Montoro, imputado por beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas siendo ministro de Hacienda

Un juez de instrucción de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por encabezar una presunta trama que habría favorecido a grandes empresas gasísticas a través de modificaciones legales mientras ocupaba el cargo en el Gobierno. El auto judicial detalla que Montoro, junto a su antiguo equipo ministerial y miembros de su despacho privado de asesoría, pudo tejer una red de influencias destinada a obtener beneficios económicos a cambio de cambios normativos favorables.

En total, se investiga a 28 personas físicas y seis empresas por delitos que abarcan desde cohecho y fraude contra la administración pública hasta tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad documental. La investigación apunta a un “entramado perfectamente estructurado” en el que cargos públicos, altos funcionarios y asesores habrían actuado de forma coordinada para servir intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas millonarias.

Red de influencias de Cristóbal Montoro

Según consta en el auto, la presunta red operaba aprovechando la posición institucional de Cristóbal Montoro y de varios de sus colaboradores más cercanos en el Ministerio de Hacienda. Entre los imputados figuran altos cargos de su etapa como ministro: Miguel Ferré, Pilar Platero, Diego Martín‑Abril, José Alberto García, Óscar del Amo, Rogelio Menéndez, José María Buenaventura y Santiago Menéndez. Todos ellos habrían intervenido en distintas fases del proceso legislativo para impulsar cambios normativos favorables a las empresas gasísticas implicadas.

El juez también imputa a varios socios del despacho Equipo Económico —actualmente renombrado como Global Afteli—, fundado por el propio Montoro antes de ser ministro y que mantuvo una posición de privilegio en los años siguientes. Entre los señalados están Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras.

Las empresas presuntamente beneficiadas por este tráfico de influencias serían Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y la Sociedad Española de Carburos Metálicos, además de la asociación sectorial AFGIM. Estas compañías habrían contratado los servicios del despacho para lograr la modificación de leyes y reglamentos que les reportarían ventajas fiscales o económicas.

Pagos millonarios y reformas a medida

El juez detalla cómo las empresas gasísticas realizaron pagos por un total de 779.705 euros entre 2011 y 2019 al despacho Equipo Económico. Parte de estos fondos fueron utilizados para contratar a la consultora EY, que elaboraba informes técnicos sobre las reformas deseadas. Sin embargo, los documentos eran revisados y modificados por el propio despacho, que posteriormente los presentaba ante la administración con apariencia de objetividad técnica. Gracias a estas maniobras, el despacho podía facturar hasta diez veces más que la consultora original.

El origen de la causa se remonta a 2018, cuando se detectó un correo electrónico en otra investigación judicial que revelaba un pago a Equipo Económico vinculado a una reforma legislativa impulsada por el Ministerio de Hacienda. A partir de ahí, la UCO de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra comenzaron a tirar del hilo, descubriendo una presunta red organizada que habría operado durante años desde el corazón del Estado.

El auto señala que Montoro no solo utilizó sus “potestades en la iniciativa legislativa” para beneficiar a las empresas clientes de su antiguo despacho, sino que además situó en puestos clave del Ministerio a personas estrechamente vinculadas a él y al despacho, garantizando así que las reformas legales tramitadas respondieran a los intereses de quienes habían efectuado los pagos.

En al menos dos ocasiones, las compañías implicadas habrían abonado una suma económica a cambio de reformas específicas: la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y una rebaja fiscal favorable a las propias empresas gasísticas. El juez subraya que estas actuaciones fueron ejecutadas “con total celeridad” desde el Ministerio tras la recepción de los pagos.

Con la imputación formal de Cristóbal Montoro y su entorno más cercano, el juzgado de Tarragona pone el foco en una presunta trama de corrupción de gran calado, que habría instrumentalizado el poder legislativo y administrativo del Estado en beneficio privado. La investigación continúa con nuevas diligencias y ha levantado ya el secreto de sumario.