La financiación B del PSOE de Valencia acaba en cuentas en Andorra y un grupo hotelero en el Caribe

La financiación B del PSOE en Valencia acaba en cuentas en Andorra y un grupo hotelero en el Caribe. El entramado de contratos que investiga la Justicia empieza a dibujar un diseño financiero mucho más evolucionado de lo que podría parecer a primera vista.

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO reflejan unos correos de Anabel Hallado, ex secretaria de organización del PSPV de Benidorm. En esos correos se refleja la petición de cargos de facturas de las campañas socialistas a una empresa llamada Hospimar 2000. Los correos y facturas detallan peticiones como : “Por favor puedes hacer factura a nombre de Hospimar por el buzón, llaveros, folletos y fotografías 160+800+1065+1330”. Y los administradores en cuestión de esa empresa tienen un delicado historial.

Se trata de una empresa de actividades sanitarias y de servicios sociales. Pero, pese a ello, aparecía en esos correos. En el consejo de administración estuvieron entre 2009 y 2014 José Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri. Este último directamente con cargo de presidente de la sociedad. Dos empresarios de Benidorm propietarios de un grupo hotelero, que fueron encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal y que salieron de la cárcel tras pagar una fianza de siete millones.

Ellos trabajaron igualmente con la CAM y fueron investigados en la Audiencia Nacional por las operaciones hoteleras en el Caribe tras obtener de la entidad 380 millones de euros.

Los correos de la ex secretaria de organización del Partido Socialista en Benidorm son de 2007. Pero pese a que estos empresarios aparecen en la sociedad más tarde hubo una continuidad: y es que el administrador único nombrado a partir de 2014, Ángel Gómez Navarro, fue apoderado desde 2002. Es decir, que la actividad de la empresa se mantuvo dentro de unos cauces de continuidad obvios, de la que acabaron teniendo constancia y control los dos empresarios citados.

Los dos empresarios en cuestión, de hecho, Juan Ferri y José Baldó, llegaron a tener 41 cuentas en los bancos andorranos AndBank y Banca Privada d’Andorra. En ese destino acabó buena parte de los 380 millones de euros que obtuvieron de la CAM para el lanzamiento de sus grandes proyectos inmobiliarios en el Caribe con la sociedad Valfensal, tal y como apareció en el sumario sobre estos dos investigados en el caso Grand Coral.

La Policía andorrana, de hecho, aseguró que los empresarios operaban desde ese país por medio de “un entramado de sociedades mercantiles instrumentales o sin actividad comercial en Panamá y las Antillas Holandesas”. Países, todos ellos, paraísos fiscales. La policía de este país no dudo en señalar que el objetivo de este entramado solitario era “ocultar los fondos y activos, así como para dificultar la localización o identificación de las operaciones que realizaban”.

Entre los movimientos de dinero que se les detectaron figuraban salidas de efectivo de dos millones de euros y transferencias con destino a Curaçao entre los años 2008 y 2013. Justo cuando les fueron concedidos los créditos de la CAM. Y justo después de la campaña electoral que se investiga judicialmente.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a considerar que buena parte de aquellos créditos fueron concedidos de forma “irregular”, sin contar con “información suficiente” respecto a la viabilidad de los proyectos y sin disponer informes de tasación de los terrenos adquiridos. Es más, en el momento en el que aquellos créditos no pudieron ser devueltos, los empresarios accedieron a “ventajosas” condiciones de refinanciación, según la Fiscalía.

Todo aquello quedo archivado, pese a los informes de la Fiscalía y de la Policía. Pero no quedó borrada de la memoria la historia. La de uno empresarios que acabaron teniendo posiciones predominantes en una empresa que venía de formar parte de lo que ahora se investiga como el pago de campañas del Partido Socialista en Valencia. Y todo ello, sin que, a fecha de ahora, se sepa exactamente el motivo de que tuvieran esas condiciones “ventajosas” a la hora de acceder a créditos multimillonarios.