Ribó maneja un listado para penalizar viviendas mientras ‘perdona’ el ICIO a la Generalitat

El ‘intervencionismo’ de la ley de vivienda que prepara Sánchez ya funciona en Valencia, donde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por Compromís y PSOE, maneja un listado de inmuebles que pueden ser penalizados en caso de prosperar la citada ley.

Bajo la justificación de cobrar ese recargo a los ‘grandes tenedores de vivienda’, personas o empresas que acumulan más de 10 viviendas vacías y no las incorporan al mercado de alquiler, el Consistorio valenciano ha iniciado ya su ‘intervención’ sobre la vivienda, con la elaboración de un completo listado, en que se incluye cuántas propiedades tienen esas personas o empresas ‘grandes tenedoras de viviendas’, según el Consistorio. El Ayuntamiento de Valencia pretende comenzar a cobrar en apenas unos meses, en 2022, un recargo del 30% en el recibo del IBI a los propietarios de esas viviendas, una vez cruce sus datos con los de otro listado: el de la Generalitat Valenciana, actualmente en elaboración.

Paradójicamente, ese mismo equipo de Gobierno prevé bonificar hasta en un 95% el  Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) de la Generalitat y el Estado. Por tanto, particulares y empresas pueden ser penalizados por sus viviendas vacías, pero Generalitat y Estado pueden ver bonificadas sus construcciones.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia tiene ya el IBI más caro de todas las grandes ciudades. Y, a nivel autonómico, supera en más de 70 euros al IBI medio que se paga en Alicante. Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante ya ha hecho patente por medio de su alcalde que no aplicará la «subida salvaje» del IBI, según dijo recientemente el primer edil alicantino, Luis Barcala. Por el contrario, Valencia sí parece dispuesta a cobrarlo. Y, para ello, ya ha recopilado los datos de propietarios y propiedades.

Además, el Ayuntamiento de Valencia pretende gravar también a algunas instituciones, como es el caso de la Iglesia, en aquellos casos en se evidencie que desarrolla actividades económicas no vinculadas al culto en sus inmuebles, como puede ser un alquiler para un comercio, un colegio o un hospital, que no sean públicos. De hecho, el Consistorio de Valencia y el de Barcelona decidieron hace algún tiempo trabajar juntos para lograr una modificación de la ley de mecenazgo que les permita cobrar el IBI a la Iglesia.

Desde el PP de Valencia recuerdan que el Ayuntamiento sólo ha conseguido entregar las llaves de 5 viviendas sociales en los 6 últimos años, los que lleva Ribó de alcalde. Y critican el «intervencionismo suicida» que genera la ley de vivienda: «va a haber menos vivienda y va a subir más el precio», han augurado los populares.