La familia Arrieta acusa a Daniel Sancho de difamar al sistema judicial y policial tailandés

Los representantes legales de la familia de Edwin Arrieta han presentado una contundente respuesta a la apelación interpuesta por Daniel Sancho Bronchalo, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano. El documento, presentado el 14 de julio de 2025 ante el tribunal de Koh Samui, acusa al español de realizar declaraciones difamatorias contra el sistema judicial tailandés y los funcionarios policiales que intervinieron en la investigación.

Los padres de la víctima, Leovaldo José Arrieta Nieves y Ana Marcela Arteaga Ávila, actuando como coacusadores, han calificado la apelación como «alegaciones infundadas que carecen de peso y razones suficientes». El escrito judicial, consultado por OKDIARIO, considera que los argumentos de Daniel Sancho contradicen las pruebas presentadas durante el juicio y desacreditan su propia versión de los hechos.

La respuesta legal constituye un alegato férreo en defensa de la integridad del proceso judicial que condenó al hijo del actor Rodolfo Sancho. Los representantes legales de la familia Arrieta, del despacho Ospina Abogados, denuncian que la estrategia defensiva del español trasciende los límites del derecho procesal para adentrarse en territorio difamatorio.

Los abogados de la familia denuncian que la apelación de Sancho contiene «expresiones despectivas, calumniosas y difamatorias» que buscan destruir la credibilidad del tribunal tailandés. Según el documento en tailandés, el condenado ha acusado falsamente a funcionarios que actuaron con honestidad en el cumplimiento de sus deberes.

«El acusado se atreve a insultar y hacer insinuaciones contra el tribunal de primera instancia y se extralimita al hacer referencias al Presidente del Tribunal Regional 8», señala el texto legal. Las acusaciones de Daniel Sancho incluyen afirmaciones de que el tribunal habría actuado con parcialidad y sin neutralidad en el proceso judicial.

Difamación

En su apelación, Daniel Sancho había declarado que «el tribunal de primera instancia parece haber recopilado evidencias intencionalmente para hacer que el acusado sea el perpetrador, ignorando las evidencias que favorecían al acusado». Esta declaración ha sido considerada por la acusación particular como una difamación que deteriora la autoridad judicial del tribunal.

Los representantes de la familia Arrieta subrayan que estas declaraciones aparecen específicamente en una decena de páginas del escrito de apelación presentada por Daniel Sancho. La sistematicidad de los ataques refuerza, según argumentan, el carácter deliberado de la estrategia difamatoria.

Los abogados de la familia Arrieta han desmentido categóricamente las insinuaciones de Sancho sobre supuestas irregularidades en el proceso. El documento revela que el tribunal de Koh Samui envió el expediente del caso y el borrador de la sentencia a la Oficina del Presidente del Tribunal Regional 8 el 13 de agosto de 2024, como parte de los procedimientos administrativos rutinarios establecidos por las regulaciones judiciales tailandesas.

La acusación particular critica duramente el uso que Sancho hace de los tratados internacionales de derechos humanos. Según los representantes de la familia Arrieta, el español invoca estos instrumentos «de manera incorrecta y contraria a su propósito», ya que la protección de derechos humanos debe aplicarse a quienes actúan conforme a la ley, no a quienes cometen delitos graves.

El documento legal enfatiza que durante todo el proceso de investigación no hubo «daño físico, intimidación, coacción o actos de engaño» hacia Daniel Sancho. Los representantes de las víctimas destacan que la policía tailandesa actuó con diligencia al recibir la denuncia de persona desaparecida, mostrando «importancia y entusiasmo» en atender la queja de un turista extranjero que supuestamente había perdido a su acompañante.

La acusación considera paradójico que Daniel Sancho acuse a la policía de engaño cuando él mismo presentó una denuncia falsa sobre la desaparición de Arrieta, «sabiendo perfectamente que era una denuncia falsa». Este comportamiento, según los abogados, demuestra que el español «no respetó las leyes tailandesas ni temió a la policía» desde el primer momento de su interacción con las autoridades.

Los representantes de la familia rechazan las alegaciones de Daniel Sancho sobre supuestas promesas de repatriación a cambio de una confesión, calificándolas como «afirmaciones infundadas». El documento subraya que las propias declaraciones del asesino confirman sus verdaderas intenciones criminales y contradicen sus posteriores alegaciones de coacción.

La respuesta incluye referencias específicas al Código Penal tailandés que tipifican como delitos las conductas atribuidas a Daniel Sancho en su apelación. El artículo 136 castiga con hasta un año de prisión o multa de 20.000 baht (535 euros) a quien «desprecie a un funcionario que actúa en cumplimiento de sus deberes o por haber actuado en cumplimiento de sus deberes».

Más grave aún, el artículo 198 establece penas de uno a siete años de prisión para quien «desprecie al tribunal o a los jueces en la consideración o juicio de casos, o cometa actos que obstruyan la consideración o el juicio del tribunal». Las sanciones incluyen multas que oscilan hasta 140.000 baht (3.700 euros), además de las penas privativas de libertad.

Los abogados consideran que las declaraciones de Daniel Sancho en su apelación podrían constituir estos delitos, especialmente sus peticiones de cambio de jurisdicción sin fundamento probatorio. Estas acciones son calificadas como «no solo una disputa legal deshonesta, sino también un acto que puede violar la dignidad del poder judicial» tailandés.

Los representantes de la familia Arrieta acusan a Daniel Sancho de utilizar los mecanismos procesales de forma espuria para «crear desconfianza en el proceso de justicia» y socavar la credibilidad del sistema judicial tailandés. Esta estrategia, según el documento, constituye «una violación grave de la dignidad del tribunal y una vulneración de la confianza pública en el poder judicial».

La defensa del español había solicitado el traslado del procedimiento de apelación a otra jurisdicción territorial, alegando falta de imparcialidad del Tribunal de Apelación Región 4. Esta petición es rechazada categóricamente por la acusación particular por carecer de sustento probatorio y constituir una maniobra dilatoria.

Los abogados de la familia solicitan al tribunal de apelación que rechace las alegaciones de Daniel Sancho por considerarlas «una violación del proceso de justicia que no debe ser escuchada bajo ninguna circunstancia». El documento concluye advirtiendo sobre el precedente peligroso que supondría aceptar estrategias defensivas basadas en la difamación sistemática del aparato judicial.

El caso Sancho se perfila así como una prueba de fuego para el sistema judicial tailandés, que debe equilibrar el derecho de defensa con la preservación de su integridad institucional frente a ataques que trascienden los límites de la controversia procesal legítima.