Los nueve delitos que imputan a Montoro: así operaba la trama para torcer leyes a favor de las gasistas

El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha terminado imputado tras una investigación de 8 años en el juzgado nº 2 de Tarragona, igual que ha ocurrido con todo su equipo, por diferentes delitos, y se les atribuye una estructura de «organización criminal». Se le suponen 9 delitos relacionados con la manipulación de leyes en favor de empresas gasistas.

La investigación desvela un sistema orquestado desde el despacho Equipo Económico, fundado por el propio Cristóbal Montoro, que habría servido de nexo entre altos cargos del Ministerio de Hacienda y grupos empresariales beneficiados por modificaciones normativas clave, que el propio ministro se habría encargado de retorcer para beneficiar a quienes pagaban al despacho, por lo que se les atribuye hasta 9 delitos..

El diseño para manipular leyes públicas

El magistrado sostiene que la red estaba jerarquizada y estructurada, con una clara división de roles, lo que le permite atribuir a los implicados en la trama Montoro la comisión de nueve delitos:

• Cohecho: empresas del sector gasista agrupadas en AFGIM realizaron pagos por valor de 779.705 euros a Equipo Económico (despacho que fundó Cristóbal y que dejó durante su etapa de ministro a su hermano Ricardo y a sus socios) entre 2011 y 2019. El juez considera que esos pagos fueron sobornos encubiertos para conseguir reformas fiscales favorables, no servicios de asesoría reales.
• Prevaricación: la red logró introducir modificaciones legislativas en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (2013) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE, 2018), con el fin de reducir cargas fiscales a estas empresas. El juez apunta que las decisiones fueron adoptadas “a sabiendas de su injusticia”, elaboradas incluso con la participación directa de las empresas afectadas.
• Fraude a la Administración: Las decisiones adoptadas causaron un perjuicio económico a las arcas públicas y se basaron en informes supuestamente técnicos que, en realidad, estaban confeccionados o modificados por los propios beneficiarios o sus asesores en Equipo Económico.
• Tráfico de influencias: el despacho de Montoro usó su posición privilegiada para mediar entre empresas y altos funcionarios de Hacienda, y habría cobrado por conseguir contactos, acelerar trámites o diseñar textos legales a medida.
• Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos: algunos miembros de la trama participaron en decisiones públicas mientras mantenían intereses privados o vínculos con el despacho Equipo Económico, lo que infringe el principio de imparcialidad administrativa.
• Corrupción en los negocios: las consultoras contratadas para realizar informes técnicos cobraban entre 7.000 y 8.000 euros, pero luego Equipo Económico los vendía a las empresas gasistas por más de 80.000 euros, según los correos intervenidos. La operación suponía un margen del 1.000% y encubría una cadena de favores.
• Falsedad documental: algunos de los informes entregados por el despacho no fueron elaborados por sus miembros, sino por consultoras externas, o fueron directamente retocados por los clientes y empresas, tratando de simular autenticidad y ocultando la autoría real.
• Organización criminal: el juez describe un entramado con funciones compartimentadas. Algunos miembros buscaban clientes, otros escribían informes, otros gestionaban las relaciones institucionales, y los ex altos cargos ejecutaban las medidas. Todos compartían el objetivo de influir en normas públicas con ánimo de lucro.
• Blanqueo de capitales (en fase de estudio): aunque este delito aún está bajo investigación, el uso de sociedades instrumentales, como la empresa de Covadonga Gómez (encargada de emitir facturas de manera opaca), hace sospechar que los beneficios de la trama fueron canalizados mediante estructuras destinadas a dificultar su rastreo.

Los nombres y la instrucción

Entre los investigados por estos nueve delitos figuran Miguel Ferré, exsecretario de Estado, Pilar Platero, exsubsecretaria de Hacienda, Felipe Martínez, exdirector de Tributos, Santiago Menéndez, exdirector de la Agencia Tributaria y varios exdirectores generales y asesores del gabinete de Montoro Además, también están imputados administradores de Equipo Económico, consultoras intermediarias y las propias empresas gasistas que pagaron los servicios: Air Liquide, Carburos Metálicos, Praxair y Abelló.

El juez se basa en correos electrónicos, informes intervenidos y testimonios que demuestran que la AFGIM participó directamente en la redacción de textos legislativos que luego eran elevados al BOE tras pasar por Hacienda. En uno de los casos más llamativos, se demuestra que una reforma del IAE fue redactada por un cliente del despacho de Montoro y luego validada como normativa pública.

El procedimiento judicial se encontraba bajo secreto desde hace siete años y ha sido desbloqueado este julio. El magistrado considera que la organización no sólo buscaba favorecer a un cliente, sino que se estructuró con vocación de permanencia y ánimo de lucro, operando desde los gobiernos de Aznar hasta los de Rajoy.

Montoro se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular tras conocerse la imputación. Desde su entorno aseguran que «no hay pruebas incriminatorias directas», mientras que el PP defiende la presunción de inocencia de sus ex dirigentes. El actual Gobierno ha calificado el caso como una “Kitchen fiscal”, donde se prostituyó la acción legislativa del Estado al servicio de intereses privados.

En definitiva, el juez instruye un macrocaso con 27 personas físicas y 6 jurídicas bajo sospecha, que sitúa a Cristóbal Montoro como eje central de una organización criminal orientada a manipular leyes públicas.