Asociaciones de izquierdas exigen a Andalucía ayudas a la matriculación de hijos de inmigrantes ilegales

Diversas asociaciones de izquierdas han acusado a la Junta de Andalucía de «racismo institucional» por excluir de «cualquier bonificación de pago» a las matriculaciones en escuelas infantiles de niños cuyos padres estén en «situación irregular» en suelo español.

«Estamos ante un trato discriminatorio por la situación documental del padre o madre», reclama en un informe la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), a la que se ha unido Alianza por la Solidaridad Action-Aid y una cuarentena de organizaciones más.

Los colectivos han elevado sus demandas a la Consejería de Educación y Deporte, además de una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz (DPA) y un escrito ante la Agencia Pública Andaluza de Educación para exigir un protocolo más inclusivo, independientemente de la situación legal o ilegal de las familias, y así evitar la «expulsión» de niños del sistema educativo.

«La educación no es un privilegio»

Las asociaciones denuncian que la última instrucción de la Junta de Andalucía relativa a la matriculación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años «excluye de cualquier bonificación de pago a aquellas familias cuyo padre o madre se encuentran en situación irregular». Esto supone en la práctica, a juicio estas organizaciones, la «expulsión» de niños y niñas del sistema educativo en lo que, denominan, «una práctica inadmisible de racismo institucional» por parte del Gobierno andaluz.

En un comunicado, la Apdha señala que esta es la conclusión del Informe ‘Familias Invisibles: La Administración nos da la espalda. Barreras en el acceso al primer ciclo de escuelas infantiles. Análisis y demandas’, un estudio en el que se ha entrevistado a decenas de centros educativos, trabajadores sociales, que incluye consultas a la Administración, y en el que las organizaciones «han constatado que siguiendo las últimas instrucciones que recibieron las escuelas infantiles, a las personas que no cuentan con DNI o NIE -y de las que la Agencia Tributaria no tiene información- se les asigna directamente cero puntos, quedando excluidas de la bonificación».

Esta práctica «significa su exclusión del sistema educativo y de los servicios asociados a los centros, como la atención educativa, el aula matinal o el comedor», censuran las organizaciones, que critican que, «además sin darle opción, como a otras personas, de presentar otro tipo de documentación, como podría ser la declaración jurada» y recuerdan que una situación similar ya fue denunciada por Apdha en los en los años 2013 y 2014.

«La situación administrativa no puede operar como base para la exclusión de derechos reconocidos a la infancia. Estamos ante un trato discriminatorio por la situación documental del padre o madre, que implica una vulneración a los derechos esenciales de la infancia y de las familias», denuncian desde los colectivos.

Además, recuerdan a la Administración andaluza que «esta bonificación se ha establecido como un mecanismo para garantizar la inclusión» y que «la educación infantil no puede ser un privilegio». Aseguran que, al mismo tiempo, «han podido comprobar la existencia de plazas no cubiertas» en los centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización.

Del mismo modo, se muestran muy preocupadas por el impacto que esta situación tiene en las vidas de numerosas mujeres, madres y migrantes, porque «cuando fallan todos los mecanismos de protección y conciliación, el peso de los cuidados recae mayoritariamente sobre las mujeres y quedan expuestas a una mayor vulnerabilidad social, dado que se dificultan aún más las posibilidades de obtención de ingresos mínimos para sostenerse a ellas y a sus familias».

Queja ante el Defensor del Pueblo

Las organizaciones informan de que han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz (DPA) y un escrito ante la Consejería de Educación y Deporte y la Agencia Pública Andaluza de Educación con una serie de demandas.

Entre ellas, exigen la revocación de esta última instrucción, la adopción de un protocolo que «garantice» procedimientos de acceso inclusivos, solicitando que se considere «la declaración jurada como el único mecanismo que puede garantizar el acceso sin barreras administrativas a los servicios de educación infantil», y la urgencia de «un nuevo plazo extraordinario de matriculación y bonificación de plazas, para que puedan acceder a la mayor brevedad los niños y niñas que quedaron excluidos».

Las organizaciones informan a la Junta de Andalucía de que la instrucción del pasado mes de febrero, que ha dado origen a este «desamparo institucional» de niños y niñas, «es contraria a otras normativas de rango superior como la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles, y el Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía».

Asimismo, recuerdan que «la etapa educativa de la educación infantil, especialmente el primer ciclo (0-3 años), reviste una importancia fundamental» y que «cada una de las leyes estatales y autonómicas que la regulan afirman que debe tener un carácter compensador de las desigualdades, especialmente para la población con desventaja sociocultural».