La quiebra de Banco Popular: dudosa gestión de su cúpula directiva y cientos de afectados

Los accionistas de Banco Popular no van a olvidar 2017. En el mes de junio la entidad de Emilio Saracho era intervenida por la JUR, la daba por quebrada y se la brindaba a Banco Santander por un simbólico euro. La caída de Popular ha acaparado miles de portadas en los medios de comunicación de todo el mundo, desde luego solo a la altura de uno de los bancos más señalados del sector financiero: Monte dei Paschi di Siena. 

Ni la endeble situación de la banca italiana impidió al Popular convertirse en el primer banco en ser intervenido por la Junta Única de Resolución (JUR), una operación que, desde su anuncio el 7 de junio, despertó una oleada de acciones por parte de inversores, afectados por la reducción a cero de sus acciones, que han llevado ante la justicia la gestión de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Una amortización «de la noche a la mañana», sostienen parte de los 300.000 perjudicados, que en los meses siguientes optaron por recurrir la resolución ante la justicia nacional y comunitaria, ante las que reprochan la injerencia de Europa, pero también su sincretismo en relación al expediente que dio lugar a la toma de esta decisión.

Como tantas veces en las grandes batallas de la historia, el verano no hizo sino aumentar la presión en los múltiples frentes abiertos para el Popular, especialmente en la vía contencioso-administrativa, a la que acudieron en masa los inversores para impugnar la operación.

Seis meses después, ningún tribunal, ni la sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional, ha estimado anularla de forma cautelar como solicitaban unos recursos de los que no se esperan novedades hasta 2018.

Así lo explica a Efe el socio de Cremades y Calvo Sotelo Alberto Ruiz Ojeda, representante de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), quien destaca que el ordenamiento español no está sujeto al reglamento 1049/2001, que reconoce el carácter confidencial de documentos públicos que puedan afectar a la estabilidad financiera.

Ello supone una dicotomía para la Audiencia Nacional, que, si bien ha emplazado al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) a que dé traslado del expediente, podría plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que sea éste el que decida.

Hasta hace unas semanas, no habían faltado las negativas de la JUR a hacer público el informe de la consultora Deloitte, que atribuyó al Popular un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones, como manifestó su propio panel de recursos, que se declaró incompetente para decidir acerca de la avalancha de demandas. Pero a finales de noviembre, el organismo flexibilizaba su postura y comunicaba que facilitaría el acceso a parte de la documentación, reservando el contenido que considere oportuno.

Aunque 1.580 kilómetros la separan de la capital comunitaria, desde Madrid no cesa la expectación en torno a una decisión que, sostienen los expertos, podría allanar el resto de acciones, incluida la penal, donde se encuentran investigadas las dos últimas cúpulas del banco.

Falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida son algunos de los delitos denunciados por las acusaciones en querellas ya admitidas a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó en octubre la división de la causa en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e informaciones presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones.

Todavía se desconocen las citaciones, pero además de Ron y Saracho desfilarán ante el magistrado sus respectivos consejos de administración y la firma auditora PwC en el marco de una causa que, para la opinión pública, viene a ocupar el vacío dejado por el caso Bankia. Como sucediera en éste, los accionistas del Popular tampoco han dudado en acudir a los procedimientos civiles para de verse resarcidos por la pérdida de sus inversiones.

Un camino más enderezado que los anteriores, aseguran, y en el que confían que se produzcan pronto novedades que permitan «ganar una batalla», apunta el abogado Felipe Izquierdo, consciente de que «la guerra será más a largo plazo». Entre las contiendas está el conflicto de competencia pretendido por el banco, que en diversas declinatorias alegaba «falta de jurisdicción internacional para enjuiciar y resolver este procedimiento».

Argumentos que recientemente ha refutado una magistrada de Barcelona, donde se concentra el mayor número de casos, tras asumir el criterio de la Fiscalía, que defendió que debían ser los juzgados españoles los que investigaran las demandas contra una entidad «que proporcionó datos sobre su estado financiero que no correspondían con el real» en la oferta de la ampliación de capital.

En esta vorágine judicial también ha tenido cabida la estrategia mercantil para declarar el concurso necesario del Popular, una propuesta rechazada en primera instancia y que actualmente se encuentra pendiente de recurso.

Cuatro vías, un mismo destino: conocer los motivos por los que se acordó la resolución del banco, una información clave para los inversores, que lamentan la diferencia de trato por parte del alto tribunal europeo, el cual ha concedido a la JUR hasta el próximo febrero para que ultime su línea de defensa.