La ‘okupación’ campa a sus anchas en la Valencia de Puig: 105 denuncias sólo entre julio y septiembre

En el tercer trimestre de 2021 ingresaron en los juzgados valencianos un total de 105 demandas de personas que son víctimas de la ‘okupación’ ilegal de sus viviendas. La cifra, pareja a la del mismo periodo del año 2020, cuando se registraron 108 demandas entre julio y septiembre, evidencia la pesadilla y el drama que viven personas como Pilar, una mujer que lleva gastados 22.300 euros en 950 días manteniendo a unas ‘okupas’ en su casa de Torrevieja. Un gasto que se eleva hasta los 30.000 euros si se cuantifica como tal lo que Pilar ha dejado de percibir en concepto de arrendamiento desde que su casa ha sido okupada.

El caso de Pilar resulta paradigmático y sirve como ejemplo para relatar una dura realidad que viven miles de españoles. En este caso, retrata muy especialmente la realidad que se vive en el territorio valenciano gobernado por el Ejecutivo socialcomunista de Puig, Oltra y Podemos. Se da, además, la circunstancia, de que la política de Vivienda está en manos del vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, el podemita Héctor Illueca.

Hace 950 días que Pilar sufre el calvario de la okupación de una vivienda de la que es propietaria. La vivienda está en Torrevieja, en la zona denominada del Acequión. A Pilar, dos intrusas le okuparon su casa de 60 metros cuadrados. La vivienda pertenecía a una familiar de la propia Pilar. Una prima que, a su vez, tenía el piso arrendado a dos mujeres colombianas. El arrendamiento de estas mujeres concluía en julio de 2019. Pero, la prima de Pilar falleció en abril de ese año, poco antes de que concluyera el contrato. Y, al parecer, cuando aún esas dos mujeres colombianas estaban en la vivienda, se introdujo en ella una tercera mujer, junto a la madre y al hijo de esta última. Las dos mujeres colombianas se marcharon. Pero estas tres últimas personas, que llegaron a última hora según el relato de Pilar, son las que desde entonces y hasta ahora okupan su vivienda.

Hasta en dos ocasiones se ha aplazado o suspendido el lanzamiento de esas tres personas por parte del juzgado. La actual propietaria de la vivienda no sabe qué hacer. Está desbordada. Sufre problemas de salud a consecuencia del sin vivir que le está produciendo lo que sucede. Su cara muestra los efectos de un derrame en uno de sus ojos producido por elevado estrés que le ha generado la situación.

Pero a los problemas de salud, se unen también los económicos. Pilar cuantifica por encima de los 30.000 euros el capital gastado por ella y su marido para resolver la situación así como el montante que las actuales ‘okupas’ debieran haber abonado si hubieran firmado el alquiler que en su día les ofreció ella y jamás llegaron a rubricar. La mujer, aún paga la derrama comunitaria de la piscina.

Su caso no es una excepción. El pasado agosto, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tenía contabilizadas en torno a 1.300 viviendas okupadas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, poco más de la quinta parte de las cerca de 5.000 viviendas okupadas ilegalmente en los últimos 10 años en territorio valenciano.

En cifras absolutas, cada 24 horas, unas 40 viviendas se convierten en casas okupadas en España. Y los casos como el de Pilar se multiplican en el territorio valenciano y fuera de él. La mujer denuncia también el calvario que viven los propietarios que revelan okupaciones ilegales de sus viviendas y que aflora en detalles como el que aún contando con documentos judiciales que acreditan la titularidad de la vivienda, la propietaria se vea obligada en otros trámites relativos al caso a obtener una nota registral que acredita su titularidad para seguir pleiteando.