Ribó sólo consigue que se sumen a su plan de alquiler 18 de un total de 57.000 viviendas en 3 años

El plan del alcalde de Valencia Joan Ribó -Compromís- para sacar al alquiler pisos vacíos para un alquiler por 4 años a cambio de que el Ayuntamiento sufrague la reforma a sus propietarios hasta un máximo de 20.000 euros, sólo ha conseguido atraer a tres propietarios hasta la fecha en este 2022, lo que marca una curva claramente descendente desde su puesta en marcha 2020, cuando captó a 9 propietarios, que en la edición de 2021 se redujeron a 6 y ahora se han quedado en 3 a la espera del cierre del ejercicio actual, en diciembre. En cifras absolutas, el denominado Plan Reviure (Plan Revivir) agoniza: sólo 18 de las 57.195 viviendas vacías, tomando como referencia los registros de 2020, se han sumado en 3 años al plan de Ribó para sacar al alquiler esos pisos vacíos pese a las subvenciones.

Ni siquiera la garantía del pago del alquiler que presenta esta nueva edición -el Consistorio se convierte en arrendatario y subarrienda a la vez la vivienda- ha logrado despertar el interés de los propietarios valencianos.

La política de Vivienda de Joan Ribó no cala entre los valencianos. Hace tres años, en 2020, el alcalde de Valencia, quiso poner en marcha un plan al que denominó Plan Reviure (Plan Revivir), que en esencia contemplaba subvenciones para arreglar los pisos a sus propietarios a cambios de que estos los dedicaran a alquiler social durante un periodo de 4 años y lo incluyeran así en la red de alquiler a precio asequible, que ponía en marcha su ayuntamiento.

Pretendía ser un elemento amortiguador del encarecimiento del alquiler y contemplaba subvenciones de hasta un máximo de 20.000 euros para adecuar y actualizar esas viviendas en un mercado que, según Ribó defendió entonces, tendía a un sistema «más europeo»: el del alquiler. El planteamiento, desde el punto de vista financiero, era el siguiente: cuanto más se incremente la oferta de alquiler, más bajarán los precios. Una suerte de intervencionismo en el mercado inmobiliario que, a tenor de los resultados, no ha dado sus frutos: De los 57.195 pisos vacíos registrados en la ciudad en esos momentos, sólo nueve propietarios se sumaron a la iniciativa.

En aquel entonces, Ribó fundamentó su iniciativa en los resultados de un barómetro municipal que, en esencia, sostenía que más del 89% de los encuestados estaba a favor de rehabilitar viviendas para alquilarlas y que el 60% de los propietarios de viviendas deshabitadas no las ponía en el mercado por cuestiones como que no estaba en condiciones óptimas.

Con estos datos y la interpretación que hizo, Ribó arrancó el citado plan, destinado a viviendas que debían estar un año vacías y contar con el certificado de eficiencia energética, por ejemplo, además de bien dotadas y tener cocina y baño. El Ayuntamiento se constituía entonces en una especie de mediador entre arrendador y arrendatario, pero el propietario debía aceptar que el inquilino fuera quien el Consistorio le propusiese y con la cantidad en concepto de alquiler que el Consistorio considerase dentro de unos límites.

Para ello, Ribó habilitó una partida de 500.000 euros, con la que poder adaptar en torno a un máximo de 25 viviendas: sólo nueve propietarios, la tercera parte de los previstos, dieron el paso adelante. Por tanto, apenas se consumieron 180.000 de esos 500.000 euros inicialmente presupuestados. Peor suerte corrió la iniciativa en 2021, cuando el número de propietarios interesados por el proyecto se redujeron a 6. Por tanto, un tercio menos que los del año anterior. Y sólo 120.000 euros consumidos. Y todo ello, con un alquiler máximo de 600 euros.

Recortes

Pero en 2022, la cosa ha empeorado aún más. Según ha denunciado el Grupo Popular en el Ayuntamiento, sólo tres propietarios han respondido a la iniciativa municipal en lo que va de ejercicio. Y ello, a pesar de que el Ayuntamiento ya no es mediador, sino arrendatario. Es decir, que además de adecuar la vivienda, la alquila y, luego, la subarrienda. Lo hace para ofrecer todas las garantías de cobro a los propietarios. 

Las perspectivas planteadas desde Compromís tampoco son las de años anteriores. Aquel presupuesto de 500.000 euros de hace 2 años se ha reducido a 200.000: un recorte del 60%, lo que el PP ha entendido que supone «el reconocimiento de facto del fracaso del plan», según ha sostenido la concejala portavoz del PP, María José Catalá.

Pero no es esta la única crítica de la oposición municipal, que ha cuestionado también al alcalde por gastar 8.000 euros en diseño de campañas del citado plan. El PP ha recordado que desde que Joan Ribó es alcalde de Valencia sólo se han construido 6 viviendas de protección oficial (VPO).