Nuevo retraso: Bruselas espera 5 días después que el Gobierno le remita su documento para topar el gas

Hace seis días el Gobierno aprobó el conocido como ‘tope al gas’ que debería permitir abaratar la factura de la energía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, dio luz verde a estas medidas mediante un Consejo de Ministros extraordinario. Pero cinco días después, pese a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), todavía no se ha remitido el documento a Bruselas, que tiene que dar su beneplácito previo a la aplicación de las rebajas en la factura. Este trámite, apuntan fuentes comunitarias consultadas por este periódico, nunca será antes del miércoles de la semana que viene -suponiendo que el ministerio de Ribera lo envíe a la Comisión Europea antes del viernes-.

Moncloa se lanzó a la piscina al dar forma legal a la norma pese a no tener el respaldo definitivo de Bruselas. Y es que lo que los servicios de Competencia de la Comisión Europea habían trasladado a Madrid y Lisboa era un «análisis preliminar», según una portavoz de la CE, ya que todavía había información pendiente. Esa información es la que el Gobierno está pendiente de remitir a la capital comunitaria. Energía envió a las dos capitales una «carta de conformidad» en la que las autoridades comunitarias garantizan que darían su visto bueno definitivo si la normativa final se ajusta a lo notificado. Una vez Bruselas remita esa información, al ya estar aprobada en Consejo de Ministros y publicada en el BOE, su aplicación será más o menos inmediata.

Los trámites

El BOE publicó el sábado el Real Decreto-Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros por el aumento de la demanda derivada de las temperaturas más bajas. La publicación en el Boletín Oficial del Estado debería dar validez legal a la norma aunque, en este caso, requiere antes del visto bueno de Bruselas.

Una vez la Comisión Europea anuncie formalmente su respaldo a la norma, lo que podría retrasarse hasta unas dos semanas más -en función de los plazos del envío de la documentación por parte de Moncloa-, esta supondrá una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos y para el 70% para los industriales. Cuando la reunión de comisarios otorgue su beneplácito al texto español, su entrada en vigor deberá ser rubricada por una orden de la ministra Teresa Ribera que hará efectiva su aplicación.