Bruselas acusa a TikTok de tener un diseño «adictivo» que vulnera la ley servicios digitales

Bruselas ha puesto el foco en TikTok. La Comisión Europea ha acusado formalmente a la red social china de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no adoptar las medidas necesarias para proteger a sus usuarios, especialmente menores, del daño «físico y emocional» derivado del diseño deliberadamente «adictivo» de su plataforma. La sanción que se cierne sobre la compañía podría alcanzar hasta el 6% de su volumen de negocio global anual.

La investigación preliminar de los servicios comunitarios señala directamente a prácticas que, según Bruselas, generan dependencia entre los usuarios más jóvenes: el «scroll infinito», la reproducción automática de vídeos, las alertas de notificaciones constantes y un sistema de recomendaciones altamente personalizado que mantiene enganchados a los usuarios durante horas.

«La adicción a redes sociales puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de los niños y adolescentes y la DSA hace a las plataformas responsables de los efectos que puedan tener en sus usuarios», ha advertido con dureza la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Según la normativa europea, las plataformas digitales están obligadas a evaluar los riesgos que plantean sus servicios y a implementar medidas correctivas efectivas. Sin embargo, fuentes comunitarias son contundentes: las acciones tomadas por TikTok hasta la fecha son «claramente insuficientes».

La multa potencial, hasta un 6% de la facturación global, representa un golpe millonario para ByteDance, la matriz china de TikTok, en un momento en que la compañía ya enfrenta presiones regulatorias en múltiples jurisdicciones por cuestiones de seguridad nacional y protección de datos.

La ofensiva europea contra el gigante chino refleja la creciente preocupación de las autoridades occidentales por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores y marca un precedente en la aplicación de la DSA, la legislación más ambiciosa de la UE para regular el entorno digital.