La cárcel de Algeciras vacuna de Covid a personal externo y no dedica dosis a sus funcionarios

Los representantes de los trabajadores de la cárcel de Algeciras han exigido a la Subdirector Médica explicaciones de con qué criterios se requirió la presencia de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud para vacunar a personal que no trabaja a diario en el centro y que, por definición, no desarrolla su actividad exclusivamente con internos en centros penitenciarios cerrados la mayor parte del tiempo. Pero antes de abordar el malestar de los trabajadores de la prisión de Algeciras con el criterio que se ha utilizado para administrar las primeras vacunas en su centro hay que leer con detenimiento el informe que con fecha 2 de diciembre de 2020 explica de manera escrupulosa el orden de vacunación de determinados sectores de población y cómo esa misma clasificación se está convirtiendo en la puerta trasera para que algunos profesionales reciban las primeras dosis de la vacuna contra el Covid. Y el orden exacto y textual de ese informe es este:

“Personal sanitario y sociosanitario. Se incluyen también las personas que prestan cuidados a las personas vulnerables en sus hogares. – Personas residentes en centros de mayores. – Población general mayor de 64 años. – Personas con gran dependencia. – Personas con condiciones de riesgo. – Personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados. – Personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica. – Personas con trabajos esenciales. – Personal docente. – Población infantil. – Población adolescente y joven (mayores de 16 años). – Población adulta. – Población de áreas de alta incidencia y/o situaciones de brotes. – Embarazadas y madres que proporcionan lactancia natural. – Población seropositiva a SARS-CoV-2.”

Como puede apreciarse en el listado la categoría que corresponde a la protección de aquellos que desarrollan su trabajo en las cárceles no llega hasta el sexto epígrafe, en el que se habla de personas que viven o trabajan en entornos cerrados, y obviamente una cárcel es eso, un entorno cerrado en el que, junto con cientos, en ocasiones miles, de internos, conviven cientos de trabajadores que acuden allí a diario y que tienen contacto estrecho con los internos. Lo que ocurre con las tablas es que a veces son ‘confusas’ según quién las interprete. Nadie duda de la necesidad de que sea el personal sanitario el primer sector de la población que deba vacunarse, pero cabe preguntarse si pertenecen al mismo sector un sanitario que trabaje a diario en una UCI de un hospital y el psicólogo externo de una cárcel. ¿Por qué vacunar a personal que visita de forma puntual una cárcel y no a los trabajadores que la habitan varias horas a diario asistiendo a internos incluso en los triajes para hacer pruebas diagnósticas de Covid? Eso es lo que los trabajadores exigen que les explique después de lo que pasó el 28 de enero de el centro de Botafuegos.

Contagios en prisión disparados

Ese día los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud llegaron a la cárcel con 30 dosis de vacuna. Concretamente con cinco viales de los que se obtienen seis dosis de cada uno de ellos. Los receptores de la vacuna fueron el subdirector médico de la cárcel, cuatro doctores, personal ATS, auxiliares de enfermería, un radiólogo y el dentista del centro.

Fuentes del centro explican a OKDIARIO que estos últimos, el radiólogo y el dentista, son personal externo al que se recurre de manera puntual para servicios concretos en la prisión. La duda es si se les prioriza por personal sanitario porque lo de vivir o permanecer en centros cerrados con esa cadencia de visitas puntuales también valdría para los profesores de los talleres o los repartidores de comida de las cárceles. En cualquier caso, seguro que el radiólogo y el dentista pasan bastante menos tiempo en contacto con los presos que los funcionarios, cuerpo que no ha recibido ninguna de esas 30 dosis.

Pero si algo ha motivado la necesidad de pedir explicaciones de los trabajadores de Botafuegos, ha sido lo que se ha hecho con las últimas dosis: vacunar a varios psicólogos que según los propios trabajadores tienen un contacto muy puntual con la población reclusa. Asumiendo que la justificación que reciban los trabajadores sea la letanía de que hay que proteger al personal sanitario habrá que fijarse de nuevo en la clasificación del informe del Ministerio de Sanidad, que menciona, entre otras categorías, a población que desarrolle su actividad en entornos de riesgo y/o personal esencial. Dada la creciente incidencia del Covid en las cárceles, uno de los últimos ejemplos es el 70% de contagios que hay en la cárcel de Teruel, tal vez un funcionario que trabaja 12 horas mano a mano con internos sea también un colectivo a tener en cuenta a la hora de administrar la vacuna contra el Covid en la cárcel.