Vox propone a Ayuso crear un registro de okupas y un servicio externo para desalojos exprés

El grupo Vox en la Asamblea va a registrar dos enmiendas en el pleno del jueves en la Asamblea para frenar la okupación ilegal. Por un lado, la diputada Raquel Barrero ha pedido la creación de un servicio externo de desokupación de inmuebles para proteger el derecho a la propiedad privada de los propietarios y también la creación de un registro de Okupas e Inquiokupas que minimice la reincidencia, especialmente en las inquiokupaciones.

El partido de Santiago Abascal exige así desalojos inmediatos y el endurecimiento de las penas para los okupas. La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, lleva tiempo defendiendo que la okupación es uno de los principales problemas de la Comunidad de Madrid porque en 2015 se «rebajó» este delito en el Código Penal y generó que los propietarios tengan «cada vez más inseguridad jurídica».

«Creemos que la Ley de Vivienda ha sido nefasta, precisamente para la vivienda también en Madrid. Hemos visto cómo la inseguridad jurídica, la desprotección de los propietarios ha hecho que cada vez haya menos viviendas en el mercado del alquiler, lo que ha hecho encarecer los precios de la vivienda», ha planteado la nueva portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas.

En este sentido, la hoja de ruta de Vox pasa por reducir impuestos autonómicos a la compra de vivienda, no entregar inmuebles a okupas y la promoción de más vivienda pública y privada tras haber liberado «todo el suelo que no esté medioambientalmente protegido».

Gobierno regional

Desde el Gobierno regional manifiestas que su intención es la de luchar «a todos los efectos» contra este fenómeno de la okupación, pero al mismo tiempo señalan al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por ser quien tiene las «competencias de seguridad» y que «no se sabe lo que está haciendo» al respecto, aseguró este verano el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.

Por otro lado, pidió a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el desbloqueo de la ley «antiokupación» presentada por el PP y aprobada por el Senado, para que los desalojos de viviendas okupadas se produzcan en menos de 24 horas. El consejero calificó este fenómeno de «lacra» y «ataque constante al derecho que tienen los ciudadanos a la propiedad privada».

Reforma en el Congreso

La preocupación por la ocupación ilegal de viviendas, ya sea por parte de okupas o de los conocidos como ‘inquiokupas’, ha aumentado en los últimos años, generando incertidumbre entre los propietarios. Consciente de esta problemática, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una reforma que promete agilizar los desalojos en casos de allanamiento y usurpación de morada.

Sin embargo, esta modificación legislativa deja fuera una situación igual de angustiante dado que también ha aumentado en los últimos años: los inquilinos que dejan de pagar la renta pero continúan ocupando el inmueble, generando conflictos que deben resolverse en la vía civil. Con esta nueva legislación, se busca ofrecer soluciones más rápidas a los propietarios afectados por la ocupación ilegal. Sin embargo, su alcance es limitado, y muchos propietarios siguen enfrentando largos procesos judiciales frente a inquilinos morosos. A continuación, desgranamos en detalle qué cambia con la nueva ley, qué queda fuera y qué pueden hacer los propietarios frente a los ‘inquiokupas’.

El pasado mes de noviembre de 2024, el Congreso aprobó una enmienda introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) como parte del proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Esta enmienda modifica el artículo 795.1 del Código Penal para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten mediante juicios rápidos. En términos prácticos, esto significa que, desde que se interpone la denuncia, los procedimientos judiciales pueden resolverse en tan sólo 15 días tras la celebración del juicio.

El objetivo principal de esta reforma es reducir el tiempo medio de resolución de estos casos, que actualmente se sitúa en 20,5 meses según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, se busca facilitar los desalojos en inmuebles ocupados ilegalmente, siempre que se demuestre el allanamiento o la usurpación de la propiedad.