Aviso a navegantes: miles de propietarios podrían perder su amarre en Baleares si no cumplen esta exigencia

Las Islas Baleares han lanzado un serio aviso a los miles de propietarios que tienen un amarre en cualquiera de los puertos del archipiélago. El Parlament ha aprobado, con el apoyo de todos los partidos políticos, reclamar a PortsIB que penalice a quienes no hagan un uso efectivo de sus amarres que tienen concedidos por parte del Govern.

Se trata de una medida que podría entrar en vigor en los próximos meses en un contexto en el que hay largas listas de espera para conseguir un amarre en los puertos que gestiona PortsIB. Y es que en muchos casos la demanda de amarres supera la oferta disponible en numerosos puertos de las Islas.

Por ello, ahora el Parlament exige medidas urgentes para acabar con este problema que, con el paso de los años, no ha hecho más que agravarse. La Cámara balear busca que los amarres se usen realmente y no queden vacíos mientras alguien los tiene asignados.

En puertos como el de Ciutadella de Menorca hay casi 490 personas en la lista esperando tan sólo 16 amarres disponibles. En Sant Antoni (Ibiza) había más de 500 solicitudes de amarres pendientes antes de iniciar adjudicaciones, con unos 200 puestos disponibles para reducir la lista, mientras que en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), una de las listas era de cerca de 800 solicitantes para muy pocas plazas.

Por otro lado, también se ha dado luz verde a otras cuestiones como pedir a PortsIb que haga públicas las listas de espera para obtener un amarre, a establecer un procedimiento para que la asignación no se conceda al libre albedrío del concesionario sino al usuario que mejor cumpla los requisitos o priorice a las entidades de base asociativa o con una trayectoria consolidada de actividades sociales, deportivas y educativas.

Además, también se han aprobado dos puntos que instan a PortsIb a elaborar un estudio técnico y económico sobre la demanda de amarres por eslora de las embarcaciones para adaptar la planificación portuaria y establecer mecanismos que favorezcan el uso efectivo de los amarres.

Prioridad para residentes

Sin embargo, la Cámara autonómica ha tumbado la propuesta de Més per Menorca que pedía transitar hacia un modelo que priorice la gestión directa de los amarres «por encima de la concesión a operadores privados con ánimo de lucro» o a fijar un precio máximo anual de 1.200 euros para los amarres de embarcaciones de siete metros y a aplicar una disminución proporcional para aquellas de menor eslora.

Tampoco ha salido adelante la posibilidad de instar a PortsIb a «superar» el criterio de antigüedad en la lista a la hora de obtener un amarre y sustituirlo por criterios que valoren aspectos como el empadronamiento o el domicilio fiscal.

Según ha defendido el impulsor de la moción, Josep Castells, la medida permitiría poner en marcha «una cosa tan lógica como que los residentes y contribuyentes tengan prioridad en el acceso a un amarre».