Las asesorías de okupación se extienden por toda España: hay 40 denuncias al día por usurpar casas

La Organización Nacional de Afectados por la Okupación defiende que en la actualidad existen cerca de 120.000 viviendas que han sido usurpadas a sus legítimos propietarios. La cifra podría resultar más o menos anecdótica si la comparamos con los aproximadamente 20 millones de viviendas familiares que hay en España. Pero es que el problema de la ocupación, según la citada asociación, afecta a cerca de un millón de ciudadanos, y es un fenómeno en alza. En todas las grandes ciudades de España se han instalado las conocidas como Oficinas de Okupación, donde se da consejo a los futuros okupas para utilizar la legislación vigente en su beneficio. Estas oficinas crecen al ritmo del problema de la usurpación de viviendas. El año pasado se calcula que se denunciaron 40 okupaciones al día en España.

«La oficina de okupación es un espacio para ayudar a las personas que deseen okupar una vivienda, poniendo a su disposición las herramientas, el apoyo y los conocimientos de los que disponga la oficina (…) La oficina te va a ayudar a que tú consigas tu propia casa, pero no va a hacerlo por ti. La persona que va a okupar será la que se implique desde el principio hasta el final del proceso». Esta es parte de una de las últimas cartas de presentación de la oficina de okupación de Granada, que, además, en clara alusión a su situación geográfica, decora la misiva con una granada de mano a la que cruza la típica simbología okupa de la flecha en sentido ascendente.

Es este tipo de organizaciones se ofrece lo que ellos mismos definen como «asesoría legal» en materia de okupación de viviendas, aunque también se explica el protocolo más completo para que la entrada en una vivienda ajena perdure en el tiempo. A la vez que estas oficinas crecen, ya se ha detectado su presencia en Zaragoza, Bilbao, Valencia, Barcelona, Murcia y un sinfín de localidades, las cifras de denuncias también se disparan. Y es que ese es el dato verdaderamente revelador, y no el de las diligencias previas, estadística utilizada recientemente por la ministra de Justicia, Pilar Llop, para explicar que la okupación es un problema que decrece y no todo lo contrario. Según Llop, tirando de datos de Fiscalía, las diligencias previas por usurpación se han reducido desde las 12.760 de 2016, hasta las 9.192 registradas en 2020. Correcto pero tendencioso. Los ciudadanos están encontrando la solución a las okupaciones lejos de los juzgados, a través de acuerdos directos con los okupas o usando empresas de intermediación que rozan peligrosamente el territorio de las coacciones.

Casi 15.000 denuncias

Entonces, ¿qué dato se acerca más a la realidad del problema de la okupación? El inmediato. El que se produce nada más conocer la usurpación: las denuncias. Según la asociación de afectados en 2020 hubo casi 14.700 denuncias por okupación de viviendas en 2020. Eso implica una media de 40 denuncias al día, y además supone un crecimiento de más del 40%  en los últimos 5 años. Si no creciera la okupación no crecería la proliferación de las oficinas en las que se informa cómo okupar una vivienda y defender este acto como un derecho y no como un delito.

Para comprender las dimensiones del problema vamos a la práctica. Hace unos días unos vecinos de la barriada de La Mina en Barcelona se encontraron en la escalera de su edificio un cartel insólito bajo el ampuloso título de «ADVERTENCIA LEGAL sobre el uso abusivo del «delito flagrante» y la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales». Este título hace referencia al único argumento que hasta ahora se consideraba válido para evitar una okupación: pillar in situ e in fraganti a las personas que entraban en una propiedad ajena para instalarse en ella.

Según el documento aparecido en el barrio de La Mina y del que OKDIARIO ha conseguido una copia, los okupas aseguraban que «este es, al menos provisionalmente, NUESTRO DOMICILIO, y no tenemos intención de marchar de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que estimen oportuno». El mismo texto asegura que cualquier entrada sin autorización en la nueva casa de los okupas sería denunciada como un delito de allanamiento de morada o violación de domicilio.

Eso sí, lo de pagar la comunidad de vecinos, el IBI o la tasa de recogida de basuras o servicios como la luz o el agua el documento no dice ni mu. Y es que precisamente sobre eso las oficinas de okupación no deben informar.