Piden más de tres años de cárcel para una exjefa de Educación de la Junta socialista de Susana Díaz

Los juzgados andaluces no dan abasto con la ingente cantidad de casos que implican a excargos socialistas. El más reciente, el que implica a la exjefa de la Consejería de Educación de la Junta de Susana Díaz, Carmen Liébana; y al exdelegado territorial de la Consejería de Educación Francisco Díaz Morillo (PSOE), entre otros.

Ambos están involucrados en el nombramiento ‘a dedo’ de una profesora para cubrir un puesto docente en el Polígono Sur (Sevilla). La docente, hija del jefe de Inspección del Servicio Educativo de la Junta en Sevilla, no reunía ninguno de los requisitos solicitados para dicho puesto.

La Fiscalía pide tres años y medio de presión, tres años de inhabilitación especial y multas por 10.200 euros para Liébana, la que fuera jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, por delitos de prevaricación y falsedad en documento público; y un año y medio de suspensión de empleo o cargo público y multa de 3.000 euros para el exdelegado de Educación Díaz Morillo.

Elegida «a sabiendas» de la irregularidad

En el escrito elevado el pasado 9 de diciembre al Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla y recogido por Europa Press, la Fiscalía se pronuncia sobre la investigación correspondiente a la designación de profesores de los cuerpos docentes no universitarios para su adscripción al Comisionado del Polígono Sur, para «colaborar con el estudio de las necesidades de dicha zona» desfavorecida de Sevilla, tratándose del barrio con menor renta neta anual por persona de toda España.

A tal efecto, la Fiscalía rememora que el 11 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur, determinando que la Consejería adscribiría durante el curso a cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado.

«El procedimiento indicado en el convenio no establece que la provisión de los cuatro docentes se realizara por el sistema de libre designación, debiéndose en todo caso respetar la normativa vigente y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», recuerda la Fiscalía.

No obstante, para el curso 2014/2015, según la Fiscalía, los representantes del Comisionado propusieron «tres candidatos» y la jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla y acusada en el caso, Carmen Liébana, «excediendo su competencia, propuso verbalmente a la también acusada Anais Sara Moreno Malpartida, pese a conocer que no reunía los requisitos al no ser funcionaria de carrera docente no universitaria ni interina de alguna bolsa de trabajo de la Consejería de Educación», siendo la misma «hija de Alberto Moreno Navarro, jefe de Inspección educativa de la Junta».

Según la Fiscalía, el también acusado Luis Manuel Sanchís, jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, «a sabiendas de lo anterior» y antes de que Liébana formalizase su propuesta, «procedió a inscribir en el sistema integrado de recursos humanos el nombre de Anais Sara Moreno para el nombramiento», tras lo cual Francisco Díaz Morillo, como entonces delegado territorial de la Consejería de Educación, también «a sabiendas de ello y sin hacer comprobación alguna, procedió al nombramiento definitivo» de Anais Sara Moreno, quien por su parte aceptó, siendo consciente de «que carecía de los requisitos necesarios».

La Fiscalía aprecia ante estos hechos dos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento público, solicitando para Carmen Liébana, Luis Manuel Sanchís y Díaz Morillo 3.000 euros de multa para cada uno de ellos por el primer delito de prevaricación y un año y medio de suspensión de empleo o cargo público; la misma pena a Anais Sara Moreno por el otro delito de prevaricación; y tres años y seis meses de prisión, tres años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros a Carmen Liébana por el delito de falsedad en documento público.