La fecha exacta en la que empezará a aplicarse la nueva ley ‘antiokupa’: llegan los desalojos exprés

La problemática de la ocupación ilegal de viviendas, conocida popularmente como ‘okupación’, ha sido uno de los temas más controvertidos en España durante los últimos años. Cunando una vivienda es ocupada sin legitimidad los propietarios enfrentan largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles, mientras que los ‘okupas’ encuentran en la lentitud del sistema un refugio para prolongar su estancia durante meses y en algunos casos incluso durante años.

Sin embargo, un cambio legislativo está a punto de transformar esta situación, poniendo fin a meses de incertidumbre y agilizando los procedimientos legales. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) introduce un sistema de desalojos exprés que promete una respuesta más rápida y eficaz ante los casos de allanamiento y usurpación de viviendas. Este cambio ha despertado tanto esperanza como controversia, marcando un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal. A continuación, exploraremos en detalle qué implica esta nueva ley, cómo afecta a los propietarios y cuándo comenzará a aplicarse.

¿Qué cambia con la nueva ley ‘antiokupa’?

La reforma en cuestión modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando los delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles al procedimiento de juicios rápidos. Esto significa que los casos relacionados con estas infracciones podrán ser resueltos en plazos mucho más cortos que los actuales.

El allanamiento, regulado en el artículo 202 del Código Penal, se aplica cuando se ocupa la primera o segunda vivienda de una persona, un acto que atenta contra su intimidad y seguridad. En estos casos, las fuerzas del orden podrán intervenir en menos de 48 horas si se detecta la ocupación. Por otro lado, la usurpación, recogida en el artículo 245, afecta a inmuebles que no son residencias habituales, y aunque no supone un ataque directo a la intimidad, también podrá ser juzgada con mayor rapidez bajo la nueva normativa.

Actualmente, los procesos de desahucio pueden prolongarse entre 4 y 12 meses, generando frustración tanto en propietarios como en la justicia misma. Con esta reforma, los procedimientos tendrán un límite de 15 días para celebrar el juicio, y una vez finalizado, el juez contará con tres días para emitir la sentencia. Esto supone un avance significativo en la eficiencia judicial.

¿Cómo afecta a los propietarios?

Para los propietarios, la nueva ley representa un alivio frente a un sistema que hasta ahora parecía estar diseñado en su contra. En los casos de allanamiento, la intervención inmediata por parte de la policía será crucial para minimizar daños y garantizar la recuperación de la vivienda en tiempo récord.

En casos de usurpación, aunque el proceso seguirá dependiendo de un juicio, la reducción de los plazos implica menos tiempo de espera para desalojar a los ocupantes ilegales. Esto también reduce los costes asociados a largos litigios, una preocupación recurrente entre los afectados.

Sin embargo, no todos los casos se beneficiarán de esta ley. Situaciones donde la ocupación derive de contratos de alquiler vencidos o problemas de vulnerabilidad social seguirán requiriendo procesos más complejos.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley ‘antiokupa’?

La aprobación de esta reforma ha seguido un proceso legislativo intenso. En noviembre de 2024, el Congreso de los Diputados dio su visto bueno al texto, que ahora se encuentra en el Senado. Según el procedimiento habitual, el Senado dispone de un plazo de dos meses para debatir, aprobar o modificar la propuesta. Con la mayoría necesaria ya asegurada, se espera que la aprobación definitiva ocurra a mediados de enero de 2025.

Una vez superado este paso, el texto será sancionado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La entrada en vigor se prevé para el mes de febrero de 2025, momento en el cual los desalojos exprés pasarán a ser una realidad en España.

Críticas y desafíos de la nueva normativa

A pesar de las expectativas positivas, esta reforma no ha estado exenta de críticas. Por un lado, asociaciones de derechos sociales advierten que la falta de estudios de vulnerabilidad podría dejar a personas en situación de exclusión social sin alternativas habitacionales. Por otro lado, hay quienes consideran que la reforma no aborda de manera integral la raíz del problema, que incluye desde la falta de vivienda accesible hasta la desigualdad económica.

Además, las audiencias provinciales han señalado la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales en la justicia para garantizar que los plazos prometidos sean cumplidos sin comprometer la calidad de los procesos.

En definitiva, la entrada en vigor de la nueva ley ‘antiokupa’ marca un cambio trascendental en la lucha contra la ocupación ilegal en España. Los desalojos exprés prometen ser un instrumento eficaz para proteger los derechos de los propietarios, reduciendo los plazos y eliminando trabas burocráticas. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá en gran medida de su correcta implementación y de un equilibrio adecuado entre la justicia rápida y la protección social.