Los privilegios económicos de Cataluña

Ahora que se reúnen en Ginebra el PSOE y Junts, de manera que Puigdemont controla a Sánchez con mando a distancia, y que entre las exigencias independentistas se hallan la condonación de su deuda -de la que ya he hablado en OKDIARIO- y un sistema fiscal propio, fuera del actual de régimen común, siempre bajo la cantinela de que son maltratados económicamente, hay que recordar que sucede todo lo contrario: Cataluña -y, en buena medida, también el País Vasco- ha sido una región altamente beneficiada desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. No hemos de olvidar el conjunto de medidas proteccionistas que se implantaron en España a inicios del siglo XX, una buena parte de ellas impulsadas por la burguesía catalana para defender sus intereses, aunque resultasen, a la larga, perjudiciales para el conjunto de España y empobreciese su economía, especialmente a otras regiones. Igualmente, hay que recordar el trato preferencial que el franquismo dio a Cataluña, desde la instalación de la fábrica de Seat allí a todo el desarrollo industrial que incentivó, para minimizar cualquier movimiento en esa región contrario a la dictadura. Posteriormente, todas las presiones de Pujol y del gobierno catalán desde inicios de los años ochenta fueron asfixiantes, vendiendo caros sus apoyos parlamentarios, revalorizados por la absurda ley electoral que los primaba en su región.

Posteriormente, desde la llegada de Maragall y el PSC -es decir, la sucursal del PSOE en Cataluña-, no dejaron de reclamar más ventajas, como aquella inserción en el estatuto catalán que exigía una inversión de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña igual al peso del PIB catalán sobre el total del PIB nacional.

Así, Zapatero, desde 2004 y hasta 2011, durante su mandato, regó con múltiples fondos a Cataluña con las inversiones regionalizables del Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así, Cataluña vio incrementar esas inversiones un 14,38% en ese período, en detrimento de lo recibido por Madrid, la otra región comparable en tamaño económico, que en el mismo período vio cómo se reducían esas inversiones estatales en un 44,82%.

Adicionalmente, el SFA se diseñó de la mano del consejero de Economía catalán, el señor Castells, que exigió que se incluyese un añadido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para que Cataluña tuviese acceso al fondo de competitividad, pero estableciendo el límite del índice de capacidad fiscal en el punto que estimaban que llegaría Cataluña, para perjudicar, así, a Madrid. Además, el conjunto de grupos de edad y de tramos y ponderaciones para repartir los fondos, por ejemplo, para calcular la protección equivalente a efectos sanitarios, se realizaron a partir de una propuesta de Cataluña en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por otra parte, ante la catastrófica gestión del socialismo y el independentismo en Cataluña, la región catalana acumuló un exceso de gasto no financiado que estrangulaba a los proveedores, siendo una de las regiones que hizo necesario que el Gobierno de la nación pusiese en marcha el plan de pago a proveedores, ya que la región catalana era una de las que más importe adeudaba a los proveedores.

Así, Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba por sus excesos de déficit, debido a su mala gestión. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40% de todos los recursos del plan de pago a proveedores (financiación que, en parte, continúa viva actualmente, en 2023).

Esa mala gestión expulsó a Cataluña de los mercados, que hizo que no se pudiese financiar en ellos por sí misma, tras el fracaso que supusieron los llamados «bonos patrióticos». Por ello, tuvo que ir al mecanismo extraordinario de financiación que fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como «FLA bueno». Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda.

Además, Cataluña, asfixiada por el ingente déficit de su mala gestión, fue quien encabezó la reposición del impuesto de patrimonio en 2012. Sin embargo, como dicho impuesto fue compensado por la AGE en el SFA de 2009, al haber establecido el Gobierno de la nación una exención sobre el 100% del impuesto, que le hizo compensar en el SFA a las CCAA, en aras de la lealtad institucional, sería descontado en las liquidaciones del SFA a las CCAA, tal y como constaba en el punto sexto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 22 de diciembre, del Sistema de Financiación de las CCAA de régimen común.

Con esa redacción de la ley, Cataluña -y todas las que lo repusieron- tendrían que devolver lo recaudado por el impuesto de patrimonio en 2012 en la liquidación a los dos años, en 2014. Para evitarlo, en el CPFF se suspendió su aplicación, primero, en diciembre de 2013 y, posteriormente, se suprimió, como así consta actualmente en el texto de la ley, por RDL en marzo de 2014 (RDL 4/2014, de 7 de marzo (DF Cuarta), y en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en su DF Cuarta. Esto le permitió a Cataluña ingresar 301,66 millones en ese ejercicio, más cantidades similares cada uno de los años posteriores hasta la actualidad. En 2021, liquidado en 2023, la recaudación ascendió a 594 millones en dicho año. En esos diez años, se le premió a Cataluña con una recaudación entre 3.000 y 5.000 millones más por el cambio normativo para que se quedasen con la recaudación de un impuesto ya compensado previamente. Se beneficiaron todas las que lo repusieron, pero se hizo principalmente por Cataluña.

Por tanto, ahora buscan más privilegios que los convierta en ciudadanos de primera frente al resto de españoles. Los pactos de Sánchez son inaceptables política, constitucional y socialmente y económicamente son inviables, pues no hay manera de otorgar a Cataluña un sistema de financiación propio y mantener la solidaridad con el resto de CCAA, especialmente en un momento de necesaria reducción del déficit que en 2024 operará, tal y como se ha discutido en el Ecofin.