‘positiva’.

En su último informe emitido a finales de septiembre, DBRS Morningstar reconocía que existían «signos de desaceleración», aunque esperaba que la economía española siguiera creciendo a un ritmo relativamente fuerte.

Antes de la ruptura contractual con las agencias más agencias más influyentes, el Ejecutivo llegó a desembolsar cerca de medio millón de euros anuales sólo para pagar los servicios de Moody’s y S&P. El acuerdo firmado con ellas incluía un contrato anual fijo, y otros contratos por cada emisión de letras que se realizara.

Aunque el Ejecutivo no paga por los servicios de calificación, las agencias siguen elaborando informes y evaluando la deuda soberana española. Lo hacen como «rating no solicitado», lo que supone que trabajan sólo con la información pública que esté disponible.

Intereses cuestionados

El trabajo de las agencias crediticias ha estado siempre cuestionado, ya que es el propio emisor (gobiernos, ayuntamientos o entidades privadas) el que contrata los servicios de las agencias. Es decir, existe una relación profesional entre ambas partes, lo que pone en entredicho la independencia y la objetividad de su trabajo.

La falta de credibilidad de las agencias llegó a su máximo exponente en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers. Justo antes del colapso del banco de inversión, S&P le otorgaba una de las mejores calificaciones: A+1. Entonces, la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera de EEUU calificó a las agencias de “facilitadores clave de la crisis financiera”, y muchos países comenzaron a prescindir de sus servicio.

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