El PSOE Valenciano utilizó Bancaja para ayudar a la financiadora B de sus campañas

El PSOE Valenciano utilizó Bancaja para ayudar a una de las financiadoras B de sus campañas: Hospimar 2000. Lo hizo en el momento en el que era vicepresidente cuarto de la entidad financiera José Cataluña, el que fuera también responsable de finanzas del PSPV, y el mismo que aparece retratado en uno de los correos electrónicos que ya analiza la Justicia por su vinculación con la investigación por la financiación B de las campañas de los socialistas.

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO revelan como José Cataluña, más conocido en el Partido Socialista como Pepe, aparece en uno de los mails como el receptor de uno de los envíos de mensajería relacionados con el pago de campañas por parte de empresas privadas. En ese correo aparece literalmente la indicación de que se debe enviar “a la sede del PSPV en la calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre además de la dirección sólo debe poner eso”. Encabezando esas frases aparece la indicación “Asunto: Factura blauverd. Importe: 60.000 euros”.

El correo lo estudian los investigadores como de una de las evidencias de que Pepe Cataluña estaba al corriente de la red de financiadores B de las campañas del PSOE valenciano.

Y el mismo Pepe Cataluña —que fue responsable de finanzas del Partido Socialista en esta comunidad— es el que aparece relacionado con otra operación, igualmente relevante en la investigación del entramado B de los socialistas.

Porque él era el vicepresidente cuarto de Bancaja —entidad financiera que fue endosada a Caja Madrid ante su lamentable situación financiera— en el periodo —año 2009— en el que se consolidó la adquisición de un 31,6% del grupo Hospimar 2000 -otra de las empresas investigadas por formar parte de la red de empresas que recibían beneficios a cambio de pagar las campañas de los socialistas-.

El pasado 30 de abril, el PSPV-PSOE, en la citada sede de Blaqueries afirmó que no había donaciones irregulares al Partido Socialista. Pero sus portavoces tuvieron que admitir que había donaciones «deficientemente realizadas» al PSPV-PSOE y una de ellas procedente de esta misma empresa: Hospimar.

Y esa empresa, además, es la misma que conecta la financiación B del PSOE en Valencia con una turbia cadena de operaciones que acaba en cuentas en Andorra y un grupo hotelero en el Caribe, tal y como ha adelantado ya este diario.

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO reflejan, ademas, correos de Anabel Hallado, ex secretaria de organización del PSPV de Benidorm. En esos correos se refleja la petición de cargos de facturas de las campañas socialistas a una empresa llamada Hospimar 2000. Los correos y facturas detallan peticiones como : “Por favor puedes hacer factura a nombre de Hospimar por el buzón, llaveros, folletos y fotografías 160+800+1065+1330”. Y los administradores en cuestión de esa empresa tienen un delicado historial.

En el consejo de administración de Hospimar estuvieron entre 2009 y 2014 José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri. Este último directamente con cargo de presidente de la sociedad. Dos empresarios de Benidorm propietarios de un grupo hotelero, que fueron encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal y que salieron de la cárcel tras pagar una fianza de siete millones.

Ellos trabajaron igualmente con la CAM y fueron investigados en la Audiencia Nacional por las operaciones hoteleras en el Caribe tras obtener de la entidad 380 millones de euros.

Los dos empresarios en cuestión, de hecho, Juan Ferri y José Baldó, llegaron a tener 41 cuentas en los bancos andorranos AndBank y Banca Privada d’Andorra. En ese destino acabó buena parte de los 380 millones de euros que obtuvieron de la CAM para el lanzamiento de sus grandes proyectos inmobiliarios en el Caribe con la sociedad Valfensal, tal y como apareció en el sumario sobre estos dos investigados en el caso Grand Coral.

La Policía andorrana, de hecho, aseguró que los empresarios operaban desde ese país por medio de “un entramado de sociedades mercantiles instrumentales o sin actividad comercial en Panamá y las Antillas Holandesas”.

Entre los movimientos de dinero que se les detectaron figuraban salidas de efectivo de dos millones de euros y transferencias con destino a Curaçao entre los años 2008 y 2013. Justo cuando les fueron concedidos los créditos de la CAM. Y justo después de la campaña electoral que se investiga judicialmente.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a considerar que buena parte de aquellos créditos fueron concedidos de forma “irregular”, sin contar con “información suficiente” respecto a la viabilidad de los proyectos y sin disponer informes de tasación de los terrenos adquiridos. Es más, en el momento en el que aquellos créditos no pudieron ser devueltos, los empresarios accedieron a “ventajosas” condiciones de refinanciación, según la Fiscalía.